Daños ambientales de la minería ilegal en tres zonas de Ecuador fueron evaluados … – El Universo
Contaminación del agua y reducción de la vegetación son parte de los daños ambientales que deja la minería ilegal en el Chocó Andino, Alto Nangaritza y a lo largo del río Punino, en la provincia de Orellana, que fueron analizados por investigadores de tres universidades ecuatorianas. La iniciativa fue impulsada por la Corporación Participación Ciudadana, en el marco del proyecto Amazonía Transparente, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.
Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, resaltó que las investigaciones de las universidades es un esfuerzo histórico para medir los daños de la minería ilegal en el país, ya que no existían datos científicos y confiables sobre los estragos ambientales y sociales de esta actividad.
Hidalgo señaló que esta iniciativa pretende aportar al debate y motivar al desarrollo de normativa y política pública. Además, resaltó el trabajo de la industria minera que cumple con la norma. “Estamos convencidos de que la minería ilegal se ha fortalecido tanto, en ausencia de una presencia y reconocimiento de lo que hace y el trabajo que le significa a la industria extractiva legal el instalarse, cumplir procesos, años de tiempo para tener una presencia legal en los territorios”.
Chocó Andino
La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) desarrolló su investigación en el Chocó Andino, con el nombre de proyecto MinChocó, que estudió el impacto de la minería metálica ilegal sobre los recursos hídricos del noroccidente de Pichincha.
El equipo estuvo liderado por Valeria Ochoa, investigadora y docente, quien expuso los resultados: se evaluaron 67 muestras de agua y sedimentos recogidas en época seca y lluviosa, en mayo y julio de 2024, de diferentes ríos y quebradas.
Mencionó “evidencias que hay minería metálica ilegal, principalmente artesanal” en la zona de estudio. Las parroquias de Pacto y Gualea son las que tienen mayor potencial minero. De las 67 muestras estudiadas se midieron 35 elementos metálicos, entre los más relevantes están el cobre y plomo que están más presentes en la época lluviosa; la mayor contaminación se encontró en las quebradas.
Por ejemplo, en las quebradas Melina Changó, Culanga y El Francés se observó que los niveles de cobre y plomo “sobrepasan los límites establecidos en la legislación ecuatoriana”, dijo Ochoa, al tiempo de ratificar que “sí se ve contaminación por minería metálica ilegal en el Chocó Andino”.
Los metales encontrados en el Chocó Andino fueron plomo, cromo, manganeso y hierro, con mayor concentración en la época lluviosa. Los ríos más afectados por contaminación a causa de la minería metálica ilegal son Toalí y Pishahi, lo que resulta más preocupante porque estos ríos son utilizados para fines recreativos (turismo), así como para actividades agrícolas.
Para evaluar los sedimentos se tomó como referencia la normativa canadiense porque en Ecuador no existe legislación sobre la materia. De ahí se pudo concluir que en las quebradas Melina Changó y Mamá Josefa los sedimentos encontrados sobrepasan los límites establecidos en la regulación canadiense.
Alto Nangaritza
La investigación en la comunidad de Las Orquídeas, en Alto Nangaritza, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, estuvo a cargo de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).
El investigador David Del Pozo expuso que los datos analizados reflejaron que la calidad del agua en el río Nangaritza “no es buena”. Esto coincide con la percepción de los habitantes, que consideran que la calidad del agua es regular.
También se midió el nivel de impacto del ruido generado por la actividad minera y se determinó que los niveles son superiores a lo establecido en la normativa. El monitoreo de ruido reveló que 6 de los 10 puntos estudiados superan los niveles máximos permisibles.
Sobre la vegetación de la zona, el estudio reflejó que hay una “disminución significativa en vegetación densa relacionada a la minería”, lo que implica un “impacto severo”. En contradicción, la percepción de los pobladores es que la actividad minera más bien ha tenido un bajo impacto en este sentido.
Según datos del monitoreo, la vegetación densa de la comunidad pasó de tener 293,69 hectáreas (ha) en 2017 a 257,28 hectáreas en la actualidad, lo que se ve reflejada por el gran aumento de la extensión de los suelos sin cobertura vegetal, pasando de 17,42 ha en 2017 a unas 39,23 ha en 2024.
Río Punino
Maribel Aguilar, parte del equipo investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), presentó los hallazgos del impacto de la minería ilegal en el río Punino, en Orellana, para lo cual se utilizó la metología de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La minería ilegal en la zona está asociada a la extracción de oro.
“El agua está altamente contaminada y tan solo en 2023 registró un incremento de 784 hectáreas de expansión minera ilegal”, inició.
La contaminación del río se debe a la alta concentración de metales como arsénico, cadmio, plomo y mercurio que sobrepasan los límites máximos permitidos.
El aumento de la deforestación en el área del río, así como la turbidez del agua, que se ha incrementado hasta las 500 hectáreas, es otra consecuencia de la minería ilegal. “El agua no es apta para consumo humano”, reiteró Aguilar y recordó que el río Punino es afluente del río Payamino, del cual proviene parte del agua que consume la población de El Coca.
Seguridad y falta de control estatal
Durante la presentación de los principales resultados de los tres estudios, los investigadores de las tres universidades compartieron parte de sus experiencias vividas en el tiempo que realizaron las evaluaciones en el campo.
El equipo de la Espol fue el que enfrentó más impedimentos para acceder a información por entidades y autoridades públicas locales. Además, contaron que su trabajo tuvo limitaciones por temas de seguridad debido a que en la zona existe presencia de grupos criminales que controlan la minería ilegal y atemorizan a la población.
La USFQ, en cambio, sí tuvo colaboración y mencionaron que la población se organizó para impedir, hasta ahora, el ingreso de grupos delincuenciales que tomen la actividad. No obstante, señalaron que no se observó presencia de autoridades de organismos de control para supervisar el estado ambiental del lugar.
De igual manera, la UTPL también confirmó que existe ausencia de los organismos de control. (I)