El río que se secó por la minería ilegal en el Cauca – Voragine

La minería ilegal en el departamento del Cauca es un fantasma que muchos conocen, pero del que pocos quieren hablar. Se esconde entre las montañas, en las orillas de los ríos y detrás de los cultivos de hoja de coca y marihuana. Todos saben por dónde se mueve porque su paso causa estragos, pero quienes la hacen visible terminan acallados por la mordaza de la violencia. 

En el sur del departamento, en el municipio de Mercaderes, se encuentra el Parque Natural Regional Esperanza del Mayo. Es un área de bosque seco tropical de 161 hectáreas que hace parte de la cuenca del río Patía, uno de los cuatro afluentes que integran la estrella fluvial más grande de Colombia: el Macizo Colombiano, una reserva de la biosfera y un portento de la naturaleza.

En medio del paisaje emerge el río Sambingo, que hace parte de la cuenca del Pacífico y pasa por los municipios de Mercaderes y Bolívar. Su estado actual es el retrato más crudo de la devastación que causa la minería ilegal sin ley ni control de las autoridades. 

Varias denuncias alertaron a la Coordinadora Integral Social Mercadereña, un proceso que reúne a varias organizaciones del municipio, sobre la presencia actual de retroexcavadoras en el Sambingo. De acuerdo con el líder social y defensor de derechos humanos Camilo López, ante una autoridad ambiental negligente, como organización se dieron a la tarea de hacer una misión de verificación para confirmar las denuncias.

Las pruebas, recogidas el 7 agosto pasado, dan cuenta de la destrucción que ha dejado la explotación ilegal. La misión tuvo por objetivo recoger evidencias visuales con el apoyo de drones, después de haber definido unas coordenadas donde posiblemente se estarían llevando a cabo actividades mineras que no cuentan con permisos del Estado. El vídeo es la confirmación de las sospechas, pero, sobre todo, es un presagio de lo que le espera nuevamente al Sambingo y a la población que lo rodea.

Más que un río, las imágenes muestran una superficie desértica, sobre la cual hay unas cuantas piscinas lechosas y maquinaria para la extracción del oro. De acuerdo con información del Ejército Nacional, el ELN es el responsable del control sobre la explotación actual en el Sambingo.  

“Llegaron con el brazo armado y con amenazas, entonces los dueños de los predios tienen que hacer oídos sordos y dejar que hagan la explotación sin ningún tipo de control, sin que nadie los denuncie”, dice López, quien además es integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). 
La última operación registrada en Mercaderes la adelantó la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional en 2022, y en ella fue destruida una retroexcavadora. Según indicaron sus funcionarios a VORÁGINE, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) no realiza actualmente seguimiento a la explotación ilegal ni a la recuperación del río Sambingo.

Según le contó López a VORÁGINE, el video fue, además, anexado como prueba para una denuncia que fue instaurada ante la Fiscalía contra la CRC, “por omisión y por ser permisiva frente a este flagelo que de nuevo se repite en el río Sambingo”, finaliza. 

En el Macizo Colombiano, donde nacen los ríos Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía, confluyen comunidades campesinas, indígenas y afro que durante años se han resistido a la explotación minera de empresas multinacionales, pero ante la minería ilegal, que se afianza con los recursos de la guerra, exigen el apoyo del Estado.

“La institucionalidad potencia políticas económicas para la explotación de minerales, pero no mide el impacto que genera en las comunidades y los ecosistemas. Frente a eso, lo que las organizaciones han hecho es fortalecer sus procesos de base para defender el territorio de manera autónoma y legítima”, afirma López.

En agosto de 2019 las comunidades de Mercaderes se organizaron para realizar una consulta popular legítima que preguntó a los habitantes del municipio si estaban de acuerdo con la exploración y explotación de minería metálica o de hidrocarburos que requiriera agua para el consumo humano. De las 6.484 personas que votaron, el 99,46 % dijo no estar de acuerdo.

Ese tipo de mecanismos que buscan la protección del agua y el territorio, sin embargo, son insuficientes para hacerle frente a la minería ilegal, que no entiende de consultas populares. Como parte de los procesos de base con los que las comunidades trabajan por defender el territorio, se cuentan las audiencias públicas que convocan a la población a reclamar y a las autoridades a responder.

El pasado 9 de agosto se realizó una Audiencia Pública Ambiental y Minera en la Plaza San Juan Montón, en Mercaderes, para conmemorar cinco años de la consulta y denunciar la situación actual de minería en el Macizo Colombiano. Allí estuvo presente la CRC, que fue directamente cuestionada por la situación del río Sambingo.

“Lo que pasó en el río Sambingo es responsabilidad del Estado y en algún momento la CRC va a tener que ser sancionada”, declaró uno de los que intervinieron en la audiencia entre vítores. Hace casi diez años, la explotación en ese afluente llevó a que se le nombrara como el primer río que se secó en Colombia.

Según el balance del profesor Jaime Solarte, docente de técnicas agroambientales e impulsor de la consulta popular legítima de Mercaderes, en el Sambingo hubo una explotación durante cuatro años, entre 2013 y 2017, en la que fueron utilizadas 72 máquinas retroexcavadoras que trabajaban las 24 horas en un enclave de más de dos mil mineros, que hicieron más de cien pozos, en ocho kilómetros del río.

En 2017, tras una audiencia ambiental organizada por las comunidades para denunciar y exigir acciones concretas a las autoridades en relación con los estragos de los que fue víctima el Sambingo, se estimó que la restauración del río costaría más de 176 mil millones de pesos. 

La devastación en el río, sin embargo, está lejos de ser un problema del pasado; sus aguas, que se une al Patía para finalmente desaparecer juntos en el océano Pacífico, parecen estar condenadas a la ruina que trae la minería ilegal. 

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Un conflicto sin control

El de la denuncia es un camino difícil de recorrer cuando se vive en el departamento más peligroso para la defensa de los derechos en Colombia. Según información del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, entre enero y agosto de 2024 fueron asesinados 19 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el Cauca, más que en cualquier otro departamento. 

El conflicto actual del Cauca se explica por la disputa entre los grupos armados por el control territorial, social y económico. De acuerdo con Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), en el escenario actual están enfrentados todos los grupos armados contra el actor que tiene más fuerza: el Bloque Occidental Jacobo Arenas (BOJA), una facción del Estado Mayor Central (EMC), conformado por frentes disidentes de las Farc que decidieron no acogerse al acuerdo de paz en 2016. 

“El ELN contra ellos, muy poco pero ocurre; la Segunda Marquetalia contra ellos, sobre todo en el sur; y el Frente 57 que es una disidencia de esa disidencia, y ahora opera en el norte del Cauca. La segunda dinámica más importante es el conflicto entre la fuerza pública y el EMC, que no se ve con la misma intensidad en otras partes del país”, afirma el investigador.

El aumento en los enfrentamientos entre la fuerza pública y el EMC tuvo como punto de partida el fin del cese al fuego entre el gobierno nacional y las facciones de las disidencias de alias ‘Mordisco’, entre las que se cuenta el Bloque Occidental Jacobo Arenas que opera, además del Cauca, en el Valle y Nariño, en el suroccidente de Colombia. 

El monitoreo que realiza la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN) reveló que en los primeros cuatro meses de 2024 fueron asesinadas 39 personas de las comunidades indígenas del norte del departamento. En el informe, además, se lee que “el rompimiento del cese al fuego significó un agravamiento de las condiciones humanitarias que enfrentan las comunidades de la región”.

Nelson Enrique Valencia es una autoridad del resguardo indígena Canoas, en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Según le explicó a VORÁGINE, el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC tiene el control de la zona donde está el resguardo y varios municipios cercanos: Corinto, Caldono, Caloto y Jambaló. 

“Hoy no hay capacidad política para hablar, hay una capacidad militar de poder quitarse del medio al que sea, esto está dejando muchos muertos en el territorio. Muchos de los que están asesinando hoy son excombatientes, gente que está tranquila en su casa y la están presionando para que vuelva, y si no vuelven pues los asesinan”, explica Valencia.

De acuerdo con Indepaz, en Cauca han sido asesinadas ocho personas firmantes del acuerdo de paz en lo que va del año, más que en cualquier otro departamento. En el país han sido asesinados 21 excombatientes en 2024.

El negocio de la extracción ilícita de yacimientos mineros genera más de 520 millones de dólares al año en el Cauca, según cálculos del Ejército Nacional. El control de esas rentas se distribuye entre la disidencia del Bloque Occidental Jacobo Arenas en el río Micay, que pasa por los municipios de El Tambo y López de Micay; la disidencia del Frente 30 que controla la minería ilegal en el río Timbiquí, en el municipio que lleva el mismo nombre; y el ELN, que tiene el control sobre las extracciones en el río Sambingo, entre los municipios de Bolívar y Mercaderes.

“El Cauca no tiene la cantidad de minería que hay en Antioquia o en el Chocó, pero casi todo el departamento tiene de alguna forma. Creo que es cada vez más importante la plata que sale de la minería, por la crisis de la comercialización de coca, pero yo pensaría que los grupos armados estarían contentos siempre y cuando tengan las tres fuentes: extorsión, drogas y oro”, indica el investigador Johnson.

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La minería se expande entre las montañas del Macizo

Camilo Mora es uno de los integrantes de la familia dueña del predio donde se extiende el Esperanza del Mayo, que es uno de los tres parques naturales regionales que hay en el Cauca. Según le dijo a VORÁGINE, en este momento hay actores armados haciendo explotación ilegal de oro con maquinaria amarilla en las orillas del río Patía, en un área que han destinado para el amortiguamiento del parque. 

“Es la gente de la comunidad la que va a hacer la minería, pero hay una empresa criminal que mete la maquinaria y hace los socavones; construyeron una carretera de más o menos tres kilómetros para entrar hasta el Patía. Les cobran un porcentaje de lo que sacan, allí hay una empresa criminal que el Estado está permitiendo”, denuncia Mora.

Los parques nacionales regionales hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y su declaración implica que en el área delimitada no podrán ejecutarse obras de exploración y explotación mineras, con el fin de asegurar la protección de paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional. 

“Nosotros estamos haciendo mediciones con cromatografía y hemos encontrado rastros de mercurio y glifosato en el agua y el suelo. La gente en la parte alta no se preocupa, pero el pescado que nos estamos comiendo en el almuerzo viene contaminado, entonces no es un problema de la comunidad aguas abajo, es un problema de la región”, agrega Mora. 

En el caso de la explotación ilegal que actualmente ocurre en el Esperanza del Mayo, de acuerdo con Mora, ni la Policía Nacional, ni la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), que es la autoridad ambiental, han hecho presencia en el parque natural regional para identificar a los responsables o detener la actividad minera y sus impactos ambientales. 

“Nosotros entendemos que la situación económica en la región está muy compleja, porque el negocio de la coca se cayó y toda esa gente está optando por la minería; son nuestros propios vecinos los que trabajan, pero quien mete la maquinaria no sabemos quién es. Es una organización criminal que sabe que la Policía no va a entrar y que nosotros no tenemos la fuerza ni las armas de la guerra para combatirlos. Somos campesinos, nuestras armas son un azadón, una pica, una pala”, finaliza Camilo Mora.

Según una respuesta entregada a VORÁGINE por el Grupo de Operaciones Especiales contra la Explotación Ilícita de Minerales de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, en lo que va de 2024 han intervenido 74 unidades de producción minera en el Cauca, la mayoría en Popayán, pero ninguna en Mercaderes.

Por su parte, funcionarios de la CRC, que pidieron no ser mencionados por seguridad, explican que el conflicto que vive el departamento del Cauca restringe su capacidad de trabajo sobre los impactos de la extracción ilegal de oro en el medio ambiente. 

“En muchos casos ni el mismo titular puede entrar a la zona porque el predio lo invadieron totalmente. Ante las denuncias, la CRC primero oficia a la alcaldía, que es el primer respondiente ante lo que sucede en el territorio, para que conozca, acompañe y ejerza sus medidas coercitivas, pero la verdad hemos tenido cero respuesta”, señala un funcionario de la Corporación.

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La crisis de la coca agudiza el conflicto

A diferencia de la información del Ejército Nacional, que identifica la distribución de la minería ilegal principalmente entre el sur, el pacífico y el centro del Cauca, la Corporación Regional Autónoma del Cauca indica que la mayoría de las denuncias que recibe son del norte del departamento, en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Puerto Tejada y Buenos Aires.

Esa región del departamento es uno de los epicentros del conflicto actual, causado por las disputas entre el Frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, y el Frente 57 Yair Bermúdez. Según la Alerta Temprana de Inminencia 019-24 de la Defensoría del Pueblo, en el norte del Cauca han aumentado los homicidios selectivos, masacres, amenazas y confinamientos. 

De acuerdo con el monitoreo de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, en lo que va del año 397 personas han sido asesinadas, más de la mitad en el norte del departamento. Así mismo, se han registrado 5.138 casos de desplazamiento y el reclutamiento forzoso de 125 menores de edad hasta agosto de 2024.

“Tenemos una desventaja y es que quienes hacen parte de las filas son de las comunidades nuestras. Hace unos días nos quitaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hace parte del consejo comunitario de Cerro Teta, hicieron bajar a la gente y se la llevaron. Eran de las disidencias, pero son pelados del territorio, uno les conoce los nombres”, denuncia Sandra Milena Olaya, lideresa social e integrante de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. 

Según la Defensoría del Pueblo, una de las actividades asociadas a las rentas ilegales en el norte del departamento es el hurto de vehículos y motocicletas que utilizan para el tránsito de los grupos armados, pero además para instalar artefactos explosivos. 

De acuerdo con información del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), hasta mayo de 2024 fueron reclutados 84 niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas en el departamento. 

“Hoy tenemos una gran problemática de reclutamiento forzado, como son grupos que se están reacomodando, no les importa que sean menores. Los pelados salen de once y si no se van para la mina, se van a raspar coca, cuando menos pensamos ya está metidos en el cuento”, agrega la lideresa Olaya. 

Miguel Fernández es defensor de derechos humanos y Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en la subdirectiva Cauca. Según cuenta, la posibilidad económica de las disidencias se ha menguado con la crisis de la coca, y eso ha aumentado su influencia sobre las actividades mineras en el departamento. 

“Primero les daban una moto, un fierro, y les pagaban un millón y medio, eso llamó a muchos jóvenes que se vincularon a su estructura armada y se comenzaron a expandir. Esa capacidad económica ha sido por cuenta de la coca y la marihuana principalmente. Aquí la minería ha sido constante, pero con la bonanza de la coca la dejaron un poco de lado; después, cuando la coca se viene a menos, la retoman”, afirma Fernández.

En el departamento del Cauca, una arroba de coca (12.5 kilogramos) pasó de costar 80 mil a 20 mil pesos. La sustitución de los cultivos de hoja de coca por proyectos productivos legales es un promesa del gobierno Petro que no ha tenido buenos resultados, y mientras tanto la minería ilegal se cotiza al alza.

“Con la caída del precio de la hoja de coca no había quien les comprara y eso se les dañó en bodegas. Ante esa necesidad económica han venido insistiendo en la extorsión, en obligar a la gente a pagar, eso es lo que los está sosteniendo, porque para ellos el problema vital no es la revolución, ni el cambio, ni la transformación del territorio, mucho menos de Colombia. Para ellos el tema es netamente económico”, agrega el defensor Fernández.

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En los municipios de Suárez y Buenos Aires las disidencias se disputan el cobro de vacunas a todos los renglones de la economía, tanto a las unidades de producción minera como al comercio en general. A las personas que tienen viviendas de dos pisos y tienen arrendado uno de ellos, también les cobran.

Sandra Olaya, que además es la secretaria de la oficina de asuntos mineros de la Alcaldía de Suárez, explica que hay preocupación por el aumento de la explotación minera en el norte del departamento: “Tuvimos unos consejos de seguridad y esa es una gran alerta que tienen los dos municipios, porque ellos tienen que vivir de algo. El discurso es que tienen todo almacenado, que no les dejan ver una y van a aumentar más la extorsión o van a empezar a llevar otra vez máquinas”. 

La minería artesanal en riesgo

La minería de subsistencia es la extracción y recolección de minerales a cielo abierto y de forma manual, sin equipos mecanizados o maquinaria. En el caso de los metales preciosos (oro, plata y platino), el tope máximo de producción es de 35 gramos cada mes y 420 gramos cada año. Actualmente, hay 414 mineros de subsistencia de ese tipo de minerales que hacen parte del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) en el departamento del Cauca.

Ingresar a ese registro, sin embargo, es un camino lleno de barreras. Quienes no logran sortearlas, subsisten en medio de la informalidad, pagos injustos y riesgos asociados a la extorsión, el lavado de activos y la presión de grupos armados. Además, de la persecución por parte de las autoridades que entienden ese ejercicio como uno ilegal. 

Al 10 de septiembre, un gramo de oro en Colombia se vendía a 322 mil pesos, pero un minero de subsistencia puede recibir entre 160 y 180 mil pesos, un 40 % menos del valor, cuando lo vende de manera informal a compradores no autorizados en las veredas, para no tener que viajar hasta los cascos urbanos. Esa transacción, además, rompe la cadena de rastreo de venta y compra de oro legal en el país. 

La distancia, sin embargo, no es la dificultad que más preocupa a la hora de encontrar quién pueda comprar el oro de hoy, que es la comida de mañana. En Guapi, municipio del pacífico caucano, el 80 % de la población se encuentra en centros poblados y rurales dispersos. Cuando los mineros de subsistencia se desplazan hasta el casco urbano los domingos, día de mercado, las mujeres son requisadas por el ELN para quitarles parte del oro que llevan para vender.

De acuerdo con un informe de caracterización realizado por la Fiscalía General en 2021, el de la minería es el negocio más fructífero para el ELN en el pacífico caucano. En el documento se describe que en el municipio López de Micay, ese grupo armado cobra una cuota de un millón de pesos por draga cada mes en una zona del río Micay en la que había, hasta ese momento, aproximadamente 27 dragas. 

Daniel Acevedo hace parte de la coordinación de proyectos de la Alianza por la Minería Responsable (ARM), una organización internacional que acompaña a los mineros artesanales y de pequeña escala en la búsqueda de la formalización, la sostenibilidad y condiciones laborales justas. 

En relación con los requisitos para formalizar el ejercicio minero de subsistencia, Acevedo piensa que “generan barreras permanentes asociadas, por ejemplo, a que anualmente tienes que ir a donde el alcalde personalmente y pedirle que te actualice tu RUCOM en una plataforma. A veces los alcaldes no tienen la clave, no saben cómo hacerlo o no le caes bien porque políticamente no eres de su grupo”. 

Otra de las barreras identificadas es que muchos de los trámites que requiere la formalización deben realizarse a través de internet, pero en el caso del Cauca, solo seis de cada 100 habitantes tienen acceso fijo a ese servicio según el Boletín Trimestral de las TIC del primer trimestre del 2024.

“Hay que tener internet para actualizar el RUT, para sacar documentación, tener un correo electrónico al que le llegue la información. Es absurdo en materia de enfoque diferencial, mucho más cuando en este territorio nosotros trabajamos con comunidades en territorios de consejos comunitarios, en territorios colectivos de comunidades negras. Son poblaciones de comunidades sin habilidades de lectoescritura, sin acceso a internet, sin poder ir al pueblo porque queda a horas. Ahora, ¿cómo quieren que sea formal?”, se pregunta Acevedo.

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Los ecosistemas sufren las consecuencias

Las disputas por la minería en el Cauca son parte de la leña que, durante años, ha mantenido encendido el conflicto en el departamento. Las cenizas de ese fuego se acumulan en los ríos y quebradas, contaminando el agua y envenenando los peces, dejando una huella tóxica que amenaza la biodiversidad y el equilibrio natural de la región.

Una investigación sobre contaminación mercurial en la región pacífica del Cauca encontró altas concentraciones de mercurio en el cauce principal del río Timbiquí, además de “sólidos suspendidos totales y de turbiedad, posiblemente por la presencia de vertimientos directos de mineros y sin la aplicación de tratamientos que reduzcan la carga contaminante proveniente del lavado del material aluvial”.

De acuerdo con el estudio, que también analizó la presencia de mercurio en peces, algunas de las muestras registraron niveles de contaminación por encima de los límites permisibles para consumo humano en población vulnerable, es decir, niños y mujeres en embarazo.

Una investigación de la Universidad Nacional de Colombia relaciona, además, la llegada de personas provenientes de Venezuela y Nariño para la extracción ilegal de oro, con el incremento de los casos de malaria en el país desde 2015, sobre todo en municipios del pacífico como Guapi.

Las comunidades del departamento también han realizado mediciones para identificar los impactos de la minería ilegal en el medio ambiente. Christian Palacios Ledesma es biólogo de la Universidad del Cauca, campesino y líder social de La Cruz, un municipio del norte de Nariño que limita con el Cauca y hace parte del Macizo Colombiano.

Palacios le contó a VORÁGINE que entre las actividades de monitoreo de los afluentes hídricos que realizan para el fortalecimiento de los acueductos rurales, con el apoyo de Parques Naturales Nacionales de Colombia, han encontrado trazas de mercurio en la cuenca alta del río Mayo, que nace en el Complejo Volcánico Doña Juana, un parque nacional natural que hace parte de Cauca, Nariño y Putumayo.

“Estamos pendientes con la comunidad campesina y los y las comunales del territorio haciendo una guardia, esperando que vengan esas personas extrañas para poderles decir que se alejen porque este no es un territorio minero. Al parecer, el ingreso de estas personas lo hacen por la parte de Santa Rosa, Cauca, detrás de las montañas”, denuncia el líder Palacios. 

En un monitoreo realizado por la comunidad de La Cruz para identificar la presencia de osos andinos en el Cerro La Doncella, en la parte alta del Complejo Volcánico, encontraron apiques a una altura de entre 3.400 y 3.600 metros sobre el nivel del mar, es decir, perforaciones en el suelo realizadas para evaluar la presencia de metales preciosos en la zona.

Son muchos los esfuerzos de los liderazgos y las organizaciones del departamento por monitorear y denunciar los impactos de la minería ilegal, pero el reclamo por acciones contundentes del Estado sigue a la orden del día. 

“Este es un problema de recursos, el fortalecimiento se hace con inversión social, pero si no hacemos movilizaciones contundentes, en el Cauca nos arrastrará la minería y la guerra”, declaró el líder defensor Fernández durante la audiencia ambiental de Mercaderes. Su discurso, en medio de aplausos, concluyó diciendo: “vamos a defender, si es necesario, con la vida el territorio”.
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