Un 73.8% considera negativa la influencia de la minería ilegal en el Congreso
Un porcentaje ampliamente mayoritario de la población no solo reconoce la influencia de la minería ilegal en el Congreso de la República, sino que además la considera negativa: en suma, un 73.8% así lo señala, según una encuesta de Datum Internacional para el Centro Wiñaq.
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De acuerdo con el estudio a escala nacional, únicamente un 5% cree que la minería ilegal no tiene ninguna presencia en este poder del Estado; mientras que un 15% considera que esta influencia llega a ser positiva. En general, una amplia mayoría opina que esta minería aumenta el crimen, ya sea en sus áreas (19.7%) o en todo el país (48.2%).
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Para un 65.8% de encuestados, está claro que la minería informal “es una actividad negativa que fomenta la violencia y muy contaminante”. Solo un 16.9% sostiene que genera empleo y con poco impacto en el ambiente.
El impacto político
El estudio dirigido por el Centro Wiñaq pone en relieve que ningún grupo político en el Congreso está logrando capitalizar el apoyo a ciertas iniciativas a favor de la minería informal. Más del 60% apunta que ninguna bancada está haciendo un buen trabajo abordando este tema; incluso, hay una percepción de corrupción detrás del apoyo (70.2%).
Más aún, el costo político generado puede ser perjudicial de cara a la próxima contienda, pues un 54.6% de peruanos señala que se inclinaría a votar por un candidato que restrinja a la minería informal. Solo un 8.9% respaldaría lo opuesto.
“La gente no está reconociendo a ningún político por apoyar a la minería informal. No hay capital político que estén ganando. Pero sí lo están viendo de manera muy negativa por apoyar esto”, afirmó en diálogo con El Comercio Franco Olcese, socio del Centro Wiñaq.
Luego de la masacre de 13 personas en Pataz, explicó Olcese, la minería ilegal está siendo percibida ya no solo como una actividad negativa en lo ambiental, sino también en términos de seguridad. Y al ser vinculada con organizaciones criminales, entonces hay “extensión del ‘manodurismo’ que el electorado le pide a los candidatos”.
Además, el estudio también recoge que hay un 60.8% de peruanos que consideran que la minería informal y la minería ilegal son casi lo mismo o muy parecidas. Mientras que un 33.2% consideran que son “sustancialmente” distintas.
Para Olcese, esto indica que los conceptos sobre minería informal e ilegal están muy superpuestos y que muy poca gente ve realmente una diferencia entre ambas.
“Desde el punto de vista político, esto es bastante malo para los candidatos que apoyen esto porque significa que, si se ve a alguien apoyando a los informales, dos tercios verán que están apoyando realmente a los ilegales”, acotó.
Otro punto interesante del estudio tiene que ver con el efecto de la minería informal en la economía personal de los peruanos. Un 80% considera que esta no tiene ningún efecto o que no mejora ni empeora sus ingresos. Sin embargo, un 10% afirma que sí lo hace, frente al 4.7% que sostiene que una parte de sus ingresos proviene de la minería informal o que trabaja en esta.
“El punto es que los damnificados son mayores. Que la gente que se siente damnificada es mayor que la gente que se siente beneficiada”, recalcó Olcese.
Por su parte, Fernando Cáceres, director ejecutivo de Síntesis Instituto, explicó que hay partidos que han enlistado a miembros de gremios como la Confemin, que ha estado detrás de las protestas y bloqueos, bajo el cálculo de ganar bolsones electorales. Sin embargo, esto es poco probable.
“El caso más claro es Renovación Popular, pero también está Podemos Perú. El cálculo que hacen es que ganarán bolsones electorales, pero esto es algo poco probable. Los lugares donde impera la minería ilegal votan por candidatos antisistema”, comentó Cáceres.
Mencionó, como ejemplo, la postulación que efectuó el presidente de la Confemin, Franco Bequer, quien candidateó al Congreso con Avanza País, aunque sin lograr plaza alguna. Un modelo —prosiguió— que cuando los partidos democráticos deciden jugársela por la minería informal, no ganan las elecciones.
“El otro riesgo que enfrentan quienes apuestan por la minería informal es que cada vez haya más claridad sobre el vínculo estrecho que existe entre la ilegalidad —que usa como fachada la informalidad— y la violencia que llega al barrio del ciudadano de a pie a nivel de extorsiones y sicariato. A mayor conciencia del vínculo, más crecerá ese 54.6% que afirma que en las próximas elecciones votarían por un candidato que controle o restrinja las actividades de la minería informal”, aseveró Cáceres.
