Minería en clave de paz, seguridad nacional y recuperación de pasivos ambientales

Mucho se ha dicho y mucho se ha escrito sobre la explotación de metales en los departamentos de Chocó, sur de Bolívar, Urabá antioqueño, Bajo Cauca, Nariño y Vaupés, entre otras zonas en las que confluyen características como falta de conexión al sistema eléctrico, infraestructura deficitaria o nula, presencia de grupos armados al margen de la ley, necesidades básicas insatisfechas, bienes baldíos y preciosas áreas naturales protegidas (reservas forestales, parques naturales), y es de estas zonas de donde proviene el 80 % del oro de nuestra nación.

Corregir y cambiar el rumbo de las zonas donde la extracción ilícita de minerales ha sido el común denominador, en especial para metálicos, muchos de esos lugares intervenidos gravemente son hotspot para la biodiversidad, y para calificar como un hotspot de biodiversidad, un área debe cumplir dos criterios estrictos:

• Contienen al menos 1.500 especies de plantas vasculares endémicas.

• Haber perdido al menos el 70 % de su vegetación nativa primaria.

Que sabemos en cifras sobre el impacto de la extracción ilícita en nuestro país, según la información estatal, muy poco, y así lo señala la Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos:

“En términos de establecer estrategias oportunas y asertivas para el manejo de la biodiversidad en los territorios, se requiere avanzar igualmente en el conocimiento de cómo diversos impulsores de cambio pueden transformar o incidir en la integridad ecológica de los ecosistemas. Para el caso colombiano, se evidencia un vacío de información en la estimación de la deforestación ligada a minería ilegal y al acaparamiento de tierras, por ejemplo. Tampoco existe información relacionada con la sobreexplotación de maderas finas y el impacto que esta actividad tiene sobre las poblaciones de las especies de árboles (2.2.3; 2.2.4; 5.2.1.1)”.

Reiterando el mismo documento:

“En el caso de la minería ilegal, no solo hay pocos datos de localización de las áreas mineras ilegales, sino que se desconocen datos robustos y adquiridos sistemáticamente sobre la extensión de conversión y degradación de los ecosistemas naturales involucrados, terrestres y acuáticos. (Ver Capítulo 4, Pág 566)”.

Buscar una regeneración del territorio, con la minería actual que se hace con estándares, bien hecha, no es imposible y la tecnología está a la altura de esos desafíos, pero es un reto todo el país, no es sólo convivir en el territorio, sino hacer mejor las cosas y con este objetivo trabaja la industria permanentemente.

Pero la visión que queremos de nuestro territorio se confronta con una realidad en que la deforestación continúa en aumento, y de seguir como muestran los indicadores a 2030 Colombia podría perder alrededor de 1,5 billones de pesos del Producto Interno Bruto (PIB).

● La pérdida de servicios ecosistémicos podría disminuir el PIB mundial anual en hasta 2,7 trillones de dólares para 2030.

● Las soluciones basadas en la naturaleza son las soluciones más rentables para las catástrofes climáticas.

Minería social, minería incluyente, minería para la paz, minería por seguridad nacional, minería que no use mercurio y que ayude a recuperar los pasivos ambientales que ha dejado la extracción ilícita de minerales, si es posible y deben ir de la mano con las realizades del territorio.

No existe otro camino que aceptar y definir cómo vamos a lograr que las zonas donde se produce el 89 % del oro de nuestro país, y proviene de zonas que en su mayoría no cuentan con títulos mineros, ni mucho menos licencia ambiental o plan de manejo ambiental, y que en su mayoría son áreas protegidas, debemos buscar que se haga en condiciones de legalidad, es intervenir el pasivo para cerrar.

Lo primero es aceptar que en las zonas de protección ambiental no se otorgan títulos mineros, pero que con prohibiciones ambientales nuevas o antiguas, no se intimida ni se ataca la extracción ilícita de minerales.

Pretender que quemando dragas o judicializando mineros artesanales se va a terminar la extracción ilícita es un poco utópico, es una medida paliativa, que por ahora se debe mantener, por la orografía nacional y por la situación de seguridad nacional, pero no es la solución a mediano ni largo plazo, debemos ser totalmente honestos.

Porque en esos lugares no se pueden entregar contratos únicos de concesión ni formalizar actividades que no tienen vocación de sostenibilidad es la salida, y quien va a cargar con el pasivo y quien va a recuperar ese mineral, porque el drama ambiental continúa en muchos lugares del país por cuenta de estas actividades, tratar de formalizar esta actividad es otra ilusión que genera y agudiza el conflicto.

Estos lugares —querámoslo o no— con el yacimiento expuesto son una mina, y para restaurar el territorio debe ser tratada como tal, debemos encontrar el mecanismo con empresas expertas en minería y en restauración, para lograr su cierre, apoyándose en la mano de obra local, pero con un horizonte corto, en el que con una parte de la comercialización del mineral se realice la restauración, remediación y cierre de esos pasivos ambientales de manera definitiva.

Las decisiones más audaces, creativas y que realmente solucionen un problema de esta naturaleza seguramente serán impopulares para todos los actores y sólo en beneficio de la nación.

En la actualidad, y desde hace décadas, el Gobierno hace esfuerzos importantes por desarrollar una política de formalización minera; sin embargo, con la regulación existente, para la efectividad de estas medidas el Estado no está facultado y no le corresponde garantizar el mercado y, por esta razón, estas medidas no logran el impacto que se espera. Además porque en su gran mayoría son áreas de protección ambiental y donde también existen territorios colectivos y resguardos indígenas, la mayoría de estas zonas deben ser tratadas como un pasivo minero.

Este problema ha tenido distintas aproximaciones en otros países y lo que hacen es tratar el pasivo como un proyecto minero tendiente a la restauración, pero necesariamente se debe contar con el sector privado y las empresas expertas para atender la restauración de muchos pasivos, con la comarcalización de los minerales extraídos y una actividad tendiente al cierre definitivo.

En la minería legal con estándares, los términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental, emitidos en 2006 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, señalan un plan de cierre final debe incluir la descripción de los siguientes aspectos: (1) Propuesta de desmantelamiento final de instalaciones y equipos. (2) Diseños para la estabilización y rehabilitación física, biótica y socioeconómica, entre ellas las geomorfológicas finales para el uso del suelo a escala 1:5.000 o más detallado. (3) Programa final de rehabilitación biótica y establecimiento sostenible de otros usos establecidos en las fases anteriores. (4) Estimación de los componentes residuales que permanecerían en el sitio después del cierre de la mina.

Como nación debemos trabajar en tres frentes:

1. Política de cierre de minas para los títulos mineros que cuentan con todos los instrumentos legales, sea que —de manera definitiva o temporal— deban cerrar y abandonar correctamente sus labores.
2. Las áreas intervenidas por extracción ilícita de minerales, o donde por la sensibilidad ambiental y posterior protección se cancelaron los trabajos mineros, esas zonas requieren una visión de cierre de minas que permita restaurar correctamente estas áreas, por ejemplo, paramos, áreas ubicadas en el sistema de áreas protegidas naciones o regionales, y demás zonas excluibles o prohibidas de la actividad minera.
3. Definir la Estrategia para la Gestión de Pasivos Ambientales, entendida como el conjunto de actividades relacionadas con la identificación por sospecha, caracterización, evaluación de riesgos, declaración, registro, priorización, intervención, monitoreo, seguimiento y las demás actividades que defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se adoptará la Estrategia para la Gestión de Pasivos Ambientales, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 2327 de 2023.

Para abordar el primer aspecto, en Colombia tenemos normas especiales y términos de referencia, en lo minero para el Programa de Trabajo y Obras (PTO) y en lo ambiental para el Estudio de Impacto Ambiental EIA; por su parte, el contrato de concesión minera determina que se debe contar con una póliza mineroambiental de cumplimiento y, a su vez, la norma ambiental exige que una vez declarada la fase de desmantelamiento y abandono, se debe constituir una póliza que garantice y ampare los costos de las actividades definidas para el cierre. La mayoría de países mineros tienen una modalidad de garantía real, para avalar estas labores, y algunos países han creado un fondo poscierre para que el Estado tenga recursos disponibles ante los eventuales riesgos residuales una vez entregada el área.

Nuestra nación tiene una amplia tradición en temas ambientales que lleva 50 años. Con la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974 se desplegó una normatividad muy detallada sobre todas las actividades que pueden generar efectos en los recursos naturales renovables y no renovables. Desde este código, paralelamente con las normas mineras, se señala cómo el Estado debe exigir al administrado el lugar para los depósitos de estériles y relaves; por su parte, con la Constitución Política de 1991, gozar de un ambiente sano se convierte en un derecho y con ello un impulso a los términos de referencia y condiciones como se deben construir los documentos ambientales Estudios de Impacto Ambiental y los Plan de Trabajos y Obras. No es un novedad de la carta magna que el Estado sea el dueño del subsuelo, pero esa claridad fortalece las bases de la concesión minera y el modelo regalista.

Es importante resaltar que en la mayoría de países mineros, la concesión minera es por el tiempo de duración del yacimiento o por 100 años, lo cual permite planear mejor e invertir de manera más eficiente los recursos del plan de cierre, plan que en algunas legislaciones se debe actualizar cada cinco o diez años.

Hasta acá para las zonas donde es posible adelantar actividades mineras, pero el caso calamitoso de los lugares donde esas zonas ya intervenidas de extracción ilícita, dejadas a su suerte, con el yacimiento expuesto y con pasivos ambientales enormes, esas áreas no tienen plan, inversiones, ni doliente y no se pueden otorgar títulos mineros en estas áreas.

Es correcto hacernos la siguiente pregunta: ¿será que con nuestros impuestos se deben emprender acciones para remediar este desastre? Cuando es urgente usar el erario público para escuelas, colegios, hospitales, vías, saneamiento básico, o tal vez usar las regalías de los proyectos extractivos para remediar y restaurar, sería un despropósito usar esos recursos públicos para remediar el daño que han causado los que deciden alejarse de la legalidad.

Mediante el manejo de los pasivos ambientales mineros, se pretende contribuir con una de las problemáticas que presentan mayor afectación ambiental en el planeta, como lo es el cambio climático y la deforestación que continúa.

Un estudio de caso, que podría ser un laboratorio de pasivos ambientales mineros, en una porción de territorio menor, son los pasivos ambientales mineros de materiales de construcción en la sabana de Bogotá, con una problemática a menor escala, pero son muchos lugares en los que a la fecha no pueden ser recuperados, toda vez que no está definida la financiación de esas labores y no se pueden otorgar contratos únicos de concesión.

Sin embargo, se podría cristalizar la oportunidad de recuperar zonas con pasivos de varias décadas, generando eficiencia en el aprovechamiento del recurso y dejando el suelo apto para uso posminería, en un tiempo relativamente corto, logrando abastecer obras de la región de los materiales que requiere Bogotá y que sea esta zona un piloto para atender pasivos ambientales mineros.

En la revisión cartográfica de la totalidad de la sabana de Bogotá, se registran varios pasivos ambientales de carácter minero por encontrarse por fuera de las áreas compatibles con minería. Un análisis preliminar arroja un consolidado de 1.608 hectáreas (1.608,3072) en la sabana de Bogotá, áreas con pasivos sin doliente, que para un cierre adecuado la inversión puede oscilar entre 1.300 a 2.500 millones de pesos por hectárea, valor que se estima partiendo de un análisis ambiental y técnico.

Ante estas cifras, sólo en el área objeto de estudio de caso, la situación de desprotección de la biodiversidad y de los recursos hídricos, en todo el territorio nacional producto de la devastación que deja la extracción de minerales la mayoría de las veces ilícita, deja un terreno inservible. El principio del que contamina paga, la recuperación ambiental y la evaluación del impacto ambiental de proyectos, entre otros, queda como un postulado de difícil aplicación, pero del cual no debemos dejar de insistir, ¿pero y el pasivo para cuándo?

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidades sobre Biodiversidad (COP16), un evento espectacular que se llevará a cabo en nuestro país en unos meses en Cali, donde los ojos del mundo verán un territorio de oportunidades e inconmensurable riqueza natural, merece que se ponga sobre la mesa la manera en que vamos a encarar este desafío, para que el Estado, privados de la industria minera y expertos en restauración, nos podamos unir y ayudar a remediar lo que la extracción ilícita de minerales sigue causando, y así se cumplan las metas de restauración que tiene Colombia en el mediano plazo.