¡Alarma ambiental frente al avance de minería ilegal en oro y en cobre! | EL MONTONERO
Diversos informes señalan que la minería ilegal en oro ya afecta a más de 22 ríos y cinco regiones de la Amazonía, dejando efectos devastadores en el medio ambiente por varios años e, incluso, décadas. Por ejemplo, el mercurio que se utiliza en la minería ilegal y luego se arroja a los ríos, se sedimenta en los cauces, se traslada a la flora que los peces consumen. Así llega el mercurio a los consumidores.
Si a la barbarie que se desata en la Amazonía le sumamos la tragedia en la provincia de Pataz, en donde el Estado se muestra impotente para frenar la alianza entre los mineros ilegales y el crimen organizado, las cosas se complican en extremo. Más de 12,000 camiones se movilizaron el año pasado en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, transportando el mineral robado a las empresas formales, no obstante el estado de emergencia en la señalada provincia. Más de dos decenas de trabajadores de las empresas modernas asesinados por los pistoleros del crimen organizado revelan el nivel de violencia en la zona. Sin embargo, las muertes y los derribos de las torres eléctricas esconden la devastación ambiental que deja la minería ilegal.
En el corredor vial del sur las invasiones a la concesión de Las Bambas y el reciente ataque a un sector de la operación del proyecto Los Chancas, operaciones mineras en la región Apurímac, revelan que la minería ilegal en cobre se convierte en otra devastadora amenaza para la viabilidad del Estado de derecho y, por supuesto, para el medio ambiente. Si las instituciones del Estado de derecho, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la policía nacional (PNP) no asumen su papel en la lucha contra la minería ilegal todo irá de mal en peor. La onza de oro sobrepasa los US$ 2,000 y la libra de cobre ha llegado hasta los US$ 5.
Considerando que más del 80% de la cartera minera del Perú de más de US$ 62,000 millones está en proyectos de cobre, ¿qué significa la ofensiva violenta de la minería ilegal en el corredor vial del sur? Es evidente que se pone en peligro alrededor del 40% de la producción nacional del metal rojo, una actividad vital para la recaudación fiscal, el presupuesto de los gobiernos subnacionales y la generación de empleo formal.
La expansión de la minería ilegal en cobre tiene que ver con que se ha comenzado a alcanzar rentabilidad en la actividad. ¿Cómo así? A través de un método de lixiviación artesanal que destruye el medio ambiente, que dejará secuelas en las poblaciones andinas por varias décadas.
Este método consiste en mezclar las toneladas de mineral que se roba de las concesiones formales con ácido sulfúrico y chatarra de acero con el objeto de extraer una tierra que contiene hasta 70% de cobre. De allí que en el corredor vial del sur se contabilicen hasta más de 300 volquetes que transportan la tierra procesada hasta las plantas de beneficio que procesan el producto de la minería ilegal. El terrible y devastador problema: los desechos de esta operación se arrojan a lugares cercanos a las operaciones y a los ríos.
En los próximos meses los progresistas de las oenegés anticapitalistas que desarrollaron todos los relatos en contra de la minería moderna que preserva el medio ambiente con el objeto de bloquear y detener operaciones mineras –objetivos que consiguieron– se verán obligados a condenar la devastación ambiental que deja la minería ilegal. En ese camino tendrán que defender a la minería moderna porque si no lo hacen se les verá el fustán: nunca fueron defensores del medio ambiente sino simples activistas anticapitalistas.
Por otro lado, el Estado y las instituciones democráticas tendrán que comprender que detener el avance de la minería ilegal es un objetivo central para preservar la democracia, tal como alguna vez lo representó la lucha contra el terrorismo colectivista en los ochenta.
