La iniciativa señala en sus fundamentos que es de gran relevancia que la destinación y ejecución de estos recursos sea transparente, especialmente cuando la ciudadanía ha sido testigo de los problemas que surgieron tras la entrega de fondos públicos a entidades privadas de forma discrecional, con el objeto de prevenir la corrupción y cualquier acción que apunte en este sentido.

Asimismo, sostiene que la entrega de una parte de estos capitales obtenidos a partir del royalty implica una nueva responsabilidad para los gobiernos regionales, urgiendo fomentar medidas destinadas a velar por la transparencia y el buen uso de esos fondos.

Desde ellos se espera financiar proyectos de investigación científica y tecnológica, así como de fomento al desarrollo de actividades productivas y políticas regionales de ciencia e innovación..

Dicha norma surge a partir de la vigencia, el 1 de enero de 2024, de la Ley 21.591, sobre royalty a la minería, donde una de sus innovaciones fue la creación de tres fondos: el regional para la productividad y el desarrollo de comunas mineras; el de apoyo para la equidad territorial y el puente, que va en apoyo directo de las regiones.

Cabe recordar que en el mes de noviembre se aprobó una iniciativa similar que estableció la obligación de cuenta pública a las y los alcaldes, por este mismo concepto.

En la discusión de esta iniciativa, los parlamentarios relevaron la importancia de dar tranquilidad a la ciudadanía sobre el buen uso de los recursos públicos, y a su vez, recalcaron que la obligación de rendir cuenta pública se debe ver como una forma de fortalecer la gestión realizada.

Del mismo modo, enfatizaron que no se puede relativizar la transparencia, ya que los gobernadores gestionan una cartera presupuestaria de gran magnitud, que tiene un impacto significativo en las regiones.

Tras ser aprobado en sala, el proyecto fue enviado a segundo trámite al Senado.