La Fiscalía de Medio Ambiente alerta de un repunte de construcciones ilegales en … – Cadena SER
Málaga
Según la última memoria de la Fiscalía de Málaga, en 2023 se iniciaron cerca de 60 procedimientos por construcciones ilegales en esta provincia y en 2024 se han incrementado los casos según el titular de medio ambiente en la Fiscalía, Fernando Benítez:” Es cierto es que se advierte una cierta reactivación de viviendas familiares en entornos rurales. Eso sí es cierto. Y concretamente a la crisis del confinamiento, que tampoco es un fenómeno especialmente llamativo, pero que sí es cierto que vuelve a haber lo que durante mucho tiempo de crisis en la construcción se paralizó”.
El Fiscal de Medio Ambiente en Málaga lamenta que los procedimientos para derribar viviendas ilegales en esta provincia se prolongan durante décadas por la oposición de los afectados y la falta de colaboración de los ayuntamientos
Una situación que se ha hecho evidente durante las dos danas que sufrió esta provincia el pasado año y que dejó al descubierto un reguero de viviendas construidas en zonas inundables.
Fernando Benítez lamenta que, una vez que se dicta sentencia de demolición, el proceso para hacerlo efectivo tarda décadas:” La pelea contra los ayuntamientos por la demolición ocupa el 70 % de mi tiempo, de mi trabajo. Las órdenes de demolición, las sentencias firmes de demolición se prolongan en su ejecución durante décadas, no te digo años, sino décadas porque el ayuntamiento no colabora normalmente con la demolición. No te digo que en todos los casos o en la mayoría de los casos porque no quiera o porque no tenga la voluntad necesaria, yo entiendo también la sensibilidad del ayuntamiento, que es el que está más cerca, es la Administración más cercana a los vecinos, y que le cuesta trabajo explicar en estas situaciones, pero también es cierto que es la obligada, por otra parte, por la ley, a guardar la disciplina urbanística”.
Una resistencia de los ayuntamientos, en ocasiones por falta de medios, que lleva a derivar la demolición a la administración provincial o autonómica, en todo caso, asegura el Fiscal de Medio Ambiente, pese a las condenas por construcciones ilegales, ni el paisaje ni la legalidad se restablece porque, en muchos casos, la construcción permanece:” Estamos condenando a gente por delitos urbanísticos, pero no estamos restaurando el orden jurídico. Las construcciones ilegales permanecen en el tiempo, en la medida en que tengan argumentos ellos, para intentar ante el ayuntamiento cualquier tipo de iniciativa y eso se eterniza, se eterniza. Quiere decir que, si damos solución al delito en vía penal con una condena, no damos solución al restablecimiento del orden jurídico. Y eso permanece y entre estas viviendas ilegales, desde luego, algunas son de las que afectan a todas las inundables, no la mayoría, por suerte. Pero es cierto que eso es una pelea titánica y bastante desalentadora”.
El informe de la Junta de Andalucía en 2019 estableció que en la provincia de Málaga existían alrededor de 50.000 viviendas ilegales de ellas la mayoría estaban localizadas en la comarca de la Axarquía seguida de la de Ronda, Antequera y la Costa del Sol.