
Frank Almanza: “Para un criminal dedicarse a la minería ilegal es el escenario perfecto
La minería ilegal ya mueve entre seis y siete veces más dinero que el narcotráfico y se ha convertido en la principal economía ilícita en el Perú. En ese contexto, el Ejecutivo ha convocado a una mesa de trabajo a la que, desde el viernes, se ha sumado el Ministerio Público tras haber sido excluido en la primera convocatoria.
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental Frank Almanza detalla, en esta entrevista con OjoPúblico, cuáles son los principales desafíos que enfrenta su institución para atacar el problema.
Almanza advierte que la minería ilegal se ha convertido en el «escenario perfecto» para quienes buscan una actividad que les ofrezca altas ganancias y les garantice, al mismo tiempo, impunidad debido a vacíos legales y normas aprobadas en el Congreso que suponen un serio retroceso en la lucha contra la criminalidad. «Se han hecho modificaciones legislativas para mal», dice.
Además, expone los peligros a los que se enfrentan los fiscales que investigan los casos ambientales. «Normalmente, cuando hacíamos interdicciones, llegábamos con la Policía, con el Ejército, con la Marina y los mineros huían y dejaban la maquinaria. Hoy día, nos enfrentan a tiros», afirma.
Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de Youtube y en este enlace.
Cuando queremos hacer labor de interdicción e intervenir como Fiscalía, nos sacan un Reinfo y nos paralizan cualquier investigación».
¿Qué opinión tiene de la cuarta ampliación del Reinfo?
En la Fiscalía siempre hemos estado en contra de que se amplíe. La formalización es casi nula. Menos del 2% de personas inscritas se han logrado formalizar. Esta ampliación al infinito no es lo más saludable.
¿Porque promueve la impunidad y favorece a grupos criminales que se benefician de la minería ilegal?
La minería ilegal viene siendo un delito fuente para otro tipo de criminalidad muy complicada, como, por ejemplo, las extorsiones, el sicariato, el lavado de activos, la trata de personas y la corrupción.
El problema es que el Reinfo tiene una disposición expresa según la cual quienquiera esté en proceso de formalización no puede ser investigado por delitos de minería ilegal. Entonces, cuando queremos hacer labor de interdicción e intervenir como Fiscalía, nos sacan un Reinfo y nos paralizan cualquier investigación.
¿Ahí quedó todo?
Aquí quedó todo.
¿Cuántas veces les ha pasado eso?
Todos los días, a diario. En La Rinconada, Puerto Maldonado, en todas partes en donde hay minería ilegal, cuando la Fiscalía hace operativos sacan un Reinfo y ahí terminó todo.
El Reinfo incluso se alquila, se presta».
Es muy difícil pelear así, ¿cierto?
Definitivamente. El Reinfo incluso se alquila, se presta.
¿Se alquila?
Así es. A veces, quien tiene el Reinfo no es el que está operando, sino terceras personas.
¿Cuánto cuesta alquilar un Reinfo?
Un motor puede sacar 30 a 40 gramos de oro al día y una máquina más grande o una excavadora un promedio de 80 a 90 gramos al día. El oro está aproximadamente a S/300 el gramo y, afuera, a US 3.500 la onza. ¿Se imagina lo que se gana en la minería ilegal? ¿Y cuánto se puede pagar por tener un documento que da impunidad?
Sale a cuenta.
Ah, sin duda. Por eso es que siempre nos hemos opuesto a este proceso de constante informalidad. No es posible que alguien que tenga intención de formalizarse no lo haya hecho todavía. Pareciera que es una situación perfecta para acometer actividades de manera impune.
No es posible que se haya intentado permitir minería fluvial».
¿Cree que esta sea, efectivamente, la última ampliación del Reinfo? Es lo que el Gobierno ha asegurado.
Lo que nos preocupa es la Ley Mape (Minería Artesanal y Pequeña Escala), que se pretendió aprobar en la Comisión de Energía y Minas porque, incluso, iba mucho más allá de los alcances del Reinfo actual. Esa ley estaba permitiendo hacer minería en ríos. En ningún país del mundo se puede hacer eso porque se contamina gravemente el agua.
Y las poblaciones que viven cercanas a esos ríos son las más perjudicadas.
Absolutamente. No hace mucho se ha hecho un estudio para todas las personas que viven en el margen del río Nanay. Se les ha hecho exámenes a unas 250 personas y se ha visto que tienen mercurio cinco veces por encima de lo que tolera la Organización Mundial de la Salud.
Eso significa niños con problemas cognitivos, mujeres que abortan. La gente toma esa agua, come los peces de esos ríos. Nosotros, como Fiscalía, también buscamos la prevención de delitos, defendemos a la sociedad y no es posible que se haya intentado permitir minería fluvial.
¿Es cierto que la minería ilegal ya mueve siete veces más dinero que el narcotráfico?
Es aproximadamente seis o siete veces más que el narcotráfico, porque el precio del oro ha subido mucho. Ese es un punto. Segundo, el que vive del crimen siempre busca la actividad más rentable y en la que tiene menos posibilidades de perder su libertad, de ser investigado y condenado.
En minería ilegal, hoy en día, se dan las condiciones para cometer delitos con alta rentabilidad y casi nula posibilidad de investigación y condena.
¿Por qué es casi nula la posibilidad de una condena?
La minería ilegal no se puede investigar como crimen organizado porque las penas que impuso el Congreso no alcanzan la valla. Cuando el Parlamento modificó la Ley de Crimen Organizado, la 30077, puso como requisito que, para que un delito sea investigado como crimen organizado, la pena sea mayor de cinco años. Y la minería ilegal no llega.
En minería ilegal se dan las condiciones para cometer delitos con alta rentabilidad y casi nula posibilidad de condena».
Concretamente, ¿cuáles son las consecuencias?
No se pueden hacer técnicas especiales de investigación, ni pedir medidas limitativas, ni detenciones preliminares. Se complica demasiado. Y lo más importante y que nos apena mucho: si este delito no está considerado como crimen organizado, no se puede hacer que intervenga la Corte Penal Nacional para investigar y juzgar a nivel nacional.
Entonces, si van a intervenir juzgados de varios departamentos no va a haber unificación de criterios, y eso va a afectar la seguridad jurídica. Que [la minería ilegal] no sea considerada crimen organizado es un problema y facilita la impunidad.
Otro problema es que se modificó la Ley de Extinción de Dominio y, ahora, se pide sentencia firme, algo que, en este país, es complicado de lograr. Se consigue en años. Como lo veo, hay muchas limitaciones para investigar a la minería ilegal. Y, por último, hay vacíos legales importantes.
¿Como cuáles?
Le voy a poner un ejemplo. En la minería que se hace en Pataz, en la minería de socavón, normalmente, se extrae el material y se llevan las chancadoras. Por lo tanto, hay que transportar [el mineral] en camiones. Si nosotros intervenimos un camión que contiene mineral, eso no es delito porque no está tipificado. Está tipificada la exploración.
Es decir, si intervinieran un camión con oro ilegal no podrían hacer absolutamente nada.
Porque hay un vacío legal allí.
Que el congreso ya debería haber llenado.
Absolutamente.
Se han hecho modificaciones legislativas en este país, pero no para bien».
Pero se está dedicando a otras cosas.
El transporte, la compra, la venta, todo eso no está regulado como delito. En estas condiciones, para un criminal, aquel que se dedica a cometer delitos por su rentabilidad, dedicarse a la minería ilegal es el escenario perfecto: gana mucho dinero, la posibilidad de que le condenen es casi nula y encima hay vacíos legales. Es el lugar ideal para delinquir.
Si se quisiera, realmente, combatir a la minería ilegal, se tendrían que hacer profundas modificaciones legislativas. Se han hecho modificaciones legislativas en este país, pero no para bien.
Para mal, ¿cierto?
Para mal.
¿Cuán efectivo ha sido el mecanismo de interdicciones frente a la minería ilegal? Las maquinarias tienen un valor económico importante y con las interdicciones se detienen a los operativos, no a quienes ponen la plata.
Las interdicciones se vienen haciendo a diario en coordinación con la Policía, con la Marina, con el Ejército. No hay día en que no tenga a fiscales FEMA haciendo interdicciones. La interdicción es un mensaje: “No te dedique a esto porque te vamos a volar el motor, porque te vamos a destruir tu maquinaria”.
Pero a un minero ilegal, que gana cientos de miles de dólares, ¿qué tanto le puede afectar un motor, que se puede comprar al día siguiente?
No solo uno, se puede comprar varios.
Se puede comprar varios. Las interdicciones no están mal, pero solo con ellas no se va a resolver el problema. Se tiene que resolver atacando la raíz.
Cuando hacemos interdicciones vemos que ponen a los niños de las comunidades nativas encima de las máquinas».
¿Qué es atacar la raíz?
Que los que están atrás sean capturados, investigados y sentenciados.
Es decir, los que ponen la plata.
Los que ponen la plata.
¿Y qué falta para hacer eso?
Inteligencia operativa, leyes más drásticas, investigar como crimen organizado, hacer escuchas, interceptaciones.
Hacer lo que no se puede.
Todo lo que no se puede hacer. Esa sería la solución.
Estamos en un círculo vicioso.
Tal cual. Lo cambio todo para que todo siga igual.
También es verdad que la mano de obra de la minería ilegal suele ser gente de las comunidades nativas, captadas por falta de apoyo estatal, por la pobreza. ¿Qué reflexión tiene sobre este tema?
Eso es muy penoso. Por ejemplo, cuando hacemos interdicciones vemos que ponen a los niños de las comunidades nativas encima de las máquinas para que no se puedan explosionar. Además, estacionan estas maquinarias pesadas en la puerta de las casas.
La comunidad sale a defender a estos mineros y, lo triste, es que lo hace a cambio de unos centavos. El Estado no llegó, sí llegan ellos, les dan alguna cosita pequeña y los apoyan. Pero les están contaminando el ambiente, el río, les están metiendo mercurio, cianuro. Y eso es algo de lo que los miembros de las comunidades se están dando cuenta, aunque poco a poco.
Inicialmente, estaban obnubilados. Hoy día, ven que sus niños tienen problemas, que sus mujeres abortan, que tienen problemas crónicos.
Según inteligencia de la Fuerza Aérea, en zonas como Delta 1 o La Pampa, en Puerto Maldonado, hay más de 5.000 motores».
Me ha dicho que es muy difícil ir detrás de los peces gordos por todas estas limitaciones legales y cambios en las normativas que terminan favoreciéndolos. ¿Los tienen identificados, al menos?
Hay importantes indicios de quiénes podrían estar detrás. Se están adelantando investigaciones. Pero, ¿qué se necesita?
¿Confirmación?
Confirmación. Y, para eso, se necesitan interceptaciones telefónicas, hacer investigación con características de crimen organizado. Y eso es lo que no se puede hacer.
¿Cuántas personas se dedican a la minería ilegal?
Es muy difícil tener ese dato. Hay cifras que dicen que solamente en Puerto Maldonado pueden haber más de 50.000. Hay otras que hablan de 250.000. Según inteligencia de la Fuerza Aérea, en zonas como Delta 1 o La Pampa, en Puerto Maldonado, hay más de 5.000 motores.
Por cada motor trabajan, al menos, cinco personas, porque a cada uno se le tiene que proveer de combustible, dar mantenimiento y todo eso. Por eso, estamos hablando de economías ilegales, de poblaciones que viven de esa actividad, directa o indirectamente. El problema se está poniendo mucho más serio y, desde la Fiscalía, lo hemos alertado. Lo de Pataz es una muestra.
Pueden venir más casos como Pataz.
Seguro. Es posible.
¿Qué tan profunda es la infiltración de la minería ilegal en el poder político?
Cuando una actividad criminal mueve mucho dinero y tiene poder económico, es muy posible que quiera buscar poder político. Me preocupa lo que estoy viendo, sin duda.
Es mucho más cómodo extraer mineral sin dejarle nada al Estado y contaminar sin ningún control y de modo impune».
Uno de los argumentos que más se escucha a favor de la actividad minera ilegal es que es un medio de subsistencia. ¿Qué responde?
Para que un minero use esa actividad como medio de subsistencia tendría que, primero, tributar. Segundo, pagar un canon. Tercero, no hacer daño ambiental. Obviamente, es mucho más cómodo extraer mineral sin dejarle nada al Estado y contaminar sin ningún control y de modo impune. Tenemos esta preocupación como Fiscalía y, por eso, es que hemos pedido que se nos incluya en estas reuniones que se están haciendo.
Se refiere a la mesa de trabajo sobre minería informal e ilegal.
En esa mesa de diálogo, que es para alertar sobre todo esto. Como Fiscalía, nuestra función es prevenir e investigar el delito.
Claro, la fiscal de la nación Delia Espinoza mostró su extrañeza porque no habían sido invitados de manera formal a la primera sesión.
Pensé que había habido una omisión, de pronto culposa.
Involuntaria, quiere decir.
Involuntaria, así es. Pero, cuando salió el defensor del pueblo [Josué Gutiérrez] a decir “¿qué tiene que hacer la Fiscalía en esto?”, yo sentí vergüenza ajena. ¿Cómo alguien que ocupa el cargo de defensor del pueblo puede ser tan ignorante en lo que es la criminalidad en este país, en lo que es la prevención del delito, en los alcances de una norma y en la importante contribución que puede hacer el Ministerio Público en esto?
¿Cómo tenemos que operar? En condiciones sumamente precarias».
¿Cómo es el día a día en el trabajo de un fiscal dedicado a estos temas?
Primero, hay que lidiar con todas estas deficiencias normativas. Segundo, hay que lidiar con la falta de presupuesto.
¿Cuánto presupuesto manejan?
Cero.
¿Cero soles?
Cero. Del presupuesto 128, que era para combatir la minería ilegal fue excluido el Ministerio Público. Entonces, la Fiscalía tiene que participar con su presupuesto general para hacer subsistir las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA).
¿Quién los excluyó?
Se excluyó por ley, se nos sacó.
¿Una ley del Congreso?
Sí, sí. Se nos sacó. Entonces, ¿cómo tenemos que operar? En condiciones sumamente precarias. La Fiscalía no tiene equipos para entrar en la selva, no tiene chalecos antibalas, chalupas, camionetas. Tenemos que pedir a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), a la Marina, a la Policía que nos movilicen.
Una fiscal FEMA que estaba haciendo un operativo en La Libertad fue atacada con dinamita».
Viven de prestado.
Si tuviéramos nuestro propio presupuesto, si manejáramos nuestros propios recursos, podríamos hacer mejor las cosas.
¿De cuánto dinero estamos hablando, aproximadamente?
Solamente para Pataz, a raíz de las muertes que hubo se nos dio un presupuesto de más o menos S/5 millones, solamente hasta diciembre. Se tendría que dar presupuesto a nivel nacional para hacer una persecución mucho más efectiva.
Nos tenemos que mover con lo poco que tenemos y el apoyo de las demás instituciones. Así y todo, adelantamos casos, hemos presentado cifras importantes y estamos haciendo la lucha.
¿No es cínico que, desde el poder político, se hable de combatir a la minería ilegal y sus consecuencias, y los manden a la guerra sin balas?
Hace unos días, en una conferencia de prensa, hemos presentado videos de las interdicciones, de cómo nuestros fiscales operan con el chaleco del Ministerio Público, que es de tela. ¿Tienen equipo de montaña, equipo de selva, chalecos antibalas, condiciones mínimas indispensables? No. Así salen.
Hace unos días, una fiscal FEMA que estaba haciendo un operativo en La Libertad fue atacada con dinamita. Hace menos de una semana, unos fiscales se voltearon cuando volvían en la tolva de un camión con más de 30 personas. Están lesionados. Esto es lo que está pasando en estos momentos, y es lo que nos preocupa.
Normalmente, cuando hacíamos interdicciones, llegábamos con la Policía, con el Ejército, con la Marina y los mineros huían y dejaban la maquinaria. Hoy día, nos enfrentan a tiros.
Con dinamita.
Con dinamita. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién está atrás? Hoy en día, se incauta armamento pesado, se incautan fusiles automáticos. ¿Un minero artesanal tiene fusiles automáticos? Por eso, siempre hemos mandado este mensaje: no se va combatir seriamente esto, si solo nos limitamos a interdicciones.
Si quisiéramos combatir de verdad el tema, tendrían que hacerse profundas modificaciones legislativas.
Cuando hacíamos interdicciones llegábamos con la Policía, el Ejército y los mineros huían. Hoy día, nos enfrentan a tiros».
Y tiene que haber dinero.
Tiene que haber presupuesto. En la zona del Condorcanqui, Tambo, Puerto Maldonado, hay decenas de miles de hectáreas deforestadas. Hemos visto ríos contaminados con mercurio, zonas como La Rinconada, en Puno, en donde se respira cianuro y mercurio.
Y lo peor es que [la minería ilegal] genera condiciones para la criminalidad porque, como hay plata, hay extorsiones, sicariato, trata y alto poder de corrupción.
Nota de redacción:
La entrevista fue realizada antes de que se invitara al Ministerio Público a participar en la mesa técnica sobre minería informal e ilegal.