Minería legal en Ecuador: ¿está listo el sector para aprovechar el buen momento del oro?
El sector minero ecuatoriano ha experimentado una transformación significativa en la última década, pasando de ser prácticamente inexistente en términos de minería industrial a convertirse en el cuarto rubro de exportación del país. Este crecimiento no ha estado exento de desafíos: fluctuaciones en los precios internacionales, problemas de orden regulatorio, conflictos sociales y la necesidad de diferenciarse de la minería ilegal.
En 2024, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE) las exportaciones mineras alcanzaron los USD 3.074,9 millones, cifra que evidencia un retroceso del -7,5% respecto a 2023, pero que debe analizarse en el contexto de un sector que mantiene expectativas positivas de crecimiento gracias a los proyectos de gran escala y el alza sostenida del precio internacional del oro, que promedió USD 2.480 por onza troy en 2024 y ha alcanzado USD 3.419,4 para abril 2025.
Las dos minas industriales en producción, Fruta del Norte, localizada en la parroquia Los Encuentros en la provincia de Zamora Chinchipe, y Mirador, en la parroquia Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe, han sido resilientes frente a diversas adversidades, desde la pandemia hasta la crisis energética nacional, demostrando que la minería responsable puede contribuir significativamente a la economía ecuatoriana.
Sin embargo, el sector enfrenta desafíos importantes relacionados con la transparencia en las concesiones, el control de la minería ilegal y la necesidad de un marco regulatorio que brinde mayor seguridad jurídica tanto a inversionistas como a las comunidades donde operan los proyectos.
Cifras y proyecciones del sector minero
El desempeño del sector minero ecuatoriano puede medirse a través de varios indicadores que muestran su evolución y su creciente importancia en la economía nacional. Al analizar las exportaciones mineras, se observa un crecimiento significativo en los últimos años, pasando de USD 759,9 millones en 2015 a USD 3.074,9 millones en 2024, lo que representa un incremento del 304,6% en nueve años, según los datos más recientes del Banco Central (Gráfico 1).
El volumen de las exportaciones también ha mostrado un notable aumento, pasando de 205.724,4 toneladas métricas en 2015 a 748.208,5 toneladas métricas en 2024. Sin embargo, es importante destacar que tanto el valor como el volumen de las exportaciones experimentaron una contracción en 2024 respecto a 2023, con una disminución del 7,5% en valor FOB y del 10,7% en toneladas métricas.
“Efectivamente, hubo una reducción de las exportaciones en 2024 respecto a las del año 2023; sin embargo, tanto en 2023 como en 2024 superamos las proyecciones establecidas por el Ministerio de Energía y Minas”, afirma María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, en entrevista para GESTIÓN.
Esta disminución, según Silva, tiene dos explicaciones principales: por un lado, las exportaciones de cobre de Mirador se vieron afectadas por la paralización de operaciones durante varias semanas debido a problemas con el suministro eléctrico; por otro lado, la pequeña minería experimentó reducciones debido a los controles más estrictos implementados por el gobierno para la exportación de oro, tras detectarse irregularidades en concesiones mineras y la filtración de oro ilegal en los canales formales de exportación.
La composición de las exportaciones mineras ecuatorianas de 2024 en valor FOB muestra una diversificación significativa, aunque con una clara preponderancia de ciertos minerales. El concentrado de plomo y cobre representó el 37,89% del total, seguido por el oro, con un 33,42%, y otros productos mineros, con un 28,55%.
En comparación con 2023, se observa una disminución en la participación del oro, que pasó del 41,84% al 33,42%, mientras que los otros productos mineros aumentaron su participación del 20,83% al 28,55% (Gráfico 2).
En cuanto a la contribución del sector al PIB nacional, los datos muestran que la explotación de minas y canteras ha mantenido una participación relativamente estable en los últimos años, oscilando entre el 7,77% y el 8,78% del PIB total. En el tercer trimestre de 2024, esta participación se situó en el 7,77%, lo que representa una disminución de -0,29 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2023 (Gráfico 3).
“El 2024 para el Ecuador fue un año muy complicado desde distintos frentes: seguridad, crisis energética, crisis económica, entre tantos otros. Sin embargo, nosotros en medio de ese año hemos demostrado lo que puede hacer la minería responsable, el potencial que tiene para, en medio de momentos complejos y desafiantes, generar un impacto económico positivo”, señala de su lado Juan Herrera, director de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, en entrevista para GESTIÓN.
El desempeño de Fruta del Norte y Mirador
Ecuador cuenta actualmente con dos minas industriales de gran escala en operación: Fruta del Norte, dedicada a la extracción de oro, y Mirador, enfocada en la producción de cobre. Ambas han demostrado resiliencia frente a diversos desafíos y han contribuido significativamente tanto a la economía nacional como al desarrollo local en la provincia de Zamora Chinchipe.
Fruta del Norte, operada por la canadiense Lundin Gold, alcanzó en 2024 un récord de producción al superar las 500.000 onzas de oro, convirtiéndose en una de las minas de oro de mayor producción de la región. En el tercer trimestre de 2024, según el Banco Central del Ecuador (BCE), se registró un volumen de extracción de 0,4 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 7,5% respecto al mismo periodo de 2023. Desde el inicio de operaciones hasta septiembre de 2024, ha acumulado una extracción de 7,1 millones de toneladas.
Herrera destaca que “2024 fue nuestro mejor año, logramos pagar el último tramo de deuda, registramos nuestra producción más alta y alcanzamos niveles de exportación de aproximadamente USD 1.200 millones, también nuestras exportaciones más altas”.
Además, señala que esto tuvo un efecto amortiguador en la economía local durante la crisis energética, pues “durante los meses más complejos a nivel nacional, en Yantzaza y Zamora Chinchipe no hubo esos desafíos”.
Según el BCE, la inversión total en Fruta del Norte asciende a USD 1.612 millones (98,1% de la inversión total planificada de USD 1.644 millones), mientras que sus contribuciones fiscales hasta el tercer trimestre de 2024 suman USD 659 millones, incluyendo USD 113 millones en regalías pagadas y USD 152 millones en impuesto a la renta.
En términos de empleo, Fruta del Norte ha generado 14.408 puestos de trabajo, de los cuales, 3.602 son directos y 10.806 indirectos, contribuyendo significativamente a la economía local. Por su parte, Mirador, operada por EcuaCorriente S.A., ha registrado una inversión de USD 1.658 millones (66% del total proyectado de USD 2.510 millones) y se encuentra en fase de estudios para la construcción de su segunda etapa.
En el tercer trimestre de 2024, su producción alcanzó los 6 millones de toneladas, una reducción del 4,6% respecto al mismo periodo de 2023. Desde el inicio de operaciones hasta septiembre de 2024, ha acumulado una extracción de 84,7 millones de toneladas.
En cuanto a su contribución fiscal, Mirador ha pagado USD 1.136 millones en impuestos desde 2010 hasta el tercer trimestre de 2024, incluyendo USD 235 millones en regalías y USD 327 millones en impuesto a la renta. En materia de empleo, ha generado 24.304 puestos de trabajo, de los cuales, 6.076 son directos y 18.228 indirectos (Gráfico 4).
Potencial minero y proyectos en exploración
Más allá de las dos minas en producción, según el BCE, Ecuador cuenta con un importante potencial minero que se refleja en los diversos proyectos que actualmente se encuentran en fase de exploración. Entre los más destacados están Cascabel, Cangrejos, Loma Larga, San Carlos Panantza, Curipamba, La Plata y Warintza, que representan una inversión proyectada total de más de USD 12.000 millones.
Cabe destacar que esta semana se anunció que el proyecto Cangrejos, ubicado en la provincia de El Oro, fue adquirido por la firma china CMOC Singapur por USD 421 millones. Este proyecto es considerado el mayor yacimiento de oro primario de Ecuador, con reservas probables de 11,6 millones de onzas de oro, y una vez en operación se convertirá en la mina de oro más grande del país, superando a Fruta del Norte.
El proyecto Cascabel, en cambio, ubicado en la provincia de Imbabura (norte del país), es uno de los más prometedores, con una inversión esperada de USD 4.497 millones y una vida útil estimada de 28 años. Se prevé que la construcción de la mina comience en 2027, con inicio de producción en 2031. Hasta el tercer trimestre de 2024, ha generado 1.752 empleos, de los cuales, 438 son directos. La empresa SolGold, una compañía minera con sede en Australia, está a cargo del proyecto.
Loma Larga, situado en la provincia del Azuay, representa otro proyecto estratégico, con una inversión proyectada de USD 499 millones y una vida útil estimada de 12 años. El proyecto es desarrollado por Dundee Precious Metals Ecuador S.A., subsidiaria de la canadiense Dundee Precious Metals.
Aunque estaba programado que la construcción de la mina comenzara en el primer trimestre de 2025, hasta la fecha de publicación de este artículo no se ha confirmado oficialmente el inicio de estas obras. De seguir el cronograma original, su entrada en producción sería el tercer trimestre de 2026. En términos de empleo, actualmente genera 632 puestos de trabajo, proyectándose hasta 5.984 durante la fase de construcción.
En cambio, San Carlos Panantza, con una superficie concesionada de 38.548 hectáreas en Morona Santiago, tiene una inversión proyectada de USD 3.032 millones y una vida útil estimada de 25 años. Este proyecto está concesionado a ExplorCobres S.A., subsidiaria de CRCC – Tonguan Investment de China. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos, pues siete de sus concesiones en fase de exploración inicial fueron suspendidas debido al impedimento ejercido por las comunidades locales (Tabla 1).
Oportunidades en un contexto de precios históricos
El notable incremento en los precios internacionales de los metales, particularmente del oro y cobre, representa una coyuntura especialmente favorable para Ecuador.
Juan Herrera explica esta dinámica con claridad: “El oro es un mineral muy interesante porque en economía se llama un refugio, un heaven. Los inversionistas, cuando algo tambalea en el mundo, su refugio es el oro”.
El contexto actual de incertidumbre económica global, ha consolidado al oro como activo de protección. Para un país con las características geológicas de Ecuador, esto representa una ventana de oportunidad excepcional.
“Son buenas noticias para nosotros, pero son buenas noticias para el país”, destaca Herrera, “porque al incrementar el precio del oro y registrando los niveles de producción que mencionaba, se incrementan nuestros ingresos, nuestras ganancias, pero también incrementa todo lo que tiene que ver con los impuestos que pagamos”.
El oro ha mantenido una tendencia alcista sostenida, superando un hito histórico al cruzar la barrera de los USD 3.000 por onza troy durante el primer trimestre de 2025. Según los datos más recientes, el precio del oro alcanzó los USD 3.293,71 el 23 de abril de 2025, lo que representa un incremento del 24,7% respecto al cierre de 2024 (USD 2.641,00) en menos de cuatro meses.
Esta dinámica se ha intensificado especialmente desde mediados de marzo, cuando el precio del metal precioso comenzó a superar consistentemente la barrera de los USD 3.000 por onza, llegando incluso a tocar un máximo de USD 3.425,30 el 21 de abril de 2025 (Gráfico 5).
Analizando la evolución reciente, se observa que desde el último trimestre de 2024, cuando el oro cotizaba alrededor de los USD 2.600, el precio ha experimentado una apreciación sostenida mes tras mes.
Durante enero de 2025, avanzó aproximadamente un 7%, seguido por un incremento adicional del 4% en febrero, para culminar con un salto significativo del 9% durante marzo. Esta aceleración en la tendencia alcista refleja un incremento en la percepción de riesgo e incertidumbre en los mercados financieros globales, confirmando la función del oro como activo refugio por excelencia en tiempos de volatilidad económica.
Esta realidad se traduce en cifras concretas. Fruta del Norte ha aportado USD 659 millones en contribuciones fiscales desde 2003 hasta el tercer trimestre de 2024. Según la normativa vigente, las empresas mineras de gran escala como Lundin Gold deben pagar al Estado regalías que oscilan entre el 5% y 8% del valor del mineral extraído, dependiendo de los precios internacionales y del tipo de contrato.
Estos pagos se realizan semestralmente y son adicionales a otras obligaciones como el impuesto a la renta (que representa el 29% de sus pagos totales) y las utilidades mineras (el 12% para el Estado y 3% para los trabajadores). Un incremento sostenido en el precio del oro amplificaría significativamente estos aportes al fisco ecuatoriano.
Para el cobre, la perspectiva también es prometedora. Silva advierte: “Se prevé que en los próximos años haya un desabastecimiento global de cobre”. Este mineral es fundamental para la transición energética mundial, y su demanda está en constante crecimiento debido a su uso intensivo en tecnologías verdes.
“Un auto eléctrico consume más de cuatro veces más cobre de lo que consume un auto a combustible fósil; una turbina eólica demanda cuatro toneladas de cobre”, explica Silva, ilustrando cómo la descarbonización global impulsará aún más la demanda de este metal.
En este contexto, los proyectos ecuatorianos en fase de exploración como Cascabel y San Carlos Panantza, con importantes reservas de cobre, podrían ver acelerados sus procesos de desarrollo si los precios mantienen su tendencia alcista.
Riesgos significativos para la industria
Sin embargo, ambos entrevistados coinciden en que esta bonanza de precios también conlleva riesgos significativos, principalmente relacionados con la minería ilegal. “La mala noticia dentro de todo esto es la minería ilegal, porque obviamente con precios de oro más elevados también se incentiva o hace más rentable esa actividad”, advierte Herrera.
Silva refuerza esta preocupación: “El mayor desafío es el avance indiscriminado de la extracción ilegal. La extracción ilegal es un delito que afecta al Ecuador a todo nivel: ambiental, social y económico”.
Para contrarrestar este riesgo y maximizar los beneficios del actual contexto, resulta crucial avanzar en la implementación de un marco regulatorio eficiente. Las recientes medidas gubernamentales para controlar la exportación de oro representan pasos en la dirección correcta, aunque insuficientes.
Entre estas medidas están: la centralización de la emisión de certificados de exportación de minerales en la sede de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) en Quito, la remoción de 19 directores regionales, y la investigación del aumento inusual en la emisión de autorizaciones para la exportación de oro.
Adicionalmente, el gobierno ha ordenado la reestructuración de las agencias de control, dividiendo la Arcernnr en tres entidades especializadas: la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch).
Desafíos: entre la regulación y el mercado internacional
El sector minero ecuatoriano enfrenta diversos desafíos mientras busca consolidarse como una industria estratégica para el desarrollo económico del país. Uno de los principales retos es el marco regulatorio, que requiere ajustes para brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas y garantizar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos.
Juan Herrera señala que “el primer desafío u oportunidad de mejora es que el marco legal del sector minero en Ecuador, al ser una industria nueva, también es nuevo para las leyes que la regulan”. Y añade que es fundamental “rodear a la industria minera de gran escala responsable de un marco legal que le permita operar, que le dé confianza, seguridad jurídica, y que la vigile porque eso es lo que nosotros como ecuatorianos queremos”.
Silva coincide y destaca dos aspectos específicos: “Podríamos hablar, por ejemplo, del famoso 442, que son las fases mineras. Esto no existe en otros países del mundo, solo en Ecuador”.
El sector considera que este esquema, que establece periodos fijos para cada fase (exploración inicial, avanzada, estudios de factibilidad), resulta restrictivo considerando que cada proyecto tiene características particulares. “Creemos que es más bien una camisa de fuerza porque cada proyecto es diferente, habrá proyectos que les tome poco explorar y habrá otros que necesitarán más de esos cuatro años”, anota.
Otro desafío importante es el retorno de las regalías a las comunidades donde operan los proyectos. Silva explica que “uno de los grandes desafíos que enfrenta la industria minera es el tema del retorno de las regalías”.
“Las empresas pagan regalías, las dos grandes minas seguro ya sobrepasaron hace rato los USD 200 millones en entrega de regalías; sin embargo, la ley de minería dice que el 60% de esas regalías deberían volver al área de influencia, y eso no sucede porque se queda en caja central”.
Como alternativa, propone adoptar el modelo peruano de “obras por impuestos”. “La compañía minera que tiene que pagar su regalía anual, en lugar de pagarla, devenga ese monto en obras para la comunidad, obviamente con todos los parámetros de transparencia y socialización. Esta es una figura que ha funcionado muy bien en Perú y que asegura que todas las partes ganen”.
Esta propuesta podría ser particularmente efectiva en el actual contexto de altos precios, donde los montos disponibles para inversión social serían significativamente mayores.
Innovación y sostenibilidad, otros pilares para el desarrollo minero
La industria minera moderna se caracteriza por el uso intensivo de tecnologías avanzadas que permiten maximizar la eficiencia productiva mientras se minimizan los impactos ambientales. En Ecuador, las empresas del sector están incorporando estas innovaciones como parte fundamental de su estrategia operativa.
El ejecutivo de Lundin Gold explica que “la minería a gran escala, la minería industrial moderna que está bien hecha, usa en todos sus procesos tecnología de punta”, lo que permite, entre otras cosas, “mitigar los impactos ambientales, tener una gestión ambiental muy fuerte, disminuir tiempos en procesos que antes tomaban meses o incluso años, e incrementar la obtención de oro”.
Un ejemplo concreto de estas innovaciones es el centro de control o “dispatch center” de Fruta del Norte, una infraestructura fuera de la mina desde donde se monitorea en tiempo real todo lo que ocurre en el interior: “Desde ahí se controlan temas de seguridad, gases, ventilación, dónde está cada persona, cada vehículo, riesgos, etcétera”.
En términos de sostenibilidad ambiental, las minas industriales en Ecuador están implementando medidas rigurosas para minimizar su impacto. María Eulalia Silva destaca que “la licencia ambiental establece la cantidad y el origen del agua que puedes utilizar. Cuando toman el agua, tienen que analizarla al ingreso del proyecto para establecer los niveles físico-químicos del líquido vital. Una vez adentro, se la utiliza, se la recircula, se reutiliza, y antes de ser devuelta al ecosistema, tiene que estar tratada”.
Además, subraya que “la minería responsable puede ser un excelente aliado para la conservación”. Pone como ejemplo Fruta del Norte, donde “menos del 10% de la concesión ha sido efectivamente intervenida. ¿Qué pasa con el 90% restante? En ese 90% hay trabajos constantes de conservación: viveros, monitoreos constantes bióticos y abióticos, corredores para mitigar la fragmentación del bosque, cámaras trampa donde se ha detectado un aumento en la presencia de especies como jaguares y cabezas de mate”.
Otro aspecto importante es el cierre de mina, fase que ocurre una vez agotado el yacimiento. Silva explica que “en nuestra industria, nuestra fase no termina cuando termina el yacimiento. Esta fase implica hacer todos los trabajos de reforestación, levantamiento de campamentos, cierre de bocaminas, para dejar el espacio intervenido de la manera más cercana a lo que fue”.
El año 2025 luce como un periodo clave para el sector minero ecuatoriano. Silva anticipa que “seguiremos con las dos minas industriales, Fruta del Norte y Mirador, más el aporte de la pequeña minería. Sin embargo, tenemos seis proyectos que ya se pueden estar acercando a construcción. No digo que los seis vayan a entrar en 2025 a construcción, pero sí pueden ser algunos de esos”.
La reapertura del catastro minero, cerrado desde 2018, también representa una oportunidad significativa para atraer nueva inversión al sector. El catastro minero es el registro oficial que documenta todas las concesiones existentes en el país, funcionando como un mapa detallado de las ubicaciones geográficas, propietarios y estados legales de cada área minera.
“El presidente Noboa ha anunciado varias veces que va a reabrir el catastro minero. Desde el Ministerio de Energía y Minas están haciendo esfuerzos concretos para esta reapertura, como trabajar con el BID para depurar el catastro y mejorar el sistema informático que va a regular esta actividad”, señala Silva.
El futuro del sector minero ecuatoriano dependerá en gran medida de la capacidad del país para equilibrar adecuadamente tres factores clave: un marco regulatorio que brinde seguridad jurídica y agilidad administrativa, prácticas operativas que garanticen la sostenibilidad ambiental y social, y un aprovechamiento estratégico de las condiciones favorables del mercado internacional.
El lado B al que hay que ver
Al análisis es necesario sumar el hecho de que el camino de la minería no está exento de observaciones. Como señalan María Espinosa y María Eguiguren en su estudio titulado “Incidencias socioambientales del proyecto minero Mirador en la cordillera del Cóndor en Ecuador”, publicado en la revista Estudios de la Gestión, los proyectos mineros a gran escala como Mirador han generado “escenarios de alta conflictividad y acciones sociojurídicas en relación a la protección de derechos constitucionales por parte de la población local”, evidenciando una “ruptura del tejido social interno como parte del metabolismo minero”.
Según Espinosa y Eguiguren, casos como Mirador demuestran que los mecanismos actuales de diálogo con comunidades locales han sido insuficientes, y que persisten desafíos sobre los derechos territoriales y una distribución equitativa de beneficios que realmente alcance a las poblaciones afectadas.
El estudio evidencia que las acciones jurídicas presentadas por organizaciones como CASCOMI, rara vez han obtenido resultados favorables en los tribunales nacionales, obligando a las comunidades a buscar otras formas de visibilización y resistencia.
En este contexto, el desarrollo minero en Ecuador es complejo, pues convergen oportunidades económicas significativas y profundas preocupaciones socioambientales. La sostenibilidad a largo plazo del sector dependerá no solo de los precios internacionales favorables y la implementación de tecnologías avanzadas, sino también de la capacidad del Estado y las empresas para construir relaciones genuinas con las comunidades locales.
