¿Dónde quedó la ola remunicipalizadora de los servicios de abastecimiento de agua? (I)
Te levantas después de parar tres veces el despertador. Vas al baño y abres el grifo para darte una ducha. Si vives en España, hay más de un 50% de probabilidad de que el agua que sale de tu grifo esté gestionada por una empresa privada con ánimo de lucro o por una empresa de gestión mixta –y si vives en regiones como Cataluña, Murcia o Galicia, dicha probabilidad puede ser unos veinte o treinta puntos más alta–. En cambio, en más de la mitad de los países de la Unión Europea predomina la gestión pública, ya sea directa a través del Estado o de los municipios, o delegada, donde la mayoría de los servicios son gestionados por empresas municipales o asociaciones públicas.
Cuál es la forma más eficiente, sostenible, democrática y justa de gestionar este suministro es un debate de una relevancia aumentada por las condiciones de sequía y escasez hídrica en aumento debido a la crisis climática. Especialmente para garantizar inversiones suficientes que eviten el malgasto del agua, reduzcan la huella de carbono de la energía requerida para su gestión y aseguren una tarificación social que proteja su acceso siguiendo los criterios de justicia socioambiental que la mayor parte de organizaciones internacionales y expertas reclaman.
En esta primera parte, repasamos cómo hemos llegado hasta aquí y dónde nos situamos respecto al resto de Europa, fijándonos en cuáles son las principales operadoras privadas españolas y recogiendo qué dicen diferentes fuentes expertas sobre qué supone esta diferencia a nivel ambiental. En la siguiente entrega, exploraremos por qué hay movimientos ciudadanos que llevan décadas intentando revertir esta privatización y qué han conseguido en diferentes países, para acabar centrándonos en los retos actuales a la remunicipalización del suministro en España.
El mapa europeo actual: predominio de la gestión pública en el norte y mayor presencia privada en el sur
La organización de los servicios del agua es el resultado de múltiples factores históricos, económicos y culturales, entre los cuales están la tensión entre organizaciones ciudadanas y la presión de grupos de interés empresariales. En el siglo XIX, las empresas privadas de suministro de agua eran comunes en Europa, Estados Unidos y América Latina, pero su importancia decayó gradualmente hacia el siglo XX debido a su incapacidad para expandir el acceso al agua, dando paso a sistemas públicos más sólidos.
Sin embargo, en los años 90, una nueva ola de privatizaciones surgió influenciada por las políticas de libre mercado tras la caída del comunismo, las privatizaciones de Thatcher en Inglaterra y Gales, y el apoyo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que condicionaron sus préstamos a estas reformas, tal y como explica Gonzalo Marín, ingeniero de caminos especializado en infraestructuras hídricas y políticas públicas y uno de los portavoces de la Red Agua Pública. Ya en los 2000, las Naciones Unidas se posicionaron más claramente en la defensa del agua como un derecho humano fundamental, especialmente con el informe del relator de Naciones Unidas Léo Heller de 2015, en el cual planteaba que la gestión privada implica riesgos para el disfrute del derecho humano al agua.
Estas dinámicas históricas han conformado un mapa europeo que actualmente se podría dividir en cuatro grandes bloques, según datos de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios de Agua EurEau.
En una decena de países, la gestión pública directa es total o predominante, entre los cuales están Luxemburgo, Croacia, Chipre, Suecia, Austria, Malta, Irlanda, Grecia o las extracomunitaria Noruega y Suiza. El segundo gran bloque lo conforman los países donde predomina la gestión pública delegada: en Países Bajos, Bélgica, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Bulgaria y Serbia (no miembro de la UE), la totalidad o la gran mayoría de los servicios son gestionados por empresas municipales o asociaciones públicas.
Por otra parte, Alemania, Portugal, Hungría y Rumania combinan gestión pública directa, delegada y privada en proporciones variables, y podrían considerarse como modelos mixtos, mientras que en un reducido número de países existe una gestión privada delegada destacada: es el caso de Francia, República Checa, Italia y España, donde operadores privados gestionan una proporción considerable del suministro a través de concesiones o contratos delegados a compañías privadas o asociaciones público-privadas. Especialmente en los casos francés y checo, donde más del 60% de la población es atendida por concesionarios privados.
Finalmente, existen casos particulares como el de Dinamarca, donde un centenar de compañías públicas coexisten con 2.100 proveedores propiedad de los consumidores, mientras que en Inglaterra y Gales (y una pequeña parte del suministro checo), el servicio está bajo gestión privada directa, después de que privatizasen su sistema bajo el gobierno de Thatcher, mientras que en Irlanda del Norte y Escocia, se rigen según una gestión pública delegada.
El caso español: la «burbuja hídrica» de los 2000
En España, la Ley de Bases del Régimen Local establece que los ayuntamientos son los titulares de los servicios de abastecimiento y saneamiento, pero permite distintas formas de gestión, como explica Marín: «Puede darse directamente por los ayuntamientos a través de servicios municipales, a través de empresas públicas, mediante concesiones al sector privado o mediante empresas mixtas, que representan un modelo de partenariado público-privado para privatizar la gestión».
En las últimas décadas, el porcentaje de población abastecida por sistemas privados y público-privados ha aumentado de forma sostenida, pasando de alrededor del 40% al inicio del siglo XXI a estabilizarse en torno al 55% actual –sumando el 33% gestionado por empresas privadas y el 22% por empresas mixtas– de acuerdo a los últimos datos disponibles, publicados por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) en el XVII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España (2022).
Según Marín, este cambio se debió, en parte, a las políticas de austeridad y a la «debilidad de los ayuntamientos en cuanto a conseguir financiación». Muchos municipios recurrieron a la privatización de los servicios de agua y saneamiento mediante el canon concesional, un pago inicial que las empresas privadas realizan al obtener una concesión. Marín se refiere a este fenómeno como la «burbuja hídrica«, vinculada a una estrategia de buscar recursos económicos a corto plazo mediante la cesión de la gestión del agua al sector privado.
La prevalencia de las multinacionales Agbar y Aqualia
Muchas de estas concesiones privadas fueron a parar a filiales de Agbar y Aqualia, haciendo que, según las estimaciones citadas en el documental Trileros del agua, las dos juntas gestionarían más del 70% de las concesiones privadas de suministro de agua españolas.
Agbar (inicialmente constituida como Compagnie des Eaux de Barcelone en Bélgica) ha gestionado el suministro de la capital catalana desde 1867, pero con el tiempo ha ido expandiéndose al resto del Estado. Actualmente opera bajo diferentes filiales, abasteciendo a 13 millones de personas en casi 1.100 municipios de España, según datos de su memoria de actividad de 2023. Su propiedad ha ido cambiando de manos, y después de pertenecer a la multinacional francesa Suez, en 2022 pasó a manos de Veolia, otra transnacional gala francesa que actualmente es líder mundial en gestión del agua, con operaciones en todo el mundo. La otra gigante de la gestión del agua privada en España, Aqualia, está participada por la española FCC, una de las mayores grupos europeos de infraestructura y servicios públicos, y el fondo de inversión australiano IFM investors.
Ambas acumulan denuncias de irregularidades, falta de transparencia y descuido de infraestructuras que provocan fugas y malgasto de agua. El caso del Área Metropolitana de Barcelona fue uno de los más notorios, donde AGBAR operó de manera irregular en una veintena de municipios, situación que el AMB intentó resolver en 2012 creando una empresa mixta, mayoritariamente controlada por AGBAR, para gestionar el servicio durante 35 años, pero sin convocar un concurso público ni ofrecer una justificación técnica, según denunció activamente la Plataforma Aigua és Vida. Más recientemente, a finales de 2023, los tribunales tumbaron una adjudicación millonaria a Aqualia en San José (Murcia) por posibles indicios de ilegalidades en la adjudicación del contrato.
¿Qué gestión es mejor para el medio ambiente?
Expertos como Joaquín Tornos Mas, reconocido catedrático de derecho administrativo y coordinador del libro El servicio de suministro de agua en España, Francia e Italia (2018), consideran que el principal error de gestión en dichas décadas fue la falta de supervisión por parte de las administraciones responsables, que otorgaban concesiones y permitían que las empresas privadas asumieran el control del servicio casi por completo, estableciendo contratos a muy largo plazo sin un seguimiento adecuado de las inversiones ni una regulación estricta de las tarifas. En algunos casos, como en el de Girona, Sarrià de Ter y Salt, dichas colaboraciones público-privadas incurrieron en “incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales en materia de inversiones y reposición” cifradas en 13,2 millones de euros.
En este sentido, Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace España, señala que la privatización dificulta la inversión en infraestructuras como canalizaciones, ya que “se prima el beneficio económico”, y reducir las pérdidas de agua, un recurso barato para ellas, no compensa económicamente, mientras que las empresas públicas pueden destinar recursos más directamente a minimizar estas pérdidas, tal y como recoge Newtral. Pero tanto Gonzalo Marín como Germà Bel, economista especializado en reforma del sector público, servicios públicos locales y política medioambiental, destacan que la gestión pública no es per se garantía de una gestión más sostenible, transparente y justa, sino que están más vinculadas a cuestiones de gobernanza y participación comunitaria.
Como ejemplo, Marín menciona el caso madrileño del Canal de Isabel II, una entidad pública con múltiples casos de corrupción vinculados a su expansión en América Latina, y que “ha avanzado en cuestiones como el saneamiento y la depuración, es una lucha que trabaje cuestiones como la protección de los caudales ecológicos”, concluyendo que “si la gestión pública está mercantilizada, tampoco van a tener los escrúpulos”.
En la siguiente entrega, abordaremos la respuesta a importantes movimientos reclamando la remunicipalización de los suministros en España y en el resto del continente, repasando algunos de sus logros y derrotas con datos europeos de la plataforma Public Futures. Cerraremos explorando los retos de dichas iniciativas de desprivatización en la actualidad, con el ejemplo de casos como el de Terrassa, de actualidad después de que se haya sabido que Agbar está detrás de un informe que criticaba duramente la gestión pública del agua en Terrassa.
