Hacia una Constitución Ambiental Unificada para América Latina y el Caribe en el marco de …
América Latina se enfrenta a múltiples desafíos ambientales que requieren una respuesta coordinada por parte de los Estados y actores de la región. A pesar de contar con instrumentos jurídicos en materia ambiental, no todos nuestros Estados son parte de ellos ni comparten una guía común en este ámbito. Por lo tanto, surge la necesidad de adoptar un documento unificador ecológico de derecho blando para toda la comarca: la Constitución Ambiental Latinoamericana y del Caribe. En el marco de la COP16 con sede en Cali (Colombia), que aborda los compromisos globales en materia ecológica, se alza esta propuesta como un instrumento que permitiría armonizar la legislación ambiental, garantizar la protección de los ecosistemas y crear una hoja de ruta común hacia la sostenibilidad.
Lo anterior, tanto más cuando, la región enfrenta problemas ambientales comunes que trascienden las fronteras nacionales, tales como la deforestación masiva, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de cuerpos de agua, la necesidad de proteger a líderes ambientales, la minería extractiva no regulada y la expansión de la agricultura industrial. A esto se suma una gran disparidad y atomización en los marcos regulatorios y las capacidades de los Estados para implementar políticas ambientales efectivas.
La iniciativa proveería de coherencia, unidad y completitud al derecho internacional ambiental en la región, mediante la creación de un marco legal común que asegure que todos los países actúen de manera coordinada.
¿Qué es una Constitución Ambiental Unificada?
El marco jurídico sería un instrumento de soft law refrendado con la adopción de una Ley Modelo expedida por el Parlatino, con asiento en Panamá, diseñado para establecer principios, derechos y obligaciones comunes. Serviría para:
- Establecer derechos ambientales fundamentales: Entre ellos, el derecho a un ambiente sano, el derecho de las generaciones futuras a disfrutar de los recursos naturales, y el derecho de los pueblos indígenas y comunidades locales a participar en la gestión de sus territorios y recursos.
- Definir obligaciones comunes: Establecería objetivos ecológicos comunes, como la reducción de emisiones de carbono, la conservación de ecosistemas estratégicos, principalmente los fronterizos, la protección de la biodiversidad, la gestión sostenible del agua y la restauración de tierras degradadas.
- Fortalecer la cooperación regional: Fomentaría la creación de mecanismos de financiamiento, cooperación técnica y monitoreo ambiental, promoviendo la transferencia de tecnologías sostenibles entre los países.
- Armonizar la legislación ambiental: Unificaría principios regulatorios y estándares en áreas clave como la energía, el manejo de desechos, la agricultura sostenible y el desarrollo urbano.
- Garantizar la justicia ambiental: Incluiría mecanismos para proteger a las comunidades vulnerables y asegurar que la carga de los impactos ambientales no recaiga de manera desproporcionada en los sectores más marginados.
En el corazón de esta propuesta está la idea de que la protección del medio ambiente es inseparable de los derechos humanos. Al efecto, recuérdese que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2022, lo reconoció como garantía humana universal. América Latina y el Caribe son una de las regiones más diversas cultural y biológicamente del mundo y también una de las más desiguales en términos socioeconómicos. Un marco jurídico unificado debe asegurar que cualquier política ambiental respete los derechos de las comunidades más vulnerables, incluidos los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que priorice la equidad en la distribución de los beneficios y los costos de la acción ambiental.
El Papel de los pueblos indígenas y comunidades locales
La región alberga algunos de los ecosistemas más importantes del mundo, como la Amazonía, los Andes y los arrecifes del Caribe, muchos de los cuales han sido preservados por las prácticas sostenibles de los pueblos indígenas y comunidades locales. La Constitución Ambiental Unificada debe reconocer explícitamente el rol fundamental de estos pueblos en la conservación de los recursos naturales y sus derechos sobre los territorios ancestrales.
Asimismo, sería crucial garantizar armónicamente mecanismos de participación efectiva de estas comunidades en la toma de decisiones, asegurando que las políticas ambientales no se impongan verticalmente, sino que se construyan en diálogo con quienes históricamente han gestionado estos territorios.
Implementación y mecanismos de monitoreo
Para que la apuesta de Constitución Ambiental Unificada Americana tenga un impacto real, es necesario crear mecanismos efectivos de implementación y monitoreo. Esto podría incluir la creación de un Consejo Ambiental Regional, encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados y de reportar de manera periódica los avances y desafíos. También se sugeriría el establecimiento de tribunales ambientales para que con elementos técnicos y no solo jurídicos se resuelvan disputas de linaje ecológico.
Además, la Ley Modelo a impulsar en el seno del Parlatino habrá de incluir, incentivos para promover el acceso a financiamiento verde, asistencia técnica o la participación en acuerdos comerciales preferenciales con estándares ambientales elevados.
Hacia la COP16: Oportunidades para el Futuro
Que en el marco de la COP16, ojalá se aproveche esta oportunidad para impulsar la Constitución Ambiental Unificada Latinoamericana como una propuesta innovadora y visionaria, de esas que transforman sociedades enteras, pues no solo sería un paso hacia la cohesión regional ecológica, sino también una señal al mundo de que la comarca está comprometida en custodiar su valioso activo natural.
Al avanzar hacia este proyecto de unificación, no solo se protegería la biodiversidad y ecosistemas críticos continentales, sino que también crearían un futuro más justo y sostenible. El desafío es grande, pero el momento para actuar es ahora. Una región unida en su defensa del medio ambiente puede convertirse en un bastión global en la lucha contra el cambio climático y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sustentable.
Auguro que las bases sentadas por este proyecto, sumadas a los desarrollos jurisprudenciales de los Estados, constituirán un diálogo vivo que, a más de legitimarlo, colocarán al patrimonio ecológico regional en el sitial de honor que la historia reclama con justicia.