Agencia Nacional de Minería renovó el contrato de concesión de la única mina activa de …
Luego de un proceso de negociación que se extendió durante 18 meses, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la empresa Minera El Roble S.A.1 -la única mina activa de cobre en el país-, definieron las condiciones para la renovación del contrato de concesión que se regirá por los términos de la Ley 685 de 2001, y que inicia con contraprestaciones adicionales a la regalía en favor de la Nación y la comunidad por aproximadamente $7.000 millones anuales.
El contrato original fue suscrito por el Ministerio de Minas y Energía y la empresa en junio de 1987 y su término venció el 23 de enero de 2022.
La renovación del contrato de mediana minería se originó en el derecho de preferencia para la renovación de la concesión ejercido por el titular en aplicación del artículo 78 del decreto 2477 de 1986, vigente a la firma del contrato original, e incorporado también en el artículo 77 de la Ley 685 de 2001.
Según se conoció, ahora el titular deberá actualizar su Programa de Trabajos y Obras (PTO) y cuenta con un mes para iniciar el proceso de licenciamiento ambiental de acuerdo con las normas vigentes.
Con este contrato además de pactarse el pago de regalías, como establece el código de minas vigente, se acordaron contraprestaciones económicas adicionales. Esto se debe a que los minerales objeto del contrato para sulfuros polimetálicos, entre ellos cobre y oro, fueron definidos como estratégicos por la ANM mediante Resolución 1006 de diciembre de 2023.
El acuerdo incluye dos contraprestaciones económicas adicionales para la Nación por concentración o tenor de minerales extraídos y precios altos, que en las actuales condiciones significan recursos por alrededor de $5.300 millones anuales, cifra que podrá incrementarse año a año, durante el término de duración del contrato, de acuerdo con las condiciones de desarrollo del proyecto y del mercado.
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La tercera contraprestación denominada derecho económico social para las comunidades corresponde a la destinación por parte del titular de $1.671 millones en el primer año para la inversión social en el municipio de Carmen de Atrato, monto que deberá ser actualizado anualmente con el IPC durante los 30 años de vigencia del contrato.
De ese valor, el 67 % será destinado a la inversión en proyectos de alto impacto social para el beneficio general, sobre los cuales debe decidir la comunidad con el acompañamiento de las autoridades locales; y el 33 % restante, será invertido autónomamente por la empresa en sus propios programas de gestión social.
