ACUERDO por el que se da a conocer el Informe anual sobre la situación de pobreza y … – DOF

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Bienestar.- Secretaría de Bienestar.

ARIADNA MONTIEL REYES, Secretaria de Bienestar, con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 36 y 37 de la Ley General de Desarrollo Social; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3 y 5 fracción XXIV, 39 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), dispone que los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, debiendo utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), independientemente de otros datos que se estime conveniente;

Que el artículo 37 de la LGDS, establece que los estudios del CONEVAL deberán hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años;

Que el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), señala que las aportaciones federales son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, y por conducto de éstas, a los Municipios y Demarcaciones Territoriales, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, a través de ocho Fondos, entre los que se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS);

Que el artículo 33, apartado A, de la LCF, establece que las obras y acciones que se realicen con los recursos del FAIS se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, que realice la Secretaría de Bienestar de conformidad con lo dispuesto en la LGDS para la medición de la pobreza;

Que el artículo 5 de la Ley General de Población, establece que el Consejo Nacional de Población (CONAPO) tendrá a su cargo la planeación demográfica del país, con objeto de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos;

Que de acuerdo con el artículo 9, párrafo segundo del Reglamento de la Ley General de Población, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal incluirán en la formulación y ejecución de sus programas y acciones las previsiones, consideraciones y criterios demográficos federales elaborados por el CONAPO;

Que conforme a lo que establece el artículo 33, apartado A, de la LCF, la Secretaría de Bienestar deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil del mes de enero, el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales;

Que el mismo artículo 33, en su apartado B, fracción II, inciso f), establece que las entidades, municipios y demarcaciones territoriales, deberán reportar trimestralmente a la Secretaría de Bienestar, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos del FAIS, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de la misma Ley, y con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales; y

Que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, mediante oficio número CONAMER/25/0299 de fecha 29 de enero de 2025 ha emitido la exención de Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE
POBREZA Y REZAGO SOCIAL DE LAS ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES
TERRITORIALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

PRIMERO. Se da a conocer el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2025, con base en la información oficial disponible y vigente.

SEGUNDO. El objeto del presente Informe es proporcionar un compendio de información vigente a nivel territorial sobre la situación de la pobreza, el rezago social, la inversión en infraestructura social básica, así como información sociodemográfica y económica que en conjunto permitan orientar la planeación y la toma de decisiones en la implementación de las políticas públicas.

TERCERO. El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social a nivel entidad y a nivel municipal y demarcación territorial, podrá consultarse en la dirección electrónica referida en el Anexo Único del presente Acuerdo.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de enero de dos mil veinticinco.- La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.- Rúbrica.

Anexo Único

El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales puede consultarse en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social

Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de las Entidades, Municipios y Demarcaciones
Territoriales para el ejercicio fiscal 2025

Presentación

A seis años de haber emprendido la política de bienestar propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, México ha alcanzado avances significativos hacia la construcción de un Estado de Bienestar que garantiza de manera progresiva el acceso efectivo a los derechos sociales. Con la consigna de «Por el bien de todos, primero los pobres», el Gobierno de México ha implementado acciones como: la lucha frontal contra la corrupción, el ejercicio de la austeridad republicana y la consagración de pensiones y programas para el bienestar como derechos constitucionales.(1) Estas medidas no solo combaten las desigualdades históricas, sino que también dan sentido al compromiso de «no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera». Estas acciones representan un cambio histórico en la vida pública del país, sentando las bases para garantizar una prosperidad compartida.

La desarticulación de la política neoliberal se ha distinguido por devolver al Estado su papel fundamental como garante del bienestar del pueblo de México, configurando un modelo económico y político que prioriza la justicia social y el crecimiento con bienestar. Siguiendo el principio rector de la Cuarta Transformación, «Con el pueblo todo, sin el pueblo nada», se ha consolidado un proyecto que pone al servicio de las mayorías los recursos y capacidades del gobierno. Entre los resultados más notables de este proceso de transformación se encuentra el descenso histórico de la pobreza en el país. Según los datos más recientes, en 2022, 8.9 millones de personas dejaron de ser clasificadas en condición de pobreza (equivalente al 7.6% de la población nacional); 7.2 millones de personas superaron la pobreza moderada (representando el 6.1% del total); y 1.7 millones de personas salieron de la pobreza extrema (un 1.5% del total)(2). Estos logros reflejan un México que avanza hacia la justicia y equidad social.

Estos resultados son el reflejo de las políticas de bienestar impulsadas por el Gobierno de México, las cuales se articulan en torno a cuatro ejes fundamentales: las reformas en materia laboral y de política salarial, la aplicación de políticas recaudatorias justas, el fortalecimiento de la protección social mediante pensiones y programas para el bienestar, y el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura que revitalizan la región sur-sureste del país(3), históricamente olvidada. Dichas estrategias representan un cambio de paradigma que rompe con décadas de desigualdad generada por las políticas neoliberales, demostrando que el desarrollo con justicia social no sólo es posible, sino imprescindible, por lo que se ha logrado disminuir la desigualdad económica a niveles históricos, reafirmando que el bienestar colectivo es la base para construir un México más próspero, equitativo y solidario.

Durante los años en que predominó la política salarial de los gobiernos neoliberales, el salario mínimo en México se caracterizó por mantenerse fijo en términos reales, compensando únicamente la pérdida del poder de compra debido a la inflación, mediante ligeros incrementos del salario nominal.(4) Bajo el pretexto de mantener la estabilidad de precios, se impuso un modelo que sacrificó el bienestar de las personas trabajadoras, negándoles una retribución justa y suficiente para cubrir sus necesidades más básicas. Este planteamiento, contrario al enfoque de «Por el bien de todos, primero los pobres», perpetuó condiciones de desigualdad y pobreza entre quienes sostienen con su esfuerzo la economía del país. Lejos de promover la justicia social, estas políticas utilizaron al salario como una variable de ajuste, ignorando que la dignidad de las personas trabajadoras debe ser el eje central de cualquier modelo económico que aspire al desarrollo con equidad. Este periodo representa un recordatorio de la importancia de poner a las personas en el centro de las decisiones económicas, asegurando que el fruto de su trabajo sea justo, digno y suficiente para construir un México más igualitario y humano.

En contraste con el anterior proceso de reformas de mercado, donde el salario mínimo general creció 46.0% entre 2012 y 2018, el Gobierno de México continúa transformando la política de salarios mínimos. En la Gráfica 1, se muestra la evolución del salario mínimo general entre 2019 y 2025, año del último decreto de aumento salarial, destacando un incremento del 172%, pasando de $102.7 a $278.8 pesos diarios durante el periodo referido. Este incremento es casi 4 veces mayor al registrado en el periodo 2012-2018, reflejando un cambio sustancial en la política salarial. Por su parte, el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), ha registrado un incremento del 138%, pasando de $176.7 a $419.9 pesos diarios en el mismo periodo. Este cambio de la política salarial se encuentra alineado con el objetivo establecido para 2030, que busca aumentar los salarios hasta que cada persona trabajadora pueda disponer de un ingreso equivalente a 2.5 veces el precio de la canasta básica.

Gráfica 1. Salario mínimo nominal de México, 2017-2025 (pesos por día)

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Planeación y Análisis (DGPA), Secretaría de Bienestar, con datos del Banco de México (2024a), consultado en:

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=10&accion=consultarDirectorioCuadros&locale=es (enlace verificado el 10 de diciembre de 2024).

Además de la recuperación gradual del salario mínimo, el 23 de abril de 2021 se publicó el Decreto que reformó la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación.(5) Marcando un hito en la defensa de los derechos laborales al eliminar prácticas abusivas y garantizar condiciones justas para las personas trabajadoras. Este avance se suma a reformas que demuestran el compromiso del Gobierno de México con la justicia laboral, como el reconocimiento del derecho al descanso para quienes laboran de pie, y el establecimiento de derechos laborales para personas trabajadoras del campo y plataformas digitales. Estas medidas no solo representan un avance significativo hacia la dignificación del trabajo, sino que también atienden deudas históricas con las personas trabajadoras del país, en sintonía con los principios de la Cuarta Transformación. La política salarial y laboral del Gobierno de México ha fomentado un entorno de estabilidad laboral y trabajo digno, reafirmando que la prosperidad de una nación comienza con el respeto y la justicia para quienes la construyen día a día.

En lo que refiere a la política recaudatoria, desde el año 2019 se eliminó la compensación universal, se prohibió la condonación de impuestos a nivel constitucional, se tipificó el fraude fiscal como delito grave y se incorporaron las prácticas de comercio digital al marco tributario.(6) De tal manera que, para el año 2023, los ingresos tributarios representaron el 14.2% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo esta participación la más alta de todo el periodo 2019-2024.(7) Visto desde otra perspectiva, para septiembre de 2024 los ingresos tributarios alcanzaron los 3 billones 696 mil millones de pesos, que representan un incremento anual del 10.3% en comparación con el mismo periodo de 2023, superando el crecimiento promedio registrado durante el sexenio (8.3%).(8)

El principal propósito del Gobierno de México detrás del fortalecimiento de la estructura tributaria y del impulso a la actividad económica, es garantizar la implementación de los proyectos, pensiones y programas prioritarios encaminados a construir un sistema de protección social, con el fin de consolidar la transformación de la vida pública del país mediante el acceso a los derechos fundamentales para toda la población mexicana.

El incremento de la inversión social refleja que el Gobierno de México está enfocado en garantizar el acceso universal al bienestar. En cumplimiento del mandato establecido en el PND 2019-2024, las pensiones y programas prioritarios impulsados por el Ejecutivo Federal se orientaron a la construcción de un Estado de Bienestar. Por este motivo, la inversión social se ha dirigido a los grupos históricamente vulnerados, como la población indígena, afromexicana, y la población que reside en zonas con alto y muy alto grado de marginación. La Gráfica 2 muestra la evolución sexenal de la inversión social, en donde se visualiza un crecimiento del 251%, al pasar de $214,105 mdp en 2019, a $750,634 mdp en 2024.

(millones de pesos)

Nota: Las cifras se expresan en millones de pesos corrientes.

Fuente: Elaborado por la DGPA, Secretaría de Bienestar, con datos de la SHCP (2019-2024d), consultado en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos (enlace verificado el 19 de diciembre de 2024).

En materia de los grandes proyectos de infraestructura en la región sur-sureste del país, el Gobierno de México centró sus esfuerzos en obras clave como el Tren Maya, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la planta coquizadora de la refinería de Salina Cruz, la carretera Oaxaca-Puerto Escondido y la refinería Olmeca.(9) Estos grandes proyectos de inversión han tenido como objetivo la reactivación del mercado interno e impulsar la actividad económica en la región, superando los niveles previos a la pandemia de 2020. La Gráfica 3 muestra el comportamiento económico regional durante el periodo de 2018-2024, mostrando que la actividad económica ha crecido hasta un 11.7%, comparando el año de 2019, previo a la pandemia, al 2024; a partir de los datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI.

Gráfica 3. Dinamismo de la actividad económica regional, 2018-2024

(año base 2018)

Nota: El sistema de regionalización utilizado por el Banco de México comprende cuatro regiones: Norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas; Centro Norte: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas; Centro: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán (Banco de México, 2024b) .

Fuente: Elaborado por la DGPA, Secretaría de Bienestar, con datos del ITAEE del INEGI, consultado en: https://www.inegi.org.mx/programas/itaee/2018/ (enlace verificado el 25 de noviembre de 2024).

Como se observa, estos proyectos contribuyen en la construcción de un Estado de Bienestar enfocado en atender las necesidades de todas las personas mexicanas, a partir de la generación de nuevos empleos, la diversificación de las actividades económicas regionales y la creación de polos de bienestar.

En suma, las acciones realizadas en el periodo de 2019-2024 son parte del proyecto de transformación del Gobierno de México, cuyo resultado principal es la disminución en el número de personas en situación de pobreza. Estos cambios también se constatan con la información generada por instituciones internacionales, como el Banco Mundial. En la Gráfica 4, se observa que en 2018 se registraron 35.7 millones de personas con un ingreso inferior a 6.85 dólares diarios, umbral establecido por este organismo internacional para identificar a la población en situación de pobreza. Para 2024, esta cifra se redujo a 26.1 millones, lo que representa una disminución de 9.6 millones de personas en situación de pobreza entre los años 2018 y 2024.

Gráfica 4. Evolución de la población en situación de pobreza, 2018-2024

(número de personas)

Nota: La medición de la pobreza desde la perspectiva del Banco Mundial considera a la población que percibe un ingreso inferior la línea mundial de pobreza, la cual se establece en 6,85 dólares, utilizando precios de 2017. Por lo tanto, se considera que todas las personas que disponen de menos de 6,85 dólares al día viven en condición de pobreza.

*/ Años proyectados por el Banco Mundial.

Fuente: Elaborado por la DGPA, Secretaría de Bienestar, con datos del Banco Mundial, consultado en: https://pip.worldbank.org/furtherindicators-data (enlace verificado el 26 de noviembre de 2024).

Este recuento de las acciones emprendidas por el Gobierno de México destaca los principales resultados en materia de la política de bienestar durante estos cinco años, y anticipa la ruta a seguir en el siguiente periodo de gobierno, cuyo sello distintivo será la consolidación del Estado de Bienestar en todos los ámbitos de la vida social. En este contexto, además de las pensiones y programas prioritarios que reciben las personas a través de transferencias directas sin intermediarios, un pilar clave de la política de bienestar son los Fondos de Aportaciones Federales (FAF) que corresponden a la población y son administrados por los gobiernos locales y de las entidades federativas. Estos recursos son fundamentales para las finanzas públicas de dichos gobiernos y su redistribución contribuye al acceso de los derechos sociales de las personas.

De acuerdo con la LCF, el gasto de los FAF está condicionado al cumplimiento de los objetivos establecidos para cada tipo de aportación. En este sentido, existen ocho FAF que están destinados a solventar las prioridades en materia de educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y el fortalecimiento financiero de las entidades federativas y de los municipios.

En particular, el FAIS tiene como objetivo contribuir al bienestar mediante el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y zonas de atención prioritaria. El FAIS cuenta con recursos equivalentes al 2.5294 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP), distribuido en dos componentes: el Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

La Federación transfiere los recursos del FAIS a los gobiernos locales y a las entidades federativas para que lleven a cabo obras y acciones de infraestructura social básica, categorizadas en ocho rubros de inversión: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación, infraestructura básica del sector educativo, infraestructura básica del sector salud, mejoramiento de vivienda y urbanización. En este sentido, a través de la inversión en infraestructura social básica, se contribuye al ejercicio de los derechos sociales.

Por lo anterior, el artículo 33 de la LCF, mandata a la Secretaría de Bienestar elaborar y publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. El Informe anual 2025 proporciona información estratégica para la construcción de un país más justo, reduciendo las brechas de desigualdad a través de obras de impacto social. Es un reflejo del trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, pues contribuye a la toma de decisiones en cuanto a las políticas públicas y a la planeación estratégica de los recursos del FAIS para que la inversión llegue a quienes más la necesiten.

Para atender las necesidades de información estadística de los gobiernos locales y de las entidades federativas, el Informe anual 2025 se compone de las siguientes secciones:(10)

I.     Información sociodemográfica y económica. En esta sección se analiza la composición sociodemográfica y económica de las entidades federativas, presentando datos sobre la distribución de la población, poniendo énfasis en los grupos sociales históricamente vulnerables, como las personas adultas mayores, niñas y niños, personas con discapacidad, así como las poblaciones indígenas, afromexicanas y campesinas. En cuanto a las características económicas, se examina la población según su acceso a agua entubada, su condición laboral, la percepción de ingresos provenientes del trabajo y su capacidad para adquirir una canasta básica. Estos indicadores son clave para comprender la distribución del ingreso, la cual influye directamente en métricas como el Coeficiente de Gini.

II.     Indicadores de pobreza. En la segunda sección se identifica la población por indicadores de pobreza, vulnerabilidad y no vulnerabilidad, así como por su acceso a carretera pavimentada. Además, se describen las carencias sociales que presentan las entidades federativas.

III.    Indicadores de rezago social. Esta sección presenta información sobre el Grado de rezago social, dado que el FAIS se distribuye en aquellas entidades y municipios con niveles altos o muy altos de rezago. Se presenta un mapa temático de la entidad federativa, distribuido a nivel municipal, así como información tabular que contabiliza el grado de rezago de los municipios y la posición que ocupa la entidad federativa a nivel nacional.

IV.   Planeación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 2024. La cuarta sección presenta la información georreferenciada de la distribución del FAIS en las entidades federativas, mediante un mapa y un gráfico por rubros de inversión durante el periodo. El primero muestra la distribución de los recursos planeados del FAIS en sus dos componentes: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2024, con información de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. Adicionalmente, el gráfico permite realizar un análisis comparativo anual de la planeación del FISE para los años 2022, 2023 y 2024, así como comparar el porcentaje de inversión de los ocho rubros del FAIS.

V.    Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), 2025. Esta sección muestra la información georreferenciada de las ZAP rurales y urbanas de la entidad. La información se basa en la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2025.

El Informe anual 2025 está diseñado para ser una fuente de consulta, respecto a la planeación del FAIS, se digitaliza esta información mediante un código QR y una página de internet que remiten al Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE). Esto permite a los gobiernos localizar las obras por rubro de inversión mediante una herramienta de análisis geoespacial amplia y accesible.

Referencias

Banco de México (BANXICO). (2024a). Salarios mínimos, Laboral, Estructuras de Información, Salarios y productividad. Sistema de Información Económica (SIE). México. Recuperado de: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=10&accion=consultarDirectorioCuadros&locale=es

Banco de México (BANXICO). (2024b). Reportes sobre las economías regionales, México, Recuperado de: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7B197A83BF-E06D-7365-A7DD-3DE6AAD186E1%7D.pdf

Banco Mundial. (2024). Poverty and Inequality Platform, México. Recuperado de Further Indicators & Data: https://pip.worldbank.org/furtherindicators-data

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2023). Medición de la Pobreza, Anexo Estadístico de Pobreza en México 2022. México. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2022.aspx

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. México. DOF 08/05/2020. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593045&fecha=08/05/2020#gsc.tab=0

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral. Presidencia de la República. México. DOF 23/04/2021. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616745&fecha=23/04/2021#gsc.tab=0

Esquivel, G. (2023). La pobreza laboral en México, a la baja, en ECONOMÍAUNAM, núm. 59, vol. 20 (mayo-agosto), págs. 15-36. México, Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía.

Gobierno de México. (2024). 6to Informe de Gobierno 2023-2024. Recuperado de: https://www.gob.mx/amlo/documentos/sexto-informe-376444

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, base 2018. México. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/itaee/2018/

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Ley General de Desarrollo Social. Secretaría de Desarrollo Social. México. DOF 20/01/2004. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDS.pdf

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Presidencia de la República. México. DOF 12/07/2019. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc.tab=0

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2024a). Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Pre-Criterios Generales de Política Económica 2025. México. Recuperado de: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2025.PDF

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2023). Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2024. México. Recuperado de: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2024.pdf

_____________________________________

1     Con la reforma del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), se garantiza que las pensiones no contributivas para las personas adultas mayores y los apoyos para personas con discapacidad sean una obligación del Estado.

2     Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Medición de la Pobreza, Anexo Estadístico de Pobreza en México 2022. México, 2023, https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2022.aspx

3     Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2024. México, 2023, p. 4, https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2024.pdf

4     Esquivel, G, La pobreza laboral en México, a la baja, ECONOMÍAUNAM, núm. 59, vol. 20 (mayo-agosto), México, 2023, p. 29.

5     Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de abril de 2021. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616745&fecha=23/04/2021#gsc.tab=0

6     SHCP, Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Pre-Criterios Generales de Política Económica 2025, México, 2024a, p. 3, https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2025.PDF

7     SHCP, Ingresos presupuestarios del sector público, porcentajes del PIB, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, México, 2024b, http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp

8     SHCP, Ingresos presupuestarios del sector público, millones de pesos, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, México, 2024c, http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp

9     Gobierno de México, 6to Informe de Gobierno 2023-2024, México, 2024, p. 359, https://www.gob.mx/amlo/documentos/sexto-informe-376444

10    A nivel municipal, las secciones son las siguientes: I. Información sociodemográfica y económica, II. Indicadores de pobreza, III. Indicadores de rezago social y IV. Planeación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente FAISMUN, 2024.