Mapa de un terremoto: geografía del desastre y cartografía del conflicto en Birmania

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Birmania el 28 de marzo de 2025 mostró cómo, en un país territorialmente fragmentado, un desastre natural puede convertirse en un multiplicador de crisis.

«Con cerca de 3.000 muertos, el seísmo expuso no solo la vulnerabilidad física del territorio, sino también las limitaciones estructurales para articular una respuesta coordinada»

Con cerca de 3.000 muertos, miles de heridos y decenas de miles de desplazados, el seísmo expuso no solo la vulnerabilidad física del territorio, sino también las limitaciones estructurales para articular una respuesta coordinada en un espacio disputado por múltiples actores.

Un territorio fragmentado y golpeado por una guerra civil

Birmania (unos 650.000 km², una extensión similar a la de Francia metropolitana) es un país de gran diversidad étnica y complejidad territorial. Con más de 135 grupos étnicos oficialmente reconocidos y una población superior a los 55 millones, su geografía política está marcada por una división histórica entre el centro, dominado por la mayoría bamar —budista theravâda y mayoritaria (68%)— y las periferias, donde se concentran minorías como los Chin (2,5%), Shan (9%), Kachin (1,5%), Rakhine (4%) y rohinyás. En muchos casos, estas diferencias étnicas se entrelazan con adscripciones religiosas —budismo, cristianismo e islam— que refuerzan mecanismos de exclusión y pertenencia. Las zonas periféricas, a menudo montañosas y de difícil acceso, han concentrado conflictos armados intermitentes desde la independencia en 1948, muchos vinculados a demandas de autonomía y control territorial. La superposición entre identidades étnico-religiosas, ocupación del espacio y fronteras administrativas constituye uno de los principales factores de inestabilidad del país.

Recordemos el caso de los rohinyás, una minoría musulmana suní asentada históricamente en el estado de Rakhine, excluida de la ciudadanía birmana desde 1982. Considerados apátridas por el Estado y blanco de una campaña militar especialmente brutal en 2017, su desplazamiento masivo a Bangladesh —más de 700.000 personas— sigue sin resolución. Este caso ilustra cómo la definición oficial de la identidad nacional, fuertemente asociada a la etnicidad bamar y al budismo, ha servido para justificar procesos sistemáticos de exclusión y desposesión territorial.

«Algunas estimaciones indican que la junta controla menos del 40% del territorio nacional»

Estas tensiones históricas, acumuladas durante décadas, se intensificaron con el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, que interrumpió el proceso de apertura iniciado en 2011 y consolidó un régimen autoritario liderado por el general Min Aung Hlaing. Desde entonces, el país atraviesa una guerra civil de baja intensidad, pero extendida territorialmente, donde el poder real del Estado central está fuertemente disputado.

Algunas estimaciones indican que la junta controla menos del 40% del territorio nacional. El resto está en manos de fuerzas insurgentes étnicas o del movimiento de resistencia articulado por el Gobierno de Unidad Nacional (NUG) y sus milicias asociadas. Estas fuerzas opositoras, que cuentan con el respaldo de parte de la diáspora birmana y con apoyo diplomático informal de países como Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea, han establecido estructuras administrativas paralelas en ciertas regiones. En varias zonas rurales, especialmente en los estados de Chin, Kayah y partes de Sagaing, la administración civil, la justicia local y los servicios básicos están gestionados por autoridades leales al NUG o por coaliciones de actores locales que desafían la autoridad de la junta.

El terremoto ha afectado de forma heterogénea a las distintas regiones del país, acentuando dinámicas de vulnerabilidad ya existentes. Zonas como Sagaing y Mandalay, de alta densidad de población y ubicadas en el corredor central del país, han sido de las más castigadas por la intensidad del sismo y por la debilidad de sus infraestructuras. Estas regiones desempeñan un papel estratégico tanto desde el punto de vista económico como logístico, ya que concentran una parte significativa de las rutas comerciales internas, así como de los servicios sanitarios y servicios administrativos.

Sin embargo, su localización las sitúa en zonas de fuerte presencia insurgente y, en particular, en áreas donde las milicias del NUG y otras fuerzas étnicas mantienen posiciones frente al ejército birmano. La dificultad para establecer corredores humanitarios seguros se agrava por esta fragmentación del control territorial, que complica tanto la planificación como la ejecución de los esfuerzos de asistencia en un escenario ya con fuertes tensiones por la confrontación armada. Entre 2020 y 2023 se registraron 1.617 incidentes que afectaron a infraestructuras sanitarias, desde bombardeos y saqueos hasta ocupaciones militares de hospitales, particularmente en zonas bajo control opositor. Esta estrategia de guerra prolonga la exclusión médica en regiones periféricas, donde el seísmo ha tenido efectos especialmente devastadores.

Desde el punto de vista estructural, Birmania muestra una gran vulnerabilidad, que no solo deriva de sus condiciones geográficas, sino también de la persistente desigualdad territorial. Las zonas montañosas del oeste y noreste, donde se concentran muchas minorías étnicas, presentan déficits crónicos en servicios públicos, conectividad y presencia estatal.

Aunque el país registró una tasa de crecimiento económico sostenida (cercana al 6% anual entre 2011 y 2019) en la década anterior al golpe, la regresión institucional, la pandemia y el aislamiento internacional han deteriorado notablemente las condiciones socioeconómicas. Hoy, más del 60% de la red vial permanece sin pavimentar, y solo tres de cada cuatro personas tienen acceso a servicios básicos de saneamiento. En este sentido, la combinación de topografía accidentada, infraestructuras precarias y un tejido institucional debilitado multiplica el impacto de eventos extremos como el actual terremoto.

Una ayuda condicionada por el contexto geopolítico

La respuesta internacional ha sido rápida en términos de presencia y declaraciones, pero limitada en su alcance operativo y eficacia logística, profundamente condicionada por las dinámicas locales y el contexto geopolítico regional. Países vecinos como China, India y Tailandia han enviado asistencia humanitaria, al igual que algunas agencias multilaterales.

«La forma en que se gestiona ahora la ayuda internacional se convierte no solo en una cuestión humanitaria, sino también en un indicador de las dinámicas de influencia regional»

Sin embargo, la coordinación se ve dificultada por las condiciones impuestas por la junta militar, que restringe el acceso a determinadas zonas y prioriza los envíos a regiones bajo su control. Esta situación ha generado retrasos significativos en la distribución de ayuda y ha motivado que algunas organizaciones humanitarias operen desde bases en países vecinos, como Tailandia, para sortear los obstáculos logísticos y políticos. Por su parte, algunas alianzas de grupos armados étnicos, como la Alianza de las Tres Hermanas en el noreste del país, han anunciado pausas temporales en sus operaciones para facilitar la entrada de ayuda en zonas afectadas bajo su control. No obstante, la situación en el terreno continúa siendo extremadamente volátil, marcada por la desconfianza mutua entre actores, la inseguridad en las rutas y la falta de un marco estable de coordinación humanitaria.

La catástrofe ha añadido nuevas capas de complejidad al posicionamiento internacional de Birmania. El régimen militar ha intentado instrumentalizar la crisis para proyectar una imagen de control interno y recuperar legitimidad frente a actores regionales clave. Esta estrategia recuerda, en cierta medida, al modo en que Marruecos gestionó la respuesta internacional tras el terremoto de Al Hauz en 2023, cuando priorizó la ayuda de aliados estratégicos. En el caso birmano, sin embargo, la diferencia estriba en la falta de reconocimiento internacional y en la fragmentación del control territorial, lo que limita la capacidad del régimen para articular una narrativa convincente.

Este escenario se enmarca en una configuración geopolítica regional más amplia. Myanmar se sitúa en un punto estratégico entre India y China, y es un nodo clave para corredores económicos y comerciales. El Corredor Económico China-Myanmar (CMEC) busca conectar la provincia de Yunnan (394.100 km² y más de 48 millones de habitantes) con el golfo de Bengala, mientras que India impulsa su propia estrategia de conectividad a través de la bahía de Bengala. Ambos actores han realizado inversiones significativas en infraestructuras dentro del país y observan con preocupación la prolongación del conflicto.

A ello se suma la ambigüedad de la ASEAN, cuyas iniciativas diplomáticas —como el llamado «consenso de cinco puntos», adoptado en abril de 2021 tras el golpe de Estado— han tenido un alcance limitado. Este plan, concebido como una hoja de ruta regional, incluía el cese inmediato de la violencia, el inicio de un diálogo inclusivo y el acceso humanitario, entre otros objetivos. Sin embargo, la junta militar ha ignorado sistemáticamente estos compromisos, y la ASEAN, limitada por su principio de no injerencia y la falta de consenso interno, no ha logrado traducir esa propuesta en una mediación efectiva. La forma en que se gestiona ahora la ayuda internacional, y quien logra imponer sus condiciones logísticas y diplomáticas, se convierte así no solo en una cuestión humanitaria, sino también en un indicador de las dinámicas de influencia regional.

Cartografiar el conflicto: anticipar los riesgos desde el análisis territorial

En este contexto, la cartografía y el análisis geográfico no son herramientas neutras ni meramente técnicas. Constituyen medios clave para interpretar la estructura del territorio, identificar lógicas de control y orientar respuestas operativas. Un mapa preciso no solo ilustra la localización de los impactos físicos, sino que también traduce configuraciones de poder, corredores potenciales para la asistencia, zonas de tensión y regiones donde la población enfrenta mayores niveles de vulnerabilidad.

«Los desastres naturales no se despliegan sobre un vacío institucional o político. Afectan territorios ya estructurados por desigualdades, disputas y vulnerabilidades diferenciadas»

Integrar variables espaciales como factores políticos, geográficos, sociales y económicos permite diseñar intervenciones mejor adaptadas a los condicionantes reales que se encontrarán sobre el terreno. Más allá de la emergencia, crisis como esta cuestionan los marcos tradicionales de gestión del riesgo. En escenarios geopolíticamente fragmentados, las metodologías centradas exclusivamente en parámetros geográficos clásicos o límites administrativos resultan insuficientes. Es imprescindible incorporar otras dimensiones, como las representaciones divergentes del territorio, los sistemas informales de autoridad o la coexistencia de múltiples formas de soberanía local. Comprender estas dinámicas y cómo se proyectan espacialmente es esencial para anticipar posibles bloqueos, alianzas o conflictos derivados de la intervención externa.

El caso birmano muestra con claridad que los desastres naturales no se despliegan sobre un vacío institucional o político. Afectan territorios ya estructurados por desigualdades, disputas y vulnerabilidades diferenciadas.

Comprender Birmania hoy implica, por tanto, trazar un mapa donde confluyen múltiples elementos geográficos y diversos actores con estrategias opuestas, que se superponen a distintos niveles espaciales: locales, nacionales e internacionales. En este marco, el territorio no puede entenderse solo como un soporte físico, sino como un espacio disputado y dinámico, que evoluciona. Por ello, el análisis geográfico y geopolítico, junto con su representación cartográfica, constituyen herramientas estratégicas clave para orientar la toma de decisiones de cualquier actor que se proyecte sobre un territorio y necesite anticipar escenarios de riesgo.

Nota: La fecha del terremoto mencionada en el texto (28 de marzo de 2025) es hipotética, ya que el texto original parece proyectar un evento futuro para ilustrar sus puntos. La información sobre la situación política y el conflicto en Myanmar refleja las condiciones hasta aproximadamente principios de 2024-2025, pero la dinámica del país es muy cambiante. La fecha actual es 7 de abril de 2025.