El presidente de Correos, Pedro Saura, anunció esta semana en una entrevista en el diario económico Expansión que dentro del plan estratégico de la empresa pública postal está “crear una entidad de dinero electrónico” en 2025 para “recuperar los antiguos valores de la Caja Postal y atender a una parte de la población española en riesgo de exclusión financiera”. Rápidamente se encendieron las alarmas de la España neoliberal y de los ardientes defensores de la colaboración público-privada al vislumbrar la enésima intención intervencionista del Gobierno de coalición a través de la recuperación de un banco público, aunque no fuera así.

Hay que empezar aclarando que una entidad de dinero electrónico no es un banco. La principal diferencia es que una entidad de dinero electrónico solo puede ofrecer servicios básicos como la apertura de cuentas y gestión de pagos y recibos, pero no tiene permisos legales para remunerar depósitos ni vender hipotecas, que son los elementos fundamentales del negocio bancario.