Futuro de la actividad minera en Panamá
Comenzó el 2025 y los panameños esperamos que, de acuerdo con lo prometido por el presidente, el tema de la minería metálica sea una prioridad en la agenda gubernamental. Y, no puede ser de otro modo pues -en un contexto altamente complicado a nivel nacional e internacional- necesitamos recuperar el 5 % del producto interno bruto (PIB) que representaba la minería metálica en términos de regalías, impuestos, empleos directos e indirectos y otros beneficios y, prepararnos para enfrentar con éxito los arbitrajes internacionales que ya colocó la empresa minera en los tribunales internacionales.
Frente a esa realidad, -a la que se le suma la crisis no resuelta del fondo de pensiones de la CSS, la necesidad de mantener funcional y efectivo nuestro Canal y, las amenazas del futuro inquilino de la Casa blanca- es obligatorio que nos preguntemos: ¿de dónde vamos a sacar ese 5 % del PIB? y ¿cómo enfrentar las demandas internacionales que ya rondan los 65.000 millones de dólares?
Sobre este tema, no son pocos los que afirman optimistas que nuestro país puede avanzar y progresar sin la minería metálica. Pero no nos dicen qué tendríamos que promover y llevar a cabo para generar 10.000 empleos dignos, lograr el desarrollo con justicia y equidad y sin minería metálica en nuestro territorio. Tampoco nos dicen cómo enfrentar -con éxito- los arbitrajes internacionales en contra de Panamá.
Sobre esto último, el presidente ha manifestado que “solo se sentará a negociar la situación de la mina si se suspenden los procesos arbitrales en contra del país”. En mi opinión, eso es justo, pero solo sería posible si Panamá decide abrir -aunque sea para cerrar después- la mina de cobre de la empresa First Quantum Minerals, en Donoso, provincia de Colón. En ese contexto, considero que, no solo debemos abrir para cerrar, sino que debemos ser un país minero. Veamos algunas razones y considerémoslas de forma inteligente, sin apasionamientos ni agendas.
Antes de entrar de lleno en el asunto, subrayo que la mina debe cerrarse de forma científicamente correcta -reabrirse si lo decidimos-, y aprovechar las 132.000 toneladas de concentrado de cobre que quedaron almacenadas en el proyecto Cobre Panamá. Representan cerca de mil millones de dólares que son nuestros y los necesitamos.
Ahora sí, veamos, por qué debemos ser un país minero. Para comenzar, poseemos grandes cantidades de minerales de valor económico, como el cobre y el oro; contamos con una empresa minera que cuenta con la capacidad y la tecnología para extraer y procesar minerales; aunque la empresa no es nuestra, debemos y podemos mejorar de manera clara el contrato para la explotación; la minería es una fuente importante de empleo, creando puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país; también es una fuente importante de exportaciones, generando ingresos para el país y; juega un papel importante en nuestro posicionamiento internacional, el desarrollo económico y social del país.
Pero la minería también tiene impactos negativos en la salud de las personas, es causa de contaminación ambiental y desplazamiento de comunidades. Además, en un país con elevada precipitación pluvial como es el nuestro, el drenaje ácido de minas es un problema ambiental grave que puede causar contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad. La lluvia también puede causar inundaciones y deslizamientos de tierra, que pueden dañar las instalaciones mineras y poner en peligro a los trabajadores.
A pesar de ello, los expertos coinciden en que la minería sostenible es posible en países con elevada precipitación pluvial, señalando que las empresas mineras pueden adoptar prácticas sostenibles para mitigar los impactos ambientales de sus operaciones y proteger la salud de las poblaciones circunvecinas. Eso, precisamente, tiene que estar definido claramente en un posible nuevo acuerdo con la minera.
En ese contexto, si llegáramos a aceptar que los ingresos producto de la minería son necesarios para el cofinanciamiento de nuestro desarrollo integral, hay por lo menos dos condiciones que son indispensables para que ratifiquemos un nuevo contrato con la empresa.
Lo primero es que el Gobierno obligue a la empresa a que respete nuestra soberanía sin ceder ni un milímetro de territorio, y garantizarnos por lo menos el 50 % de las regalías porque somos los dueños del patrimonio. No menos importante es el aseguramiento de una presencia y participación transparente y efectiva de los funcionarios que hagan falta para: supervisar la buena gestión de los diferentes procesos administrativos, garantizando el cumplimiento con los compromisos legales, laborales y de seguridad social; y la vigilancia de la salud del ambiente y de las personas, tanto de los empleados, como de las comunidades circunvecinas a las obras.
Por otro lado, si detenemos la minería a cielo abierto, las preguntas obligatorias son: ¿cómo recuperamos y sanamos el ambiente devastado por la minería?, ¿cuál es la inversión suplementaria para mantener esos miles de empleos que genera esta empresa?, ¿cuál debe ser el rol de la empresa privada y el Gobierno en esa generación de empleos? Como he señalado antes en esta bitácora: “lo que nos estamos jugando es el futuro del país”.
