Comida chatarra en las escuelas, los lastres de la política neoliberal – Pie de Página
Aunque la última propuesta del gobierno Federal daba pistas de atender la obesidad desde las escuelas, las últimas acciones de Mario Delgado reflejan que la actual administración repite el modelo neoliberal al permitir que ConMéxico, vinculado a Coca-Cola y Bimbo, incida en la alimentación escolar
Texto: Alejandro Ruiz
Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO. – El secretario de Educación, Mario Delgado, está echando atrás la eliminación de los alimentos chatarra de las escuelas de México.
El programa, que inicialmente pintaba como avanzada, ahora quedó bajo la asesoría del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (ConMexico), el mismo que en sexenios anteriores se opuso a las restricciones a las empresas de la industria alimentaria y las invitó a participar en campañas dentro de las escuelas.
¿Cuál es la historia de ésta interferencia del sector empresarial en la salud pública? ¿Cuánto daño han hecho al país? Los orígenes se remotan a la imposición del neoliberalismo, el modelo económico que el actual gobierno dijo erradicar.
País desnutrido, a país con obesidad
En los albores del siglo XX México transitó de un país con graves problemas de desnutrición (especialmente en niños y zonas rurales) a uno con un aumento explosivo de la obesidad, que se convirtió en la principal crisis de salud pública a partir de los años 90.
De acuerdo al informe «Evolución histórica de la situación nutricional de la población y los programas de alimentación, nutrición y abasto en México» elaborado por el Coneval en 2006, de 1940 a1960 el país tenía una alta prevalencia de desnutrición, especialmente en zonas rurales e indígenas.
Particularmente en menores de edad, los estudios recopilados en el informe daban cuenta que hasta 1976, el 53 por ciento de los menores de 1 a 3 años mostraron dietas deficientes en energía y proteínas, mientras que el 33 por ciento de 4 a 6 años tenía déficit de peso.
Entre 1958 y 1976 el informe reveló que algunos estudios apuntaban a que existía un problema grave de desnutrición en preescolares, con prevalencias de hasta el 38.7 por ciento en el sureste mexicano.
No obstante, para inicios de la década de los 90, las instituciones de salud pública comenzaron a ver un cambio en esta tendencia, principalmente, según el informe de Coneval, gracias a programas sociales como Progresa y Oportunidades, implementados en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox.
Por ejemplo, para 2006, la desnutrición crónica en menores de 5 años bajó al 12.7 por ciento, mientras que en 1988 la estadística era del 22.8 por ciento. En el caso de la desnutrición aguda (emaciación), ésta disminuyó del 6% (1988) al 1.6% (2006).
Sin embargo, en 1990 el país comenzó a ver un crecimiento acelerado en los índices de obesidad. Un ejemplo, las mujeres de entre 20 y 49 años, de las cuales, para 1988, solo el 9.5 por ciento tenía esta condición, mientras que para el 2006 llegó hasta el 32.4 por ciento.
Para finales de 2006, más del 65 por ciento de la población presentaba sobrepeso u obesidad.
Este cambio refleja transformaciones socioeconómicas, dietéticas y en los estilos de vida, influenciados, principalmente, por la apertrua y captura de los mecanismos gubernamentales para el diseño de políticas de salud pública a manos de las empresas transnacionales.
Un problema estructural, administrado por las empresas
En 2022, según el Atlas Mundial de Obesidad, México ocupó el quinto lugar en obesidad a nivel mundial. Ese mismo año, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro país ocupó el segundo puesto en obesidad entre los países miembros.
Ese mismo año, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 (Ensanut) señaló que las personas con obesidad tienen mayor prevalencia a enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares o depresión.
Las enfermedades cardiovasculares, junto con la diabetes mellitus, fueron justamente las dos primeras causas de muerte en México en 2023, según las Estadísticas de Defunciones Registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Entre las causas de la obesidad, además de la alimentación, la Ensanut explica que la obesidad en México también se relaciona con el rezago educativo y las condiciones de pobreza.
Es decir, la obesidad es un problema estructural, y las políticas para erradicarla también deberían serlo, aunque están interferidas por la industria que siguen manteniendo un gran negocio con ella, como demostró la Organización Panamericana de la Salud, cuando aseguró que cada persona en este país compra anualmente 212 kilogramos de productos ultra procesados, convirtiendo a México en el país que tiene la mayor venta y distribución de estos productos en América Latina.
Actualmente, además de las empresas transnacionales como Coca Cola, Pepsico, Danone o Nestlé, México ha desarrollado una industria nacional de ultraprocesados encabezada por empresas como Grupo Bimbo, Grupo Industrial Lala, Gruma, Grupo Herdez y Grupo Minsa.
Todas ellas fueron férreas opositoras a la creación de la Norma Oficial Mexicana 051 en 2020, la cual amplió las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados, e información comercial y sanitaria, imponiendo a las empresas sellos en sus productos que informan a las y los consumidores sobre la cantidad de grasas, azúcares y sodio en sus productos.
Y también fueron opositoras a la aprobación de la Ley General de Alimentación, congelada en el Congreso de la Unión desde 2014.
Todas ellas, a su vez, integrantes del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C.
Mismo modelo, diferentes actores
Entre 1988 y 2011, Enrique de la Madrid Cordero fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (ConMexico), donde se agrupan empresas como Coca-Cola, Pepsico, Bimbo, Maseca, Danone, Herdez y La Costeña.
El nombre de la Madrid es clave para entender los vínculos de la industria alimentaria en el sector educativo. En años recientes, por ejemplo, este empresario ha defendido a la industria alimentaria con el argumento de que el combate a la obesidad debe partir de la educación y no de las restricciones, esto, en el marco del debate sobre los impuestos a la comida chatarra y el de la prohibición de la venta de productos procesados en las escuelas. También tiene posicionamientos claros en materia de salud pública, que incluyen servicios de salud públicos descentralizados.
En 2011, cuando de la Madrid regresó a su cargo directivo en el ConMexico después de ser director de Financiera Rural durante el sexenio de Felipe Calderón, el Consejo impulsó una cruzada contra la obesidad infantil que, de acuerdo a él mismo, no trataba “de buscar culpables fáciles, sino de asumir que hay un problema. Tratar de incidir sobre el conocimiento de lo que es nutritivo y fomentar la actividad física”.
Esta cruzada fue el preámbulo para el diseño de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes del sexenio de Enrique Peña Nieto, mismo en el que de la Madrid ocupó el cargo de Secretario de Turismo.
La estrategia, deficiente y genérica, además planteaba la cooperación con organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y el sector empresarial, como el ConMexico y otros, a quienes les adjudicaron la tarea de desarrollar campañas y material didáctico para fomentar hábitos más saludables.
La política impulsada por empresarios como de La Madrid tiene hondas raíces en sexenios anteriores que diseñaron el desmantelamiento del sistema de salud pública en México mientras fortalecían sus vínculos con la industria alimentaria, como demostraron Pie de Página y Empower en un reportaje que analizó los perfiles de políticos con estas características que participaban en la elección presidencial de 2024.
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Este es el caso, por ejemplo, de Juan Ramón de la Fuente, actual canciller, quien fue secretario de Salud durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000). Durante su periodo al frente de la Secretaría de Salud, se implementaron cambios sustanciales en el sistema de salud pública que atendían a las recomendaciones del Banco Mundial e ideas desarrolladas por la Fundación Mexicana para la Salud, A.C. (Funsalud), una asociación integrada por distintas empresas mexicanas como Grupo Empresarial Ángeles con Olegario Vázquez Aldir, hijo del también empresario Olegario Vázquez Raña; Grupo Nacional Provincial (BMV:GNP) con Alejandro Baillères; Grupo Financiero Inbursa (BMV:GFINBUR) con Marco Antonio Slim; y Kimberly-Clark de México (BMV:KIMBER) con Claudio X. González.
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Los cambios impulsados durante la gestión de Juan Ramón de la Fuente, además de la estrategia Progresa, incluyeron la descentralización de los servicios de salud para la población que no contaba con cobertura y la reforma al sistema de pensiones (Ley del IMSS de 1995), que implicó la privatización del sistema de retiro y la creación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Después de su paso por el servicio público, el también exrector de la UNAM ocupó cargos en instituciones privadas ligadas a la salud y con vínculos con empresas clave en los sectores de salud y alimentos.
Por ejemplo, entre 2014-18, fue presidente del consejo del Aspen Institute de México (IAM). Durante su periodo al frente del IAM, de la Fuente participó en la creación del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT), al cual el IAM se integró como colaborador y brindó apoyo técnico y financiero. En este mismo periodo, de la Fuente presidió el Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza de México, creado por la Cámara de la Cerveza y de la Malta (Cerveceros de México), para promover la investigación sobre las propiedades nutricionales de la cerveza y las ventajas para la salud de su consumo moderado. Entre 2014-18, también fue miembro propietario del consejo directivo de Médica Sur.
Al sexenio siguiente, otro personaje aparecería en la lista: Julio Frenk.
Frenk, fue titular de la Secretaría de Salud en el gobierno de Vicente Fox (2000-06), periodo en el que instauró el Seguro Popular, basándose en su estudio “Economía y Salud”, que fue financiado por Funsalud, un “think thank” de especialistas e investigadores que diseñan políticas y recomendaciones en materia de salud pública, y que está financiado, entre otros, por Laboratorios Pfizer, la farmacéutica Roche, y empresarios como Claudio X. González.
Julio Frenk es miembro socio de Funsalud, y como él, al menos otros 4 exsecretarios de salud han estado vinculados a esta asociación, dos de ellos, inclusive, fueron Presidentes Ejecutivos: Guillermo Soberón Acevedo, quien fue secretario de salud en el sexenio de Miguel de la Madrid, y Mercedes Juan López, secretaria de salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Entre otros miembros de su consejo directivo se encuentra Carlos Slim, quien hasta 2013 era, a través de Grupo Carso, el mayor accionista mexicano en la industria del tabaco, con el 80.9% de las acciones de Citagam, una empresa que fabricaba los productos de Philip Morris, en la cual Carso contaba con una participación accionaria de 40.9%.
Esto es particularmente importante, pues en 2002, Julio Frenk encabezó un acuerdo con empresas tabacaleras para que éstas aportaran un peso al Seguro Popular por cada cajetilla de cigarros que vendían. El acuerdo, aunque no prosperó, fue criticado por las organizaciones independientes en defensa de la salud pública. Acusaban que en realidad sólo limitaba las restricciones en publicidad y mensajes de advertencia sobre el tabaquismo. En 2007, Julio Frenk se convirtió en el presidente ejecutivo del Instituto Carso de la Salud (2007-08).
Al sexenio siguiente, Josefina Vázquez Mota ocuparía la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Desde su cargo, se opuso a la prohibición de la venta de productos procesados en las escuelas y firmó diversos convenios con empresas como Coca-Cola y Pepsico. Estos convenios formaron parte de la Alianza por la Calidad Educativa, una reforma educativa del periodo de Felipe Calderón, la cual, entre otras cosas, permitió a las empresas de alimentos y bebidas ultra procesadas que hicieran publicidad en las escuelas públicas a cambio de donativos de material y apoyo a programas de deporte.
Delgado replica el patrón
Integrantes del magisterio democrático agrupado en la Coordindora Nacional de los Trabajadores de la Educación han señalado que Mario Delgado mantiene el espíritu de esta reforma, e inclusve, avaló y construyó su actualización durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El profesor Lev Moujahid Velázquez, de la Sección XVIII de la CNTE, escribió en La Jornada una columna al respecto, calificando a Delgado como el “caballo de Troya” dentro de la autodenominada Cuarta Transformación, y afirma que Delgado actualiza “procesos de privatización (…) con la participación de las oligarquías disfrazadas de asociaciones filantrópicas y a través de alianzas público-privadas, regularmente llamadas redes de gobernanza”.
Este esquema, de acuerdo con el profesor Lev, es el mismo que dictamina la OCDE, y que Mario Delgado replica cuando “invita al Consejo Mexicano de la Industria de Productos del Consumo a formar parte de la estrategia “Vida saludable, vive feliz”, para elaborar materiales e investigaciones para promover la salud física y la buena alimentación en las escuelas.
Y concluye:
“El daño a la salud que los productos promovidos, elaborados y mercantilizados por ConMéxico provocan entre quienes los consumen es indiscutible. No sólo porque son los principales responsables de la diabetes infantil, sino, también, por estar asociados a otros problemas que limitan el aprendizaje. Sus prácticas nocivas son abundantes y variadas: producción de trasgénicos, uso de agrotóxicos, sustitución de nutrimentos tradicionales y de la cultura gastronómica propia, desplazamiento territorial forzado, despojo de yacimientos de agua, explotación laboral, contaminación ambiental, elaboración excesiva de basura inorgánica y no reciclable”.
