La FGR despliega agentes ministeriales para jornada electoral del Poder Judicial
La Fiscalía Electoral implementa un despliegue nacional. Se renovarán cargos judiciales y se vigilará legalidad.
Por Martín García | Reportero
La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) puso en marcha un operativo nacional. Su propósito consistió en atender denuncias durante la jornada electoral del próximo 1 de junio. En esta fecha se renovarían 881 cargos del Poder Judicial, y se realizarían comicios locales en Durango y Veracruz.
Agentes del Ministerio Público Federal (MPF) iniciarían labores del 26 de mayo al 2 de junio. Su misión comprendió prevenir, investigar y perseguir delitos electorales. Este proceso sería inédito, ya que incluiría la elección de jueces, magistrados y ministros.
La presencia del personal ministerial abarcaría los 32 estados. Esto permitiría detectar ilícitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Entre las conductas observadas se incluyeron compra o coacción del voto, uso indebido de recursos públicos y retención de credenciales.
El despliegue se articuló con las fiscalías federales estatales. Estas dependieron de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). La FISEL capacitó previamente a seis mil 500 servidores públicos de la FGR, entre ministerios públicos, peritos y personal administrativo.
Agrupan entidades por zonas
El operativo se organizó mediante un modelo por zonas diseñado por la FECOR. Este agrupó a las entidades según cercanía geográfica y características sociopolíticas. La medida facilitó la distribución equitativa del personal federal.
La Zona Noroeste incluyó a Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur. La Zona Noreste integró a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. Mientras, la Zona Occidente abarcó a Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit.
La Zona Centro-Valle consideró a la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Querétaro. Finalmente, la Zona Sureste agrupó a Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Las acciones buscaron asegurar la legalidad en cada región. Las fiscalías regionales fungieron como base operativa del esfuerzo. Su coordinación resultó vital para cubrir eficientemente el territorio nacional.
Actúan con apoyo de instituciones
Durante el operativo, la FISEL colaboró con otras instituciones federales. Las acciones se ejecutaron junto al Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales y las fiscalías estatales electorales. También se integraron elementos de seguridad nacional.
Entre las fuerzas participantes figuraron la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Marina). Además, se sumó la Secretaría de Gobernación, responsable de los asuntos internos.
El objetivo conjunto consistió en garantizar comicios libres y legales. Las instituciones compartieron información, vigilancia territorial y protocolos de actuación. La colaboración se aplicó en zonas urbanas, rurales y de difícil acceso.
Las autoridades priorizaron regiones con antecedentes de delitos electorales. También dieron seguimiento a denuncias previas recibidas por la fiscalía electoral. Esta labor preventiva permitió contener riesgos antes de que ocurrieran.
Supervisan legalidad en elecciones
Además de prevenir delitos, los agentes ministeriales recabaron pruebas. Estas servirían para iniciar investigaciones formales en caso de detectar irregularidades. El Ministerio Público Federal sostuvo presencia activa en casillas y centros de operación.
Las fiscalías electorales locales compartieron canales de denuncia. Esto permitió a la ciudadanía reportar anomalías de forma segura. Las denuncias fueron canalizadas directamente al sistema de la FGR.
La FISEL recordó que los delitos electorales tienen sanciones penales. La ciudadanía fue exhortada a no participar en prácticas ilegales. Se pidió a los votantes cuidar sus credenciales y rechazar sobornos.
La FGR reiteró que su presencia no interfirió en el proceso democrático. Su papel consistió en observar y actuar ante infracciones. La vigilancia fue silenciosa pero efectiva, según los lineamientos establecidos. –sn–
