Sin embargo, a pesar de que las necesidades llegan a duplicarse en algunos contextos, las respuestas coordinadas y centradas en los sobrevivientes siguen siendo totalmente insuficientes. Las víctimas y sobrevivientes atraviesan enormes dificultades para acceder a la atención que necesitan: obstáculos como la estigmatización social, el temor a represalias y el sencillo hecho de que, muy a menudo, los servicios locales están desfinanciados, saturados o fuera del alcance de quienes los necesitan.

En entornos afectados por conflictos armados, estos obstáculos se agudizan por la inseguridad, el desplazamiento, la desintegración de las redes de apoyo comunitario y el colapso de la infraestructura crítica, como los servicios de salud. Entre 2021 y 2024, el número de personas que debieron recurrir a servicios de respuesta ante violencia sexual y por motivos de género en contextos frágiles o de conflicto armado se duplicó con creces: de 3,5 a 7,2 millones. Así y todo, en 2024, menos del 0,2 % del financiamiento humanitario se asignó a responder a estas necesidades.

Esa deficiencia en la atención no es meramente económica: es una crisis de prioridades. Las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual necesitan atención médica y psicosocial, asistencia jurídica y protección, así como que se les crea y se las respete. Las consecuencias de que no haya una respuesta adecuada y duradera son devastadoras, no solo para las víctimas y sobrevivientes, sino para el tejido social de toda la comunidad.

Si bien es imperativo asignar más apoyo y financiamiento a los servicios locales, las comunidades también deben desempeñar una función activa.