Tierras raras: ¿El futuro de la minería en República Dominicana?

La República Dominicana cuenta con una industria minera diversa, que incluye la extracción de oro, plata, cobre, zinc, larimar, ámbar y otros minerales. Pero, ¿cuál es el futuro del sector en medio de proyectos de tierras raras y las protestas comunitarias en Cotuí por los reasentamientos?

Durante el panel “Minería: ¿progreso o conflicto?”, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, expuso las principales prioridades de cara al futuro minero del país: avanzar en los proyectos de Barrick Pueblo Viejo, explorar y declarar reservas de tierras raras, implementar una nueva legislación y fortalecer la colaboración entre el sector público y privado.

Santos señaló que la minería representa actualmente el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), y explicó que el país cuenta con importantes recursos con potencial de desarrollo económico: feroníquel y hierro en Bonao; oro, plata y cobre en Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel; sal y yeso en Barahona, además del larimar; bauxita, aluminio y tierras raras en Pedernales; y otros yacimientos en San Juan y Restauración.

¿Para cuándo las reservas de tierras raras?

Uno de los temas que más atención ha generado es la presencia de tierras raras, cuyo hallazgo ha cobrado relevancia desde la visita del senador estadounidense Marco Rubio.

“Ya vamos en un proceso muy avanzado en la exploración de tierras raras en Pedernales. Ya se están inclusive enviando muestras a los laboratorios. La idea es que en el tercer trimestre de este año podamos declarar recursos, es decir, confirmar el valor bruto de tierras raras que el país posee. El objetivo es que hacia finales de 2026 declaremos reservas”, expresó el ministro.

En relación al petróleo, Santos indicó que se están realizando estudios exploratorios. Además, sostuvo que “la minería puede perfectamente convivir con las comunidades y con el medioambiente”.

Barrick Pueblo Viejo y protestas en Cotuí

Se recuerda que las comunidades de Sánchez Ramírez han protagonizado protestas y marchas hacia las instalaciones de la empresa Barrick Pueblo Viejo, exigiendo pagos justos por los terrenos que serán utilizados para la construcción de una nueva presa de cola. Los manifestantes reclaman ser reasentados de forma digna.

Ante esta situación, la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló abordó el tema del reasentamiento de las familias para la construcción de la nueva presa de cola y afirmó que en el primer proceso, realizado para la presa del Llagal, se cumplió con estándares ambientales.

Sin embargo, agregó que posteriormente “se mudaron muchas personas a la zona, y eso queda claramente evidenciado en las imágenes satelitales de Google. Donde habían probablemente 35 familias, hoy estamos hablando de 1,000 familias”.

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También señaló que la consulta pública sobre la segunda presa contó con la participación de 700 personas y tuvo buena aceptación, pero que las dificultades surgieron por diferencias económicas. “¿Dónde vino la situación? En temas económicos, donde personas externas se han infiltrado en esa zona, con intereses económicos, y donde básicamente están demandando 170 mil pesos la hectárea, más los cultivos, más la infraestructura que está en la zona”.

Barceló destacó que el enfoque de la empresa no es solo trasladar a las personas, sino garantizarles medios de vida sostenibles. “No es solamente ‘yo te mudo’, sino: ‘yo voy a trabajar contigo, yo quiero que tú tengas medios de vida’. Estamos construyendo un pueblo con 653 casas que va a tener escuelas, guarderías, un centro de atención primaria”.

Asimismo, denunció que ha habido una migración reciente hacia la zona, impulsada por intereses particulares. “Han llegado personas que no eran de la zona y que están pidiendo ser reconocidos con viviendas”, afirmó.

Desarrollo minero en Cotuí

Barceló, abordó lo que considera ha sido el impacto positivo de la minería en la provincia. “Cuando vemos el impacto que genera en términos del PIB, de empleos, básicamente los mejores empleos que tenemos en el país son los mineros. Todo el beneficio en la parte del empleo, la capacitación, cuántas personas capacitamos nosotros al año, cuántas personas se gradúan como técnicos… todo ese conocimiento genera un desarrollo. Todos los fondos que van al FOMISAR, que en este año estamos hablando de 450 millones de pesos producto de las contribuciones mineras de la provincia Sánchez Ramírez”.

Barceló reconoció que existen retos sociales y medioambientales, pero considera que el debate ha sido manipulado. “Hay retos ambientales, hay retos sociales. Lamentablemente en nuestro país la minería se ha politizado, y personas con agendas particulares han tratado de vender algo distinto a lo que es la realidad”, sostuvo.

Según sus declaraciones, antes de la instalación de la empresa minera, Sánchez Ramírez era una zona contaminada y pobre. “En la actualidad eso ha cambiado”, aseguró, añadiendo que han invertido más de 50 millones de dólares en proyectos de desarrollo social.

El director general de Minería, Rolando Muñoz, respaldó esas afirmaciones al indicar que el índice de pobreza en la provincia era de 57.8 % en 2008 y que en 2023 bajó a 41 %.

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