Impactos de proyectos chinos en Perú – Dialogo-Americas.com
Los proyectos de China en Perú aceleran las tensiones con los residentes locales, y tienen gran impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Los casos se dan principalmente donde hay mayor inversión y explotación por parte de China, como en la minería y las infraestructuras.
Quizás el caso del Puerto de Chancay sea el más destacado. Recientemente inaugurado en noviembre de 2024 y aclamado como un hito en las infraestructuras de Perú, el megapuerto de Chancay, propiedad mayoritaria de la empresa estatal china COSCO, produce importantes críticas por su negativo impacto ambiental y social. La construcción no sólo dañó el humedal protegido de Santa Rosa, un ecosistema vital para varias especies de aves, sino que también destruyó la vida y el hábitat marinos con su proceso de dragado, privando a los pescadores de las aguas de las que dependían para su sustento.
A lo largo de la construcción del megapuerto, los residentes locales también expresaron su preocupación por la contaminación atmosférica y acústica y la falta de implicación de la comunidad por parte de la empresa china, cuyas obras dañan viviendas y carreteras debido a las detonaciones y explosiones para construir la infraestructura. La construcción del puerto también perjudica al turismo en Chancay, ya que altera las corrientes de agua, afectando las condiciones para la práctica del surf, y contribuye a la erosión de las playas.
“Chancay es un proyecto muy simbólico e importante para China. Incluso, asistió a la inauguración Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Es un mega desarrollo con profundos impactos, especialmente en las comunidades más vulnerables, como las de pescadores”, dijo a Diálogo Laura Waisbich, directora adjunta de Programas del Instituto Igarapé, un laboratorio de ideas brasileño independiente, dedicado a integrar las agendas de seguridad pública, clima, digital y espacio cívico.
En un informe de 2025 para el Instituto de Paz de los Estados Unidos, Juan Pablo Cardenal, investigador asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de Latinoamérica, con sede en Argentina, analizó una serie de proyectos chinos en países de la región.
“La presencia económica de China en Perú se basa en dos pilares: la inversión y el comercio, fundamentalmente vinculados a la minería. Aunque este sistema genera comercio, ingresos fiscales, empleo e infraestructura, muchos proyectos de empresas estatales chinas están rodeados de polémica”, señala el informe. “Varios proyectos mineros chinos en Perú han provocado indignación por sus impactos ambientales, sociales o laborales”.
En toda Latinoamérica, “se observa un patrón de incumplimiento por parte del Estado chino, de las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales”. El informe también destaca la negativa recurrente de las autoridades chinas a interactuar con la sociedad civil local, para abordar los problemas o mejorar la mala reputación de las empresas chinas, en materia de responsabilidad social corporativa.
La ciudad de Nueva Morococha es un ejemplo de ello. En 2013, la empresa minera china Chinalco reubicó, a 12 kilómetros de distancia, a todo un pueblo de 5000 habitantes, para tener espacio para explotar una mina de cobre. La medida, promocionada en su momento como una solución para proteger a los residentes de la contaminación y la degradación medioambiental, derivadas de las prácticas mineras, más de una década después resultó ser una tragedia.
Chinalco prometió reasentar a los habitantes en una nueva ciudad “construida desde cero”; prometiendo proporcionar buenas viviendas, puestos de trabajo locales y centros educativos y sanitarios, pero la empresa no cumplió. El nuevo emplazamiento está aislado de la autopista central, se instaló en una zona de marismas propensa a las inundaciones, y la población lucha contra la pobreza y el desempleo. Las familias que se quedaron en el antiguo emplazamiento de Morococha, se enfrentan a diario al acoso de Chinalco para que lo abandonen, así como a los constantes temblores, el polvo y el ruido de las explosiones.
Joselyn Jaua, periodista peruana que cubre el medio ambiente y las comunidades de la región, explicó a la plataforma de activismo social Global Voices, que las políticas de Chinalco han tenido un profundo impacto tanto en Vieja Morococha como en Nueva Morococha: “El aumento de la pobreza es notorio tanto para los reubicados como para los no reubicados”.
La mina de cobre de Las Bambas, en la provincia peruana de Cotabambas, propiedad de China Minmetals Corporation, que cuenta con un historial de protestas en su contra, organizadas por las comunidades locales desde que inició sus operaciones en 2016, se enfrenta a un renovado descontento de los residentes locales que, a lo largo de 2024, bloquearon la principal ruta de transporte para los vehículos mineros, en un intento de que la empresa atendiera sus demandas de mejores condiciones de vida. Entre las quejas estaban el pago de indemnizaciones por contaminación acústica, por polvo y por reivindicaciones laborales, informó Diálogo Tierra.
Años antes, la empresa estatal china Shougang, que comenzó a explotar una mina de hierro en San Juan de Marcona, a finales de la década de 1990, sentó quizá un precedente de las acciones y controversias que rodearían a las empresas chinas en Perú. “El largo conflicto con Shougang por los salarios, la contaminación ambiental y el trato de la empresa a los residentes del pueblo, no encaja bien con la visión festiva de China, sobre su creciente perfil en Latinoamérica”, escribió The New York Times en 2010.
Los trabajadores no sólo se quejaban de los bajos salarios, sino que también denunciaban que Shougang había vertido residuos químicos al mar. Más recientemente, en 2023, los trabajadores peruanos denunciaron que eran tratados como esclavos. En lugar de invertir los 150 millones de dólares prometidos en la mina y en las infraestructuras de la ciudad, la empresa optó por pagar una multa de USD 14 millones al Gobierno peruano por no haberlo hecho.
El informe del Colectivo sobre Financiación e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Medio Ambiente, una coalición de ONG, concluye que las tres empresas mineras chinas violaron los derechos humanos de las comunidades peruanas del interior del país.
Para Isaac Kardon, investigador de estudios sobre China en el Carnegie Endowment for International Peace, de Washington, “Latinoamérica y el Caribe se sienten a menudo atraídos por las inversiones en infraestructuras de China. Pero tienen un precio, porque a través de ellas consolida el acceso a los recursos; captura a las élites; gana influencia sobre los gobiernos; cambia las políticas nacionales a su favor, y socava las normas democráticas, la transparencia y los estándares medioambientales”.
“China es uno de los mayores socios económicos de los países de la región, como comprador de materias primas y como inversor”, afirma Waisbich. “El poder del mercado chino resta vigor al comercio regional. También hemos asistido a una desindustrialización (o reprimarización económica) en algunos países. En el caso de sectores estratégicos para la transición ecológica, como las energías renovables y los vehículos eléctricos, vemos una creciente dependencia tecnológica de China (incluso cuando los países de la región participan en cadenas de producción, como la procedencia de minerales)”, concluye.
