Nexos criminales: 96 policías investigados por sus vínculos con la minería ilegal
El reciente asesinato de 13 trabajadores dentro de un socavón de Minera Poderosa, en Pataz (La Libertad), evidenció los nexos entre algunos policías con brigadas de seguridad informales que operan en la zona: R&R, empresa subcontratada para la que trabajaban las víctimas, pertenece a Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas, dos agentes en actividad.
El primero de ellos, como reveló este medio semanas atrás, fue investigado por apropiación ilícita de material minero. No es el único: un nuevo análisis de OjoPúblico —en base a las resoluciones del Tribunal de Disciplina Policial— identificó que, entre 2019 y 2024, al menos, 96 efectivos fueron investigados en 37 casos de minería ilegal.
Más de la tercera parte de los policías involucrados (36) cometieron las presuntas infracciones administrativas en La Libertad. Le siguen Piura (con 19 agentes), Ica (13), Puno (10), Ucayali (5), Loreto (4), Arequipa (3), Amazonas (3), Lima (2) y Madre de Dios (1).
Aunque no todas las denuncias llegan a la última instancia administrativa, las cifras oficiales dan pistas de la participación de policías en actividades ilícitas. En 2019, el tribunal analizó solo dos casos (que involucran a más de un agente) por minería ilegal y, en 2024, fueron 16. En algunos de ellos, los efectivos fueron acusados de robar oro. En otros, de filtrar datos reservados a mineros ilegales o descuidar la cadena de custodia de mineral ilegal incautado.
Más de la tercera parte de las investigaciones administrativas de la Policía por minería ilegal involucran a agentes de la región La Libertad».
A pesar de eso, las sanciones son escasas: el Tribunal de Disciplina Policial solo ratificó íntegramente las sanciones impartidas en primera instancia para seis de los 37 casos (cada uno involucra a diversos agentes). Uno más, en tanto, fue ratificado en parte.
El resto está en investigación (en cinco fallos se dispuso el reinicio de las indagaciones) o terminó sin ninguna sanción (ocho resoluciones absolvieron a los imputados, ocho más se declararon nulas, seis se archivaron, dos terminaron sin pronunciamiento por “carecer de objeto” y una prescribió).
Entre los implicados hay policías de distinto rango. Si bien la mayoría son suboficiales (82), en el listado también aparecen coroneles (1), comandantes (2), mayores (4), capitanes (1), tenientes (3) y alférez (3). Algunos de ellos tienen, además, múltiples investigaciones vinculadas a minería ilegal.
En los casos analizados, OjoPúblico también detectó expedientes administrativos que fueron declarados nulos por corresponder a presuntos hechos penales. En estos, a diferencia de otras entidades —como la Contraloría General de la República—, el Tribunal de Disciplina Policial no recomendó su envío al Ministerio Público.
Esto ocurrió, por ejemplo, con el alférez Edgar Carlos Villegas Juárez, quien fue señalado por un presunto robo de oro y dinero en la región Amazonas. La denuncia la presentó un hombre vinculado a la minería aurífera.
Según relató, el policía y dos oficiales lo intervinieron en la comunidad de Urakuza (Condorcanqui) y, luego de llevarlo a una zona alejada, le sustrajeron 100 gramos de oro —valorizados en S/16.000—, y S/5.000 que llevaba en efectivo.
La acusación no terminó allí: el denunciante aseguró que, desde que conoció al alférez, le había hecho “contínuas” entregas de dinero a cambio de información sobre operativos contra la minería ilegal. Como prueba, presentó el voucher de un depósito por S/200. El comprobante de una transacción adicional, añadió, lo había perdido; y las demás entregas habían sido en efectivo.
Con ese antecedente, en octubre de 2023, la Oficina de Disciplina de Bagua inició un proceso administrativo contra el alférez por la presunta comisión de dos infracciones: solicitar o recibir dádivas y ejercer actividades incompatibles con sus funciones.
Entre 2019 y 2024, los casos de minería ilegal analizados por el Tribunal de Disciplina Policial se multiplicaron por ocho».
Durante el proceso, el policía reconoció que había recibido el depósito de S/200. Pero alegó que se trataba de un préstamo. Según declaró, no le brindaba información al denunciante sobre los operativos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y del Ejército, ni tenía acceso a ese tipo de datos.
En setiembre pasado, Villegas Juárez fue absuelto en primera instancia por la Inspectoría Descentralizada de la Policía de Chachapoyas por falta de pruebas. Pese a eso, la Inspectoría General derivó el caso al Tribunal de Disciplina Policial en calidad de consulta.
Allí, ratificaron la absolución de la primera acusación. Sobre el segundo cargo —ejercer actividades incompatibles con sus funciones—, el tribunal sostuvo que el hecho imputado “no se trataría de una conducta que genere conflicto de intereses desde una perspectiva ética, pues se trataría de una conducta vinculada con la infracción de la ley penal”.
En esa línea, anuló la absolución y recalificó el caso como archivado. Aunque el documento hace, al menos, dos referencias a presuntas conductas punibles, la segunda instancia administrativa no dispuso su envío a la Fiscalía.
En Condorcanqui, la provincia donde ocurrieron estos hechos, la minería ilícita ha avanzado pese a las alertas de líderes indígenas. En los Departamentos de Investigación Criminal de la Policía, mientras tanto, 14 agentes fueron investigados, el año pasado, por sus presuntos vínculos con bandas u organizaciones criminales de distinto tipo.
REFUERZO. La Policía desplegó a 1.000 efectivos en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, para apoyar a las Fuerzas Armadas.
Foto: Presidencia del Perú
Robos y alteración a la cadena de custodia
Las denuncias contra agentes por robo de mineral no son atípicas. En febrero de 2024, el Tribunal de Disciplina Policial analizó una imputación similar contra los suboficiales Víctor Alexander Arévalo Paucar, José Edgardo Albán Cabrera, Jhon Marlon Seminario Pedrera y Luis David Bayona Abad.
Casi cinco años antes, estos policías habían sido acusados por un hombre al que habían intervenido en la Panamericana Norte, entre Piura y Chiclayo. Según el denunciante, fue interceptado por esos policías el 7 de agosto de 2019, mientras viajaba junto a dos personas con USD 20.000 en efectivo para comprar un vehículo. En el registro se hallaron, además, ocho kilos de oro.
Para no detenerlo, asegura, le pidieron S/200.000. Pero, como no tenía esa suma de dinero, llegaron a un acuerdo: los efectivos se quedarían con el mineral hasta que él pudiera pagar. Dos días después, según su relato, el acuerdo se cumplió en parte: el hombre les entregó S/60.000 y ellos le devolvieron “una barra completa y otra que había sido cortada con un elemento abrasivo”.
A pesar de la gravedad de los hechos imputados, la Oficina de Disciplina de la Policía de Piura tardó más de tres años en concluir la investigación contra los efectivos. Casi un año después, fueron sancionados con seis meses de pase a disponibilidad por contravenir deliberadamente los procedimientos operativos y administrativos de los planes de operaciones y otros documentos policiales.
OPERATIVOS. En regiones como La Libertad o Piura, los efectivos policiales no solo intervinieron a personas naturales sino también a miembros de su misma institución.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
Entre otras cosas, señaló que, si los policías habían detectado que el dinero y el mineral era de dudosa procedencia, tendrían que haber denunciado los hechos, poner a los intervenidos a disposición, e informar del caso a la Fiscalía. “Sin embargo, sucedió todo lo contrario”.
Ese mismo mes, los cuatro suboficiales apelaron la decisión y su expediente fue derivado al Tribunal de Disciplina Policial, órgano que, el 23 de febrero del año pasado, dispuso la nulidad del fallo y retrotraer el caso a la etapa de investigación. La decisión, según explicaron, se debió a deficiencias del proceso: no se había individualizado el rol de cada policía. Tampoco se detallaron las disposiciones concretas que inclumplieron, ni se hizo una indagación exhaustiva para esclarecer los hechos.
El tribunal también ordenó que, debido a la dilación del proceso y la “omisión de investigar conductas de notoria gravedad”, el caso se derive a la Inspectoría General de la Policía para esclarecer las causas de la actuación de los efectivos que participaron en la investigación. Todo eso, advirtieron, “podría devenir en la prescripción de las posibles infracciones atribuidas a los investigados”.
En La Libertad, mientras tanto, Bryhan Alvaro Condori Huisa y Jack Llamacponcca Huamán —suboficiales a los que les habían encargado trasladar un camión incautado con 105 sacos de material aurífero— fueron encontrados por otros policías, mientras seis estibadores cambiaban el cargamento que tenían en custodia por sacos de tierra. Los agentes, según el acta policial, estaban parados frente a una cevichería en el sector Agua Los Pajaritos, en Huamachuco, a escasos metros del vehículo.
El hecho ocurrió en febrero de 2018. Sin embargo, las indagaciones administrativas por presunta adulteración de cadena de custodia y por afectar la imagen policial concluyeron tres años más tarde. Los policías fueron encontrados responsables de ambas infracciones y fueron pasados al retiro, en abril de 2022.
Llamacponcca Huamán apeló esta decisión y, en enero de 2023, su caso fue reevaluado por el Tribunal de Disciplina Policial. Este declaró la nulidad de una de sus infracciones —degradar la imagen institucional—, pues las investigaciones habían excedido el plazo. Sin embargo, ratificó la falta por adulteración de cadena de custodia y, por tanto, el pase al retiro. El mismo fallo señaló que la sanción contra Condori Huisa, policía que no apeló la resolución inicial, se había ratificado.
Los policías fueron investigados por robar oro, filtrar datos a mineros ilegales y descuidar la cadena de custodia de mineral incautado, entre otros hechos».
En 2022, ocurrió otro caso similar en La Libertad. Dicha región concentra 16 de los 39 fallos revisados por OjoPúblico. En enero de ese año, seis efectivos trasladaron dos volquetes con material minero sin corroborar si era el mismo que se había incautado meses antes, sin lacrarlo, pesarlo, ni comunicar su movilización, previamente, al Ministerio Público y otras partes del caso.
El grupo estaba conformado por un alférez y cinco suboficiales —entre ellos, Frank Grimaldo Chávez Iparraguirre—. Según las indagaciones policiales, este último dispuso el traslado, de forma arbitraria, desde la Dependencia Criminal de Huamachuco hasta Trujillo.
Todos los policías fueron sancionados en primera instancia —Chávez Iparraguirre con el pase al retiro por adulterar la cadena de custodia, entre otras infracciones—. Sin embargo, a inicios de 2024, el Tribunal de Disciplina Policial declaró la nulidad de la resolución porque, en la investigación, no se habían tipificado las presuntas infracciones y sanciones. Por eso, dispuso el reinicio de las indagaciones.
El mismo policía fue investigado en un proceso paralelo, por el presunto pago de un soborno para que el jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Huamachuco elabore un informe favorable en la indagación por la adulteración de la cadena de custodia. Por ello, en mayo de 2022, la Oficina de Disciplina de Huamachuco ya había dispuesto la separación temporal del cargo a Chávez Iparraguirre y otros dos agentes implicados.
A ese caso se suma una tercera investigación por la presunta participación de Chavez Iparraguirre en el robo de material aurífero, en octubre de 2022. En ese caso, durante las indagaciones, se detalló que el suboficial portaba su arma de fuego particular con cuatro municiones. Como en el caso original, fue sancionado —en primera instancia— con el pase al retiro.
Sin embargo, el 7 de febrero de 2024 —mismo día que se anuló la resolución por alterar la cadena de custodia— el Tribunal de Disciplina Policial dispuso la anulación de la sanción por el presunto robo. En este expediente, el órgano sostuvo que la resolución que originó el procedimiento disciplinario no incluyó una descripción clara y concreta de los hechos.
En los expedientes analizados por OjoPúblico, hay más policías con múltiples indagaciones por sus nexos con la minería ilegal. En Ica, por ejemplo, el teniente Danilo Quispe Pariona fue señalado por cometer irregularidades en diligencias preliminares tras un operativo contra esta actividad ilícita. Meses después, el mismo teniente fue acusado de participar en el robo de dinero, presuntamente vinculado a la minería ilegal.
La mayoría de los involucrados son suboficiales, pero también hay coroneles, comandantes, mayores, capitanes, tenientes y alférez».
Los expedientes también incluyen indagaciones a seis policías —el coronel Arturo Balta Paredes, y los suboficiales Walter Alemán Barreto, Alejandro Sánchez Ramírez, Luis Malca Prado, Yefferson Aurellano Quipuzcoa y Jorge Dionicio Alvarado— con presuntos nexos con La Gran F.A., una organización criminal dedicada a la extracción ilegal de carbón antracita, que, luego, es transportado hasta el Puerto de Salaverry.
Ese terminal concentra alrededor del 90% de las exportaciones peruanas del mineral. La banda está integrada por, al menos, 33 personas sobre las que, en setiembre de 2023, se dispuso una detención preliminar.
Manuel Zapata Pérez, vocero del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), considera que estos casos responden a una «degradación de la gestión pública» que data de varias décadas. «La minería, que es una actividad que corrompe, encuentra en la institucionalidad de la Policía un espacio fácil de acaparar», dijo a este medio.
El especialista señala que el problema no puede ser enfrentado únicamente con las fuerzas del orden. “Las soluciones deben ser integrales. Se deben fortalecer los ámbitos preventivos, de inteligencia, así como una interdicción estatal con un conocimiento del territorio preciso. Una cosa es la minería en Pataz. Pero, ¿por qué no se llevan, [por ejemplo], bases [policiales] al Nanay o al río Putumayo?”, cuestionó.
CASOS. Entre los expedientes del tribunal hay casos relacionados con robo de oro y filtraciones de información a mineros ilegales.
Foto: Presidencia del Perú
Acciones ineficientes frente a la minería ilegal
Tras el asesinato de los trabajadores en Pataz, la Policía desplegó a 1.000 efectivos para apoyar a las Fuerzas Armadas, como parte de una prórroga del estado de emergencia en la jurisdicción. Esta medida, vigente desde febrero de 2024, no ha demostrado ser efectiva para reducir la violencia, en un contexto de infiltración de las redes criminales.
A esto se suman los problemas con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un listado que también es empleado por mineros ilegales para eludir los controles. Días atrás, el Gobierno publicó un decreto supremo que aprueba el reglamento de la Ley que establece la rectoría y la ampliación del plazo del proceso de formalización minera integral. El documento incluyó una criticada disposición que autoriza la transferencia de la titularidad del Reinfo, cuando los inscritos fallecen.
Frente al escándalo, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, señaló que el artículo sería precisado en los próximos días, para aclarar que la sucesión solo puede hacerse hasta el 30 de junio, o de aprobarse una nueva ampliación. El mecanismo ya ha sido prorrogado cuatro veces.
Esta semana, al ser consultado sobre la posibilidad de una nueva ampliación, el premier Eduardo Arana Ysa se negó a dar una respuesta definitiva. “Estamos trabajando, primero, para conocer la realidad, la preocupación de la población y de las autoridades”, dijo, durante una conferencia.
OjoPúblico consultó al área de prensa de la Policía, por los antecedentes de los efectivos, los procedimientos de investigación que siguen y qué medidas toman frente a casos de reincidentes. No respondieron.
