Entre el abandono estatal ¿y del T-MEC? – – El Heraldo de León

De acuerdo con la organización “México cómo Vamos”, el 17.4% de la economía en Guanajuato está concentrada en el sector de industrias manufactureras, entre las que se incluye la automotriz. Para dimensionar su importancia, ni juntando la agricultura, ganadería y pesca (3.7%); la Minería (4.8%); los Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos (0.5%); así como el alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (1.7%); se alcanza a cubrir lo del sector manufacturero.
La Dirección de Análisis, Estrategia y Evaluación del Gobierno del Estado de Guanajuato informó, a través de una respuesta a una solicitud de información, que en 2023 la industria automotriz en Guanajuato generó 209 mil empleos, mientras que para 2024 esta cifra aumentó a 220 mil.
Actualmente, el estado cuenta con 5 armadoras Fabricantes de Equipo Original u Original Equipment Manufacturer (OEM, por sus siglas en inglés): General Motors, Mazda, Honda, Toyota y la planta de motores de Volkswagen, las cuales son las encargadas de ensamblar 11 modelos de vehículos ligeros.
Además, su red de proveeduría incorpora más de 390 empresas transnacionales entre las que se encuentran las Tier 1, que producen componentes completos o sistemas para los vehículos; y las Tier 2, que proveen piezas más pequeñas o materia prima para integrar los productos del Tier 1.
El comercio de la producción de esta poderosa industria se encuentra regulado, además de en otras normativas federales y locales, en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá -el T-MEC- un acuerdo comercial que entró en vigor el 1 de julio de 2020 y que también tiene por objetivo modernizar reglas, fortalecer las cadenas productivas regionales y asegurar condiciones más equitativas para trabajadores y empresas.
En el capítulo laboral de dicho tratado hay apartados en los que se reconoce la importancia de la libertad sindical y de afiliación; y aunque no se nombran las “listas negras” o el “boletinaje” de trabajadores, sí se evidencia la necesidad de proteger dichas libertades.
Sobre la representación de los trabajadores en la negociación colectiva, el tratado específico en que México debe establecer “en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas de negociación o protección colectivas y a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección”.
También es concreto sobre la importancia de “prohibir el dominio o interferencia del empleador en actividades sindicales, discriminación o coerción contra los trabajadores por virtud de actividad o apoyo sindical, y la negativa a negociar colectivamente con el sindicato debidamente reconocido”.
Aunque las autoridades no reconocen la existencia de las listas negras como una práctica para inhibir el activismo sindical, las experiencias de los trabajadores recogidas en este reportaje, evidencian lo contrario.
Alejandra Morales Reynoso, explica que han evidenciado el tema en foros donde se encontraban representantes de la Secretaría del Trabajo del Estado de Guanajuato, y que también lo hicieron de conocimiento del Mecanismo de Respuesta Rápida en Materia Laboral (RRML) del TMEC, en mayo de 2021, derivado de presuntas violaciones a los derechos laborales en la planta de General Motors en Silao.
Por su parte Ernesto Gutiérrez, de Casa Obrera Potosina, asegura que aún hay muchos retos y desafíos pese a la existencia del T-MEC; y refirió el caso de un compañero por el que activaron el RRML, pues enfrentó un despido injustificado y la obstrucción de su libertad sindical.
“Dentro de la queja se puso que el compañero estaba siendo boletinado para que no encontrara trabajo”, cuenta y agrega que de estas quejas tiene conocimiento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), la misma empresa y autoridades en EE. UU. o Canadá, dependiendo del país.
“La autoridad sabe pero, como te digo, no hay una prueba suficiente de ello (…) lo que buscamos es documentar con los trabajadores que cuando vayan ellos a entregar una solicitud de empleo, brinden el testimonio”, contó.
Gutiérrez considera que lo que hace falta es verdadera voluntad para reconocer un fenómeno silencioso que reprime la libertad de organización y afiliación sindical, pues aunque las listas negras laborales no figuran en informes oficiales, sí son una práctica que evidencia que alzar la voz sigue siendo un riesgo que se paga caro.
Este reportaje fue elaborado en el marco del “Laboratorio de investigación periodística sobre derechos laborales y libertad sindical de los y las trabajadoras de la industria automotriz”, organizado y financiado por Lúminas Centro de Derechos Humanos AC.