¿En qué estados y por qué prohibieron la venta de comida chatarra? – Periódico Correo
Ciudad de México, México.- El gobierno federal ha anunciado una medida drástica en su lucha contra la obesidad y los problemas de salud relacionados, prohibiendo la venta y publicidad de alimentos y bebidas con azúcar, sal y alto contenido calórico en escuelas de todos los niveles, incluyendo preprimarias, primarias, secundarias, preparatorias, institutos tecnológicos y universidades.
Esta decisión se suma a la reciente imposición de sellos de advertencia en productos no alcohólicos con alto contenido calórico.
¿Qué alimentos prohibirán en las escuelas?
Entre los alimentos que no podrán venderse se encuentran chilaquiles, quesadillas, tacos, botanas, frituras, pastelitos, galletas, dulces, helados y jugos.
Asimismo, se restringirá la venta de cualquier producto que tenga etiquetas frontales de advertencia, como pizzas, hamburguesas y preparaciones con embutidos.
En lugar de estos alimentos, se promoverá la venta de opciones más saludables como leche descremada, frutas, verduras y cereales integrales sin azúcar.
Además, se especifica que en la preparación de alimentos y bebidas no alcohólicas «no se deberá añadir azúcar o sal», lo que aplicará también a cooperativas, comedores y máquinas expendedoras en los planteles.
Medida causa polémica en méxico
La medida ha generado un debate significativo. Representantes de organizaciones de comerciantes y proveedores han expresado su preocupación, argumentando que esta prohibición no solo aumentará los costos de los alimentos en las escuelas, sino que también se realizó una consulta pública de solo un día, en lugar de los 20 días que establece la ley.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó la forma en que el documento fue clasificado por la Secretaría de Educación Pública, señalando que afecta a más de 258 mil planteles con una matrícula de 33 millones de estudiantes. Solicitan una consulta pública más extensa para abordar los impactos de esta normativa.
Las organizaciones también han señalado que la implementación de esta propuesta tendrá un costo significativo, estimado en 431 millones de pesos, que incluye afectaciones a micro, pequeñas y medianas empresas que dependen de la venta de estos productos. Además, la falta de un plan de capacitación para el personal escolar podría agravar la situación.
Se prevé que las escuelas tendrán 180 días, es decir, seis meses, para ajustarse a estas nuevas regulaciones. Sin embargo, surge la inquietud sobre la efectividad de la medida, ya que los estudiantes podrían continuar comprando alimentos prohibidos en establecimientos fuera del entorno escolar.
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