En El Salvador, “los defensores somos presa fácil para quienes tienen el poder” | ENTREVISTA

Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), en El Salvador, es una de las luchadoras sociales infaltables en su país. Atravesado por la violencia y la tensión política, habita un territorio hostil para los defensores ambientales y de derechos humanos en medio de una avanzada del Gobierno para reinstalar la minería metálica, tras ocho años de prohibición de dicha actividad.

Hija de un padre estricto, sin madre desde los 13, Morales se refugió durante su adolescencia en la Iglesia Católica. “Aprendí muchos valores y uno de los valores que me impactó y me afianzó mucho en mi vida fue la solidaridad”, asegura en diálogo con Mongabay Latam desde las oficinas de la ONG que preside.

Madre, esposa, cocinera de la guerrilla durante la guerra civil salvadoreña de los años 80 y principios de los 90, hizo un camino arduo hasta encontrarse en una lucha que ya lleva años: no a la minería.

-El Salvador volvió a permitir la minería. ¿Cómo es hoy pelear actualmente contra la minería y sus impactos ambientales y socioambientales en El Salvador?

-Es complejo. Ha habido un cambio significativo, pese a largos años de haber logrado consenso nacional en torno a la lucha ambiental y a la defensa del territorio contra los proyectos extractivistas mineros. El Gobierno, cuando entra en 2019, empieza a dar indicios de querer explotar la minería y prepara las condiciones: se suma a un panel intergubernamental de países que le apuestan al extractivismo, empieza a desmantelar esta lucha de los salvadoreños y de las salvadoreñas. En 2022 se crea la Dirección de Hidrocarburos y Minas. Este mismo año también se le asigna un presupuesto millonario a esta dirección. En los últimos seis años que se le asignó presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente, no fueron capaces de gastárselo, de hacer las obras de mitigación que la misma ley le ordenaba. Y luego de que nos pasamos denunciando esa situación todos esos años, 2021, 22, 23, 24, justo se materializa lo que nosotros habíamos venido denunciando: la amenaza de verdad, revertir la ley. Se aterriza el 23 de diciembre del 2024 con la aprobación de esa ley que permite la minería prácticamente. Esa ley fue aprobada de manera exprés, como pasa con otras leyes. No es una particularidad de esta ley. Prohíbe el mercurio que sabemos que es un químico que ya está prohibido en muchas partes del mundo, pero no prohíbe el cianuro. Y claro, nosotros sabemos que el cianuro es el químico principal para explotar la mina.

-Usted y sus colegas vienen advirtiendo desde hace años que esta ley iba a ser una realidad, tarde o temprano. ¿Cuál fue el indicio clave?

-Tuvimos la fuerte sospecha desde que se aprobó la ley que prohibía la minería en 2017. Nosotros decíamos en aquel entonces que era importante que esa ley que prohibía la minería metálica subiera a un rango constitucional. E hicimos varios intentos dentro de la Legislatura. Esos años fueron de una lucha continua. El requisito principal era que alrededor de nueve diputados tenían que recibirla, presentarla en una comisión y posteriormente aprobarla con tres cuartos de los de los asambleístas. Eso no lo alcanzamos. O sea, fue imposible en esos años convencer a nueve legisladores, a pesar de la actividad del espacio conocido como la Mesa Nacional frente a la minería metálica. No encontramos eco en los legisladores. Cuando entra este gobierno en 2019, ya, si no me equivoco, cambia la legislatura y entran todos los legisladores afín al partido. Nuevas ideas. Ahí se ve más bloqueada aún la posibilidad de que esta ley tuviera un rango constitucional. A partir de ahí, nosotros tratamos de alertar al país y creo que lo logramos. De hecho el tema ambiental y la lucha ambiental contra la minería ha sido una lucha que han retomado muchos sectores en el país. Es impresionante como la Iglesia, la academia, las juventudes en 2024 también han salido con voz fuerte, voz potente, rechazando la minería.

-Luego vino la detención de dos miembros de ADES…

-Viene la represalia. El 11 de enero de 2023, capturan a quien hasta ese momento fungía como director ejecutivo de nuestra asociación, Antonio Pacheco. También capturan a nuestro abogado, Saúl Agustín Rivas, que era el que nos acompañaba en los procesos jurídicos de nuestra organización y junto con él se llevan a otros tres líderes comunitarios de Santa Marta. A partir de la captura de nuestros compañeros asumimos otro reto: buscar la libertad de nuestros compañeros. Como usted y el mundo saben, en El Salvador vivimos desde 2022 bajo un régimen de excepción, que se aplicó a nuestros compañeros, sin ser pandilleros ni nada por el estilo. Después de varios meses de este largo proceso de criminalización, nuestros compañeros salen absueltos el año pasado en octubre. Un tribunal de sentencia los absuelve, los deja en libertad. Y creíamos que este caso estaba cerrado. Sin embargo, la fiscalía apeló a un tribunal superior y este anula la audiencia en la que se los dejó en libertad y convoca a una nueva audiencia que aún no se ha dado todavía.

-Sus compañeros siguen esperando esa audiencia…

-Están en libertad. Sin embargo, ellos por temor también han tenido que estar con un poco de seguridad, digamos por temor, porque ya se giró orden de captura y la policía y la fiscalía andan tras ellos para encontrarles. Los compañeros, pues, decidieron no presentarse. Han estado hostigando mucho las casas donde están sus familias, sus esposas, les andan buscando por todos lados con fin de quererlos encontrar y volverlos a meter presos.

-¿Cómo se defiende el ambiente y el territorio en un clima político y social hostil como el de El Salvador?

-Pues debo de confesar que no es una tarea fácil y que cada vez me convenzo más de que [los defensores] somos presa fácil para quienes tienen el poder, pero también para quienes ostentan desarrollar proyectos a como dé lugar, sin tomar en cuenta el consentimiento de las comunidades, el consentimiento de los sectores organizados, por ejemplo, como ha sido la lucha antiminera en este país. Hay momentos en los que siento mucho miedo y es porque ya también he sido tocada. A mí en 2023 también me capturaron un hijo, en medio de todo lo que estábamos luchando por la libertad de nuestros compañeros. También estuvimos con tanquetas cercanas a la oficina donde laboramos. En medio de eso, me capturan a un hijo y me lo acusan de ser colaborador de pandilla. Y yo sentí que ese golpe fue un golpe directo hacia mi persona. En esta lucha han habido muchos rostros visibles y yo he estado junto con esos compañeros y compañeras que hemos ejercido vocería. Entonces capturar a mi hijo era como un golpe moral a mi persona. Fueron nada más dos días, pero fueron los momentos más duros de mi vida. Entonces, si eso ya lo hicieron, son capaces de hacer cualquier cosa contra mi persona. Este año vivo con una incertidumbre muy, muy fuerte, he percibido que me vigilan donde vivo, que andan tras mis pasos. Muchas personas han tenido que huir del país. Es insoportable el nivel de acoso, de hostigamiento. Hay marcos jurídicos totalmente malvados para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en este país. Han arrestado a líderes comunitarios y abogados.

-¿Qué es lo que más le preocupa de ese marco jurídico?

-Una ley que se llama Ley de Agentes Extranjeros. Exige a las organizaciones que reciben fondos internacionales registrarse como «agentes extranjeros» y pagar un impuesto del 30 % sobre dichos fondos. Esa ley la habían intentado entrar en la Asamblea Legislativa hace como tres o cuatro años, pero no había prosperado. Se aprobó finalmente de manera exprés. Esa ley es altamente peligrosa para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en este país. Las cárceles se están llenando de gente que en realidad no tiene delito, su único delito es estar en luchas colectivas, en luchas ambientales. El gobierno trata de justificar que son pandilleros. Y nosotros sabemos que hay gente inocente.

Imagen principal: Vidalina Morales, defensora ambiental, ha acompañado a comunidades y líderes opositores a proyectos mineros en El Salvador. Foto: Cortesía Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES)