Cómo aprovechará la UE los activos congelados de Rusia para recaudar 35.000 millones de euros para Ucrania
Los beneficios obtenidos por los activos congelados de Rusia son la clave del préstamo de 35.000 millones de euros que la UE ha prometido a Ucrania.
La Unión Europea tiene un nuevo plan: conseguir un préstamo de 35.000 millones de euros, entregárselo a Ucrania y ayudar al país a tapar el enorme agujero dejado en su presupuesto por la invasión rusa, que se acerca a su milésimo día sin resolución a la vista.
«Comprendemos las tremendas necesidades de financiación creadas por la guerra», dijo Ursula von der Leyen el viernes durante una visita a Kiev.
«Necesitan mantener el Estado y la economía en funcionamiento y, al mismo tiempo, reforzar su capacidad de defensa frente a la agresión rusa».
La presidenta de la Comisión Europea prometió que el préstamo proporcionaría a Ucrania el «muy necesario espacio fiscal» para el Gobierno y le otorgaría la «máxima flexibilidad» para hacer frente a sus necesidades diarias, como pagar los servicios sanitarios, adquirir armas y reparar los sistemas energéticos que las fuerzas rusas han bombardeado sin descanso.
El hecho de que Bruselas proporcione a Ucrania una nueva línea de crédito no es nada nuevo, ya que esto ha sucedido regularmente desde el comienzo de la guerra. Pero esta vez, una diferencia clave hace que la iniciativa sea realmente innovadora: Los activos inmovilizados de Rusia actuarán como garantía del préstamo y se apalancarán para satisfacer todos los reembolsos, eximiendo al presupuesto de Kiev.
¿Cómo funcionará? ‘Euronews’ le explica todo lo que necesita saber.
¿De dónde surge la idea?
La idea surge del lema «hacer pagar a Rusia» que Occidente adoptó en 2022 para obligar a Moscú a pagar la enorme factura causada por la enorme devastación que sembró en toda Ucrania. El Kremlin hizo caso omiso de tales llamamientos y prosiguió su brutal invasión.
Con los aliados enfrentándose a presupuestos con escasez de efectivo en casa, recurrieron a una fuente adicional de financiación que eximiría a sus arcas: los activos del Banco Central ruso que fueron congelados en los primeros días del conflicto. Estas reservas de divisas rondan los 270.000 millones de euros, la gran mayoría (210.000 millones) en territorio de la UE.
Euroclear, Depositario Central de Valores (DCV) con sede en Bruselas, es el principal tenedor.
Según el Derecho internacional, los activos soberanos no pueden ser confiscados. Sin embargo, los ingresos extraordinarios que generan no gozan de la misma protección, lo que significa que pueden captarse y gestionarse de diversas maneras.
En mayo, los Estados miembros acordaron utilizar los beneficios extraordinarios, estimados entre 2.500 y 3.000 millones de euros anuales, para apoyar al Ejército ucraniano y los esfuerzos de reconstrucción. Cuando la situación del país se volvió cada vez más grave, los líderes del G7 firmaron en junio un compromiso para recaudar un préstamo de 50.000 millones de dólares (45.000 millones de euros) y proporcionar a Kiev ayuda inmediata.
¿Cuál es el vínculo entre la UE y el préstamo del G7?
Todo forma parte de la misma iniciativa. La idea original era que la UE y EE.UU. aportaran 20.000 millones de dólares (18.000 millones de euros) cada uno, y que el Reino Unido, Canadá y Japón prestaran la cantidad restante hasta llegar a los 50.000 millones de dólares.
Pero Washington expresó sus reservas sobre la forma en que Bruselas renueva las sanciones: según la legislación de la UE, las restricciones contra Rusia, desde la prohibición del petróleo hasta los oligarcas incluidos en la lista negra, deben prorrogarse cada seis meses por votación unánime. Esto significa que, en un momento dado, un Estado miembro, como Hungría, podría bloquear la renovación y descongelar los activos, haciendo que el préstamo se deshiciera y exponiendo a los aliados occidentales a un gran riesgo financiero.
La perspectiva de un escenario así ralentizó las negociaciones entre funcionarios de la UE y Estados Unidos, incluso si la situación en Ucrania, sometida a intensos bombardeos rusos, se vuelve desesperada ante la llegada del invierno.
Por eso Ursula von der Leyen avanzó una cuota de 35.000 millones de euros, mayor de lo previsto, para coaccionar a Washington y a otros aliados a actuar más rápidamente. Las próximas elecciones presidenciales estadounidenses y la posible reelección de Donald Trump añaden urgencia al plan.
¿No es excesiva la parte de la UE?
Los 35.000 millones de euros de la UE son mucho más que los 18.000 millones que se suponía que iba a aportar cuando el G7 anunció el plan en junio. De hecho, representa más de las tres cuartas partes de los 45.000 millones de euros, o 50.000 millones de dólares, prometidos. Pero las cosas aún podrían cambiar.
Funcionarios de la Comisión dicen que los aliados occidentales tienen que estudiar la propuesta de von der Leyen y decidir cuánto quieren aportar. Si el importe total supera los 45.000 millones de euros, Bruselas ajustará su préstamo y reducirá su parte por debajo de los 35.000 millones.
Se espera más claridad a finales de octubre.
¿Cómo se utilizarán los beneficios extraordinarios?
Según el plan de von der Leyen, la Comisión creará el Mecanismo de Cooperación de Préstamos a Ucrania, una especie de fondo común donde se canalizarán los beneficios extraordinarios.
Una vez que los aliados consigan el préstamo y transfieran el dinero a Ucrania, podrán recurrir a este nuevo mecanismo y obtener una parte de los ingresos extraordinarios en función de cuánto hayan prestado. Los aliados utilizarán estos ingresos extraordinarios para hacer frente a los reembolsos, incluidos el principal, los tipos de interés y otros costes adicionales.
Esto significa que ni el G7 ni Ucrania soportarán el peso de los reembolsos.
¿Y ahora qué?
La Comisión ha pedido al Consejo y al Parlamento Europeo que avancen rápido con la propuesta, ya que necesita conseguir el préstamo de 35.000 millones de euros antes de finales de este año.
La votación en el Consejo se hará por mayoría cualificada, lo que significa que el préstamo en sí no estará sujeto a vetos individuales. Esto aumenta las esperanzas de un pronto acuerdo.
Si las cosas van bien, la Comisión podría hacer la primera transferencia a finales de 2024 o principios de 2025, tras verificar que Kiev ha cumplido una serie de condiciones políticas. Se espera que los 35.000 millones de euros se desembolsen gradualmente a lo largo de 2025, aunque también es posible un pago único.
Corresponderá al Gobierno de Zelenski decidir cómo utilizar la ayuda. El dinero será «no asignado» y «no dirigido», explicó un alto funcionario de la Comisión, que habló bajo condición de anonimato. El funcionario subrayó que «no hay ninguna prohibición» de dedicar parte del préstamo a la compra de armas y municiones para el Ejército ucraniano.
El desembolso se realizará en cuentas bancarias a nombre de Ucrania pero situadas en el territorio de los prestamistas, lo que permitirá una mayor autonomía.
Mientras tanto, los beneficios extraordinarios de los activos inmovilizados se canalizarán hacia el fondo común a partir de agosto de 2025.
Pero, ¿qué pasa con el veto de Hungría?
Esta es la eterna pregunta en Bruselas.
Como parte del plan, el Alto Representante Josep Borrell ha propuesto ampliar el periodo de renovación de los activos rusos de seis a 36 meses para reforzar la previsibilidad a largo plazo y disipar las preocupaciones de Washington.
A diferencia del préstamo, esta propuesta estará sujeta a la unanimidad, lo que significa que Hungría podría desbaratar la idea y mantener las normas como están ahora para mantener su influencia política.
Funcionarios de la Comisión afirman que, desde el punto de vista jurídico, el veto no alteraría el préstamo de 35.000 millones de euros y Bruselas seguiría adelante con o sin un periodo de renovación más largo. «El dinero sigue fluyendo mientras se mantengan las medidas restrictivas», dijo el funcionario. Además, Borrell ha añadido dos condiciones políticas para descongelar los activos: Rusia cesa sus hostilidades y Rusia paga las reparaciones.
Aunque los Estados miembros apoyan este planteamiento, la realidad es que Hungría mantendrá su derecho de veto sobre los activos congelados, tanto si puede ejercerlo en seis como en 36 meses.
Washington se moverá en consecuencia, ya que cualquier operación que entrañe riesgos financieros requiere que el Congreso estadounidense apruebe financiación adicional. En el caso de la UE, la última garantía contra una sorpresa desagradable será el presupuesto común del bloque.