Las deudas ambientales en Perú 2024: un año de debilitamiento ambiental y el avance de …

El 2024 en Perú ha sido un año marcado por una serie de decisiones políticas  que han minado la normativa ambiental. El año empezó con la promulgación de una cuestionada ley que pone en riesgo los bosques amazónicos y termina con otra norma que favorece la informalidad e ilegalidad de la minería aurífera. En el camino, una serie de normas aprobadas por el Congreso de la República y el Ejecutivo han demostrado que el medio ambiente no es una prioridad para sus autoridades.

Los incendios forestales también fueron una cuestión de extrema preocupación para los peruanos en el 2024, sobre todo porque superaron todos los registros de años anteriores y afectaron prácticamente a todo el país.

Otro tema que, lamentablemente, está presente en este recuento anual es la situación de constante vulnerabilidad de los defensores ambientales y líderes indígenas que defienden sus territorios. Este año, tres líderes indígenas fueron asesinados en regiones donde las actividades ilegales se han incrementado. En varias zonas de la Amazonía peruana se vive un clima de violencia inédito.

Sin embargo, el 2024 también trajo buenas noticias. La creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la aprobación de la Ley de Guardaparques fueron dos proyectos largamente esperados que se concretaron en estos últimos 12 meses.

Lo crítico: debilitamiento de la legislación ambiental

“Es un que hemos estado, al menos desde el sector ambiente, defendiendo diferentes frentes. Ha sido un constante movimiento entre la institucionalidad y la defensa de derechos”, dice Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Baldovino se refiere a los constantes reclamos que han surgido durante el 2024 de parte de la sociedad civil para poner freno a una serie de leyes y decisiones que desde el Congreso de la República y el Ejecutivo se tomaron para modificar la legislación ambiental. Uno de estos casos ha sido la denominada ‘ley antiforestal’. Si bien esta norma fue aprobada por el Congreso a fines de 2023, su promulgación ocurrió el 10 de enero de este año.

En una búsqueda por revertir esta ley que, como dicen los expertos, permitiría legalizar la deforestación ilegal, se han presentado dos pedidos ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se deje sin efecto esta normativa, Se está a la espera de que se tome una decisión para que sea declarada inconstitucional. Mientras eso sucede, los impactos de esta ley se han hecho evidentes durante todo este año. Un caso concreto es el de la aprobación de la zonificación forestal en la región Ucayali. Con la ley anterior, esta era una atribución del Ministerio del Ambiente (Minam), pero que con la nueva normativa  es responsabilidad  únicamente del Ministerio del Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Por otro lado, para algunos expertos, el aumento de los incendios forestales en el territorio peruano también se ha considerado como un resultado nefasto de la nueva ley. Los especialistas indican que la posibilidad de que se legalice la deforestación ilegal bajo el amparo de esta ley podría haberse convertido en un incentivo para despejar los bosques utilizando el fuego.

Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), menciona otros cambios en normas que también están socavando la política ambiental en Perú. En marzo de 2024 el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que cambió las disposiciones para la tenencia ilegal de explosivos en personas cuya inscripción permanece suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Con esta modificación la Policía ya no puede  tomar medidas en contra de la tenencia ilegal de objetos que permite la explotación de minerales de forma ilegal. “En lugar de restringir la ilegalidad lo que hacen es facilitar el avance de la criminalidad. Esto no tiene ninguna justificación”, señala.

Otro tema que menciona Urrunaga  es el anuncio del ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro de reducir la “tramitología”, es decir, los procesos administrativos que las empresas deben presentar para obtener permisos ambientales para diversas actividades productivas.

“En lugar de  que esas empresas o que estas inversiones cumplan con los requisitos que eleven sus estándares, la solución del ministro de Ambiente es decir vamos a simplificar las las normas ambientales para que esos proyectos puedan pasar”, agrega Urrunaga.

La decisión del Ejecutivo para modernizar y reorganizar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) es otra muestra de cómo se está debilitando la política  ambiental.  A través de un decreto supremo el gobierno, a inicios de noviembre de 2024, definió la reestructuración de este organismo responsable de  las evaluaciones de impacto ambiental para proyectos de industrias extractivas e infraestructura.

“Es absolutamente injustificada esta irrupción política que merma la autonomía técnica de una entidad. La medida de intervención y de reorganización es absolutamente negativa y revela la improvisación, el desconocimiento revela, una afán de demostrar resultados de una manera equivocada”, dice Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio de Ambiente.

A todas estas normas se suma ahora la decisión del Congreso de la República de aprobar el  proyecto de ley que amplía por seis meses el plazo para mantener abierto el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Esta ley permite que mineros informales sigan operando sin estándares ambientales.

“La ampliación del Reinfo significa impunidad sin ningún mecanismo de fiscalización. Se sigue lavando oro ilegal, las plantas de beneficio se van a seguir enriqueciendo y vamos a seguir teniendo destrucción de los ecosistemas e incremento de la actividad ilegal por los precios altos de los minerales”, señala César Ipenza, abogado especialista en medio ambiente.

Lo preocupante: defensores ambientales y el avance del crimen organizado

Este 2024 se registraron tres crímenes contra defensores ambientales. En abril, Victorio Dariquebe Gerawairey, líder indígena harakbut y guardaparque de la Reserva Comunal Amarakaeri, fue asesinado. Sus familiares sospechan que fueron mineros ilegales quienes acabaron con su vida debido a su labor en la protección de los bosques comunales ante el avance de las economías ilegales.

El segundo asesinado ocurrió en julio de 2024 cuando luego de más de 20 días de permanecer desaparecido se encontró el cuerpo del líder indígena kakataibo Mariano Isacama. Tras la desaparición, los dirigentes de Fenacoka y de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) denunciaron ante la Policía y la Fiscalía las sospechas de que personas vinculadas al narcotráfico estuviesen detrás de este hecho.

La tercera víctima fue el líder indígena Gerardo Keimari Enrique, también de la Reserva Comunal Amarakaeri. Para las autoridades indígenas de la zona no es otra cosa que un atentado contra una comunidad que lleva años peleando la ampliación de su territorio.

“Este ha sido un año con un balance, yo diría, negativo en torno a las acciones del Estado para atender el problema de los defensores ambientales. Sabemos del peligro al que están expuestos y no se puede abordar una política pública para su atención si es que no atendemos las causas de fondo”, señala Lissette Vásquez ex Adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Vásquez agrega que los pueblos indígenas no tendrían que defender su territorio si las actividades ilegales no los hubieses rodeado, convirtiéndose en la principal causa de las amenazas y del riesgo al que están expuestos.

Vladimir Pinto, coordinador de Amazon Watch en Perú, señala que luego de la instalación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, hace tres años, se generó una expectativa de que los defensores ambientales podrían estar mejor protegidos. Sin embargo, “los crímenes de los defensores han continuado.  El panorama no es bueno y hemos visto el avance de las economías criminales en territorios indígenas”, sostiene.

Otra muestra de cómo el crimen organizado gana espacio en Perú es la gran cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el narcotráfico que existen en la Amazonía. La serie investigativa de Mongabay Latam Los vuelos de la muerte, publicada en noviembre de 2024, logró rastrear 128 pistas de aterrizaje ilegales en seis regiones de la Amazonía peruana: Ucayali, Huánuco, Pasco, Cusco, Madre de Dios y Loreto. La investigación, realizada mediante el uso de herramientas  de inteligencia artificial, también determinó que en solo tres de estas regiones —Ucayali, Huánuco y Pasco— se encuentra la mayoría, 67 en total, de las pistas utilizadas para el transporte de droga.

“Creo que cada vez se está haciendo más visible el poder que tienen las economías ilegales en nuestro país”, comenta Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. El experto explica que la presencia de estas organizaciones criminales se da en tres niveles. El primero tiene que ver con “el contacto con las organizaciones criminales y su presencia cada vez más activa y más notoria. Hay reportes de organizaciones internacionales en Perú operando en varias zonas de la Amazonía”.

Un siguiente nivel y, según Zevallos, el que más preocupa, “es el vínculo de estas economías ilegales con los actores políticos. Cada vez es más notoria la presión que ejercen esos actores, sobre todo de la minería ilegal, en espacios políticos como el Parlamento, generando un retroceso serio en la forma en la que se regulan estas actividades ilegales”.

Esto es muy grave, dice Zevallos, porque no solamente hablamos de la violencia que generan las economías ilegales, que se evidencia en la Amazonía con las amenazas y asesinatos de personas defensoras ambientales o con la destrucción de los ecosistemas. La expansión de las economías ilegales tiene también impacto en los proyectos económicos legales y formales. “Hemos conversado con personas interesadas en proyectos de desarrollo y bonos de carbono en la Amazonía que deciden no entrar por temor de lo que les pueda pasar”.

Lo controversial: los vínculos de la minería con la política peruana

La minería ha sido quizá el tema más controvertido durante el 2024. Por un lado, el Congreso aprobó una norma para favorecer a los mineros informales e ilegales. A la vez, se está incrementando la extracción ilegal de oro en los ríos amazónicos.“Lo que estamos viendo en el tema minero es que la minería ilegal, informal y artesanal, digamos, la minería no corporativa,  le está ganando terreno en la disputa por influencia política a la minería corporativa”, asegura Juan Luis Dammert, director para América Latina del Natural Resource Governance Institute (NRGI). “Es algo que no veíamos antes con tanta claridad”.

Dammert explica que, desde hace varios años, los mineros informales e ilegales ejercen presión política en los gobiernos locales, además de tener influencia en la Policía, en el sistema de justicia, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, es decir, a todo nivel. “Pero lo que vemos ahora es la consolidación de ese proceso y el caso de la aprobación de la ampliación del Reinfo y la censura del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, son los factores más ilustrativos de esto”. En ese sentido, Dammert comenta que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre otros aliados del Ejecutivo hicieron una campaña muy fuerte en contra de la ampliación del Reinfo y tuvieron en el ministro Mucho a un actor cercano a sus intereses, sin embargo, el ministro fue censurado y la norma que permite la ampliación del Reinfo fue aprobada.

Varios reportajes publicados en Mongabay Latam durante el 2024 dan cuenta del avance de la minería ilegal, principalmente, en los ríos Amazónicos. Una serie de reportajes sobre la presencia de la minería ilegal y el narcotráfico en 30 áreas protegidas de la Amazonía peruana y colombiana muestran esta situación. Según los datos obtenidos para Perú en este especial de cinco entregas la minería ilegal arrasó, hasta el 2022, con bosques de cinco áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Tambopata (525 hectáreas), el Parque Nacional Bahuaja Sonene (31 hectáreas), las Reservas Comunales El Sira (7,8 hectáreas) y Amarakaeri (5,4 hectáreas), y la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (5 hectáreas).

La cobertura de Mongabay Latam en el 2024 también da cuenta del aumento de dragas dedicadas a la minería ilegal en los ríos amazónicos. En el mes de junio, Mongabay Latam informó sobre las acciones de los pueblos indígenas awajún y wampis, en la región Amazonas, para ponerle freno a la minería ilegal que se había instalado en los ríos del distrito El Cenepa, provincia de Condorcanqui. Cansados de la presencia de los ilegales en su territorio, el domingo 9 de junio decidieron bloquear el paso en el río Comaina, a la altura de la comunidad Canga, para así evitar el tránsito de los  mineros ilegales y de los insumos utilizados para esta actividad ilícita.

Un mes después, en julio, un reportaje de Mongabay Latam, que recogía información elaborada por Conservación Amazónica (ACCA), dio cuenta del registro mediante imágenes satelitales de la presencia de 38 dragas en los ríos Nanay, en Loreto, y Aguaytía, en Ucayali. El reporte indicaba que esta cantidad de maquinaria para extraer oro de manera ilegal se registró en solo un mes.

“La minería ilegal en Loreto ha aumentado terriblemente, entre el 2021 y el 2024 se han detectado 122 casos de minería aurífera ilegal. Además entre el 2016 y el 2024 se han observado 344 dragas en la cuenca del río Nanay”, señala Vanessa Cueto, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Sobre la presencia de la minería ilegal en territorios indígenas, Vladimir Pinto, de Amazon Watch, comenta que “las luchas de algunos pueblos indígenas han sido claves para poner en agenda grandes discusiones ambientales. Creo que la batalla que ha dado el pueblo wampis, por ejemplo, contra la minería ilegal en la frontera norte, obligó al Estado a instalar una mesa de diálogo para abordar el tema”.

Lo alarmante: un año de incendios forestales

El año 2024 también estuvo marcado por el aumento de incendios forestales en todo el país. En septiembre,se registró la mayor cantidad de incendios forestales en el país. Por lo menos 20 regiones del Perú enfrentaron quemas y la cifra de fallecidos llegó a 20, según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Expertos ambientales señalaron que el 2024 fue un “año crítico” para los incendios forestales y comentaron que se trataba de un “año inusual” si se compara la cantidad de estos eventos con años anteriores.

Si bien condiciones climáticas como la sequía y el aumento de temperatura agudizaron los incendios, hubo otros factores que complicaron aún más la destrucción de cientos de hectáreas de bosques por el fuego. La aprobación de la modificación de la Ley Forestal podría haberse convertido en un incentivo para que se quemen bosques, puesto que con esta norma se legalizarán las áreas deforestadas.  Según expertos, la modificación de la Ley Forestal podría haberse convertido en un incentivo para que se quemen bosques, pues luego esos territorios podrían ser utilizados para? Otras cosas?

Lo más preocupante fue la poca o nula reacción del gobierno ante la gran cantidad de incendios registrados en el país. El Ejecutivo tardó varios días en declarar Estado de Emergencia en las regiones afectadas, lo que podría haber acelerado la ayuda enviada.  Incluso el primer ministro Gustavo Adrianzen llegó a decir que no había “razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de Estado de Emergencia”, mientras el número de incendios iba en aumentos en todo el Perú. “No hubo una respuesta adecuada ni efectiva por parte del Estado para los incendios. Los bosques, la biodiversidad y las personas resultaron tremendamente dañados por el fuego, e incluso hubo pérdidas de vidas”, comenta Mariano Castro.

“Los incendios forestales han sido un tema tremendo, y ojo, estos incendios han venido para quedarse en el tiempo”, agrega César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales. “El incremento de la temperatura en el planeta y las malas prácticas configuran un panorama para que se repita lo que hemos visto este año con los incendios forestales”.

Lo esperanzador: una ley para los guardaparques

El 2024 también trajo buenas noticias. Dos hechos esperados durante varios años se concretaron finalmente este año: la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la aprobación de la Ley de Guardaparques.

En abril de 2024 el Consejo de Ministros en Perú aprobó la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, en el norte del país, una decisión que había sido postergada por más de 10 años. Se trata de uno de los 70 lugares más importantes en el mundo para la conservación de la biodiversidad marina por su vasta biodiversidad, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La nueva reserva cuenta con una extensión de 115 675 hectáreas frente a las costas de las regiones de Piura y Tumbes y su creación es un avance importante para Perú en el cumplimiento de los compromisos internacionales para la conservación de áreas marinas. “Tener un área marina protegida en la categoría de Reserva Nacional ayudará a que pueda haber más control y monitoreo para vigilar y prevenir el ingreso directo de la pesca ilegal”, dijo Daniel Cáceres, representante de Sustainable Ocean Alliance en Latinoamérica, tras la designación de esta zona reservada. Sin embargo, lo que preocupa a los expertos y organizaciones ambientales es que la pesca industrial —incluida la de arrastre— está permitida en casi la mitad de la reserva.

La Ley de Guardaparques y su reglamento se concretaron este año. En marzo, el Congreso aprobó la norma que desde hace varios años esperaban los guardaparques peruanos, una ley que incluye beneficios económicos y laborales para quienes se dedican a la protección de las áreas protegidas, además, esta norma permite la profesionalización del trabajo de los guardaparques.

Meses después, en octubre de 2024 se aprobó el reglamento de esta ley y el 30 de noviembre el Congreso definió la nueva escala remunerativa de los guardianes de las áreas protegidas en Perú. “Es importante que finalmente se aprobara la ley y su reglamento para establecer el régimen laboral de los guardaparques que reconoce sus derechos y facilita un proceso de desarrollo de capacidades para la gestión del sistema de áreas protegidas”, señala Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Imagen principal: Una pista de aterrizaje en la Amazonía peruana. Foto: Mongabay Latam.