Senador Pablo Angulo propone tipificar como amenaza a la Seguridad Nacional la …
• La tala clandestina y tráfico de flora y fauna silvestre vinculados a grupos delictivos generan daños ambientales, advierte.
• También el robo de combustibles y la pesca furtiva deben considerarse amenazas al Estado.
El senador priista Pablo Angulo Briceño presentó una iniciativa en el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para reformar la Ley de Seguridad Nacional, con el objetivo de clasificar como amenaza a la integridad del Estado mexicano los actos ilícitos relacionados con la extracción, tráfico o destrucción de recursos naturales estratégicos, cuando estos sean financiados por organizaciones criminales.
En la exposición de motivos, el legislador advirtió que delitos como el robo de combustibles, la pesca furtiva, la tala clandestina y el tráfico de flora y fauna silvestre están cada vez más vinculados con grupos delictivos, generando graves daños ambientales, desplazamiento de comunidades y pérdidas económicas para el país. “La Ley de Seguridad Nacional no contempla explícitamente estos delitos ni establece mecanismos de coordinación operativa”, subrayó.
La iniciativa reforma los artículos 4, 5 y 61 de la Ley de Seguridad Nacional. En particular, incorpora como amenaza los actos ilícitos contra recursos naturales cuando comprometan la seguridad energética, alimentaria o territorial del país. También propone que la seguridad nacional se rija por principios de paz, legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos humanos y ambientales, y que los servidores públicos actúen bajo estos valores.
Angulo Briceño explicó que esta propuesta responde al mandato del artículo 27 constitucional, que reconoce como propiedad de la Nación los recursos naturales del territorio, y a tratados internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) y el Acuerdo de Escazú. Consideró urgente atender esta omisión legal para garantizar la soberanía ambiental y el desarrollo sostenible.
“Proteger nuestros recursos naturales no es solo un deber ambiental, sino una cuestión de seguridad nacional y de derechos. Esta reforma busca cerrar brechas legales y
frenar el poder del crimen organizado sobre el patrimonio natural de México”, concluyó el senador campechano.
