La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional que reduce la edad mínima para acceder a la pensión de adultos mayores, pasando de 68 a 65 años. La reforma también eleva a rango constitucional varios programas sociales creados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La aprobación, unánime por los 483 diputados presentes, busca garantizar recursos para un mayor número de beneficiarios y blindar estos programas frente a futuros cambios políticos.

Reducción de la edad para las pensiones

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la reducción de la edad para acceder a las pensiones de adultos mayores. Esta modificación tiene como objetivo aumentar la cobertura del programa, permitiendo que las personas de 65 años en adelante puedan recibir apoyo económico. Al incluir esta medida en la Constitución, se asegura la estabilidad y permanencia de este derecho, impidiendo que futuros gobiernos reduzcan o eliminen el beneficio.

Programas sociales elevados a rango constitucional

Además de la pensión para adultos mayores, la reforma constitucional también incluye otros programas sociales emblemáticos. Entre ellos destacan:

• Pensión para personas con discapacidad permanente, destinada a garantizar apoyo económico a uno de los sectores más vulnerables de la población.
• Sembrando Vida, un programa que fomenta la reforestación y el cultivo de especies frutales y maderables, asegurando un jornal justo y permanente para campesinos.
• Apoyo directo a productores, el cual incluye la entrega de fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala y pescadores, así como precios garantizados para productos básicos como el maíz, frijol, arroz, leche y trigo.

Estos programas están diseñados para mejorar las condiciones de vida de personas que dependen de la agricultura y la pesca, sectores históricamente desatendidos. Con la inclusión de estos programas en la Constitución, el Estado mexicano se compromete a garantizar los recursos necesarios cada año.

Principios de progresividad y no regresión

El dictamen aprobado establece que el Estado deberá asignar recursos presupuestarios suficientes de manera progresiva para garantizar los derechos que impliquen transferencias de recursos directos. Además, el monto de estos programas no podrá ser disminuido en términos reales, lo que garantiza su continuidad y crecimiento. Este principio de progresividad refuerza la obligación del gobierno de asegurar que los programas no sufran recortes que afecten a sus beneficiarios.

Derechos a una vivienda adecuada

Otro aspecto relevante de la reforma es la modificación que establece el derecho de todos los mexicanos a una vivienda adecuada. Esta disposición fue incluida en los artículos transitorios, lo que obliga al Congreso a armonizar la legislación secundaria en un plazo de 180 días a partir de la publicación del decreto. Esta modificación refuerza el compromiso del Estado con la mejora de las condiciones de vivienda en el país.