Seguridad jurídica y minería – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Recientemente, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que se procura modificar la Ley de Minería 146-71, con el interés de que “propicie la continuidad del desarrollo económico que aporta el sector y que la actividad se realice con la responsabilidad y la sostenibilidad ambiental que se requieren, para el bienestar de las comunidades mineras”.
Ahora bien, medios locales del país han publicado desde hace unos días que, la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, estudia la revisión del contrato entre la empresa minera Barrick Gold y el Estado, propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. El Gobierno solicita a dicha Cámara, que analice lo concerniente al costo operacional, puesto que el precio de onza de oro ha incrementado.
En ese tenor, cabe preguntarse, ¿es pertinente hablar de modernización de la ley para tomar en cuenta nuevos aspectos e insertar buenas prácticas en materia de minería y, a la vez, someter constantemente a revisión los contratos firmados entre el Estado y empresas mineras? Si bien es cierto que el Poder Legislativo debe jugar su rol de fiscalizador y de hacedor de la ley, también la prudencia es buena consejera para no acosar la inversión extranjera que tantos frutos ha dado a la República Dominicana.
Asimismo, para que se tenga una idea de qué tan importante para la economía local resultan las exportaciones y lo que representa la minería en este tenor, hay que destacar que según el Banco Central dominicano, en 2024, las exportaciones totales se cuantificaron en trece mil ochocientos cincuenta y tres mil (US$13,853) millones de dólares, representando la minería el 43.3% de las mismas, es decir, prácticamente seis mil millones de dolares (US$ 6,000).
Por consiguiente, lo que el Estado dominicano debe hacer, es actuar con cautela, porque resulta incoherente que, por un lado, se promueva la modernización de la legislación minera del país, mientras que por otro, se procure una renegociación contractual sin conocerse detalles sobre cuáles aspectos de índole tributario y legales impactaría a las empresas mineras ya establecidas desde hace tiempo en territorio dominicano.
Además, lo ideal es que el Congreso Nacional se aboque a conocer proyectos que ya han sido identificados con vocación minera, con la finalidad de aprovechar las oportunidades de esta importante actividad economica, como bien sostuvo Juana Barceló, presidente de Barrick Pueblo Viejo, ya que no solo traería beneficios para las comunidades aledañas, sino que, en términos cuantitativos, resulta ser fundamental para el desarrollo económico del país. Hay que recordar que la empresa GoldQuest espera autorización del Estado para llevar a cabo un estudio de impacto ambiental en el proyecto Romero, en San Juan de la Maguana.
En fin, se hace necesario que los representantes del Estado dominicano concerten reuniones con el sector minero, los representantes de las comunidades, así como cualquier otros interesados, con el propósito de discutir una normativa que garantice los procesos relacionados a los estudios de impacto ambiental, para que sean accesibles, ágiles y transparentes, tal como ha señalado el presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE).
