El control de Ghana sobre la minería de oro artesanal – LISA News
Ghana prohíbe a los extranjeros participar en la minería artesanal de oro. La medida busca frenar la minería ilegal y proteger los recursos naturales. En este artículo, la alumna del Curso de Analista Internacional de LISA Institute, Cristina Mba Bacale, explica cómo esta decisión marca un giro soberano en la gestión minera del país.
Ghana, el mayor productor de oro de África, ha aprobado una ley que prohíbe la explotación y posterior comercialización de este mineral por operadores extranjeros, concretamente en la minería artesanal. La medida busca recuperar el control nacional sobre los recursos naturales, reducir el impacto medioambiental y combatir la minería ilegal, que ha alcanzado niveles críticos en los últimos años.
La minería artesanal y en pequeña escala
Conocida históricamente como la «Costa del Oro», Ghana ha sido un centro neurálgico del comercio del oro desde los imperios africanos hasta la actualidad. El oro representó aproximadamente el 57% de los ingresos totales por exportaciones de Ghana en 2024.
Sin embargo, el auge de la minería artesanal ilegal, conocida como galamsey que deriva del inglés «gather them and sell», ha traído consigo numerosos desafíos. Históricamente el galamsey hacía referencia a las prácticas tradicionales de minería donde las comunidades locales recolectaban oro en ríos cercanos. Esta práctica ha ido degenerando en problemas medioambientales como la deforestación o la contaminación de ríos y por ende en conflictos sociales.
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El gobierno de la época, presidido por Jerry John Rawlings, legalizó en 1989 el sector de la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE). Lo hizo mediante una batería de medidas que permitieron a los ghaneses obtener licencias para explotar minerales a pequeña escala.
Asimismo, una de las disposiciones centrales del marco legal fue que sólo los ciudadanos ghaneses podían participar de la MAPE. El objetivo de la normativa era formalizar la actividad, mejorar las condiciones laborales y medioambientales del sector, así como proteger a los mineros locales frente a los operadores extranjeros.
Los operadores chinos
Pese a la prohibición de que los extranjeros participen o se asocien con ghaneses en la MAPE, un alto porcentaje de la minería ilegal ha sido promovido por compañías chinas. Estas operan en zonas ricas en oro como Ashanti, así como en las regiones Occidental y Oriental. Se estima que, en las últimas dos décadas, 50.000 ciudadanos chinos emigraron a Ghana, atraídos por el auge mundial en los precios del oro. En los últimos meses, este mineral ha alcanzado precios astronómicos.
Esta situación ha provocado una disputa diplomática entre Ghana y China en torno a la minería ilegal de oro, ya que ambos países se culpan mutuamente. Ghana sostiene que ciudadanos chinos están fuertemente involucrados en operaciones ilícitas. Por su parte, el embajador chino en Ghana, Tong Defa, niega estas acusaciones. En una reciente entrevista, afirmó: «La percepción es injusta para mí, personalmente, y para la mayoría de los ciudadanos chinos aquí». Y añadió: «Cuando publico en redes sociales, los comentarios a menudo sugieren que el galamsey es completamente causado por China, lo cual es una injusticia significativa».
Sus declaraciones se producen tras varias detenciones, entre ellas la de 10 ciudadanos chinos. Las autoridades incautaron 1,3 kilogramos de oro, valorados en unos 1,4 millones de GHC (algo más de 100.000 €). También encontraron 1,3 millones de GHC en efectivo y una selección de tarjetas de casino.
Estos materiales sugieren un posible vínculo con el crimen organizado y el lavado de dinero. Esta evidencia ha encendido las alarmas sobre la profundidad de las operaciones ilegales en la industria del oro en Ghana.
¿En qué consiste la nueva medida?
El gobierno actual ha promulgado una ley que prohíbe a ciudadanos y empresas extranjeras formar parte del mercado del oro. Además de esta medida, el gobierno ha introducido un nuevo actor en la industria minera del país: la Junta del Oro de Ghana (Goldbod). Según la ley, esta entidad es la única autoridad con derechos exclusivos para comprar, vender, pesar, clasificar, analizar, valorar y exportar oro y otros minerales preciosos en Ghana. También se encarga de regular las operaciones autorizadas de minería artesanal.
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Esta medida es una de las más relevantes del gobierno del presidente John Dramani Mahama, quien ganó las elecciones presidenciales el pasado 7 de diciembre. Durante la campaña, prometió llevar a cabo profundas reformas en la industria minera. Ghana es el primer productor de oro de África y el sexto a nivel mundial, con una producción de 130 toneladas en 2024. Sin embargo, alrededor del 30 % de esa producción proviene del galamsey, una práctica ilegal que genera serios problemas sociales y ambientales.
Impacto medioambiental
Durante la última década, la minería ilegal ha provocado una crisis ecológica a gran escala en varias regiones del país. Numerosos ríos que abastecen de agua a las comunidades locales han sido contaminados por el uso excesivo de químicos como mercurio, plomo y cianuro. Estos compuestos se emplean en los procesos artesanales de extracción.
Antes, los mineros locales extraían oro de depósitos poco profundos usando herramientas básicas y técnicas tradicionales que requerían un trabajo intenso. En la actualidad, los «galamseyers» remueven la tierra de los lechos de los ríos y las granjas con excavadoras. Estas máquinas, en muchos casos, son suministradas por inversores chinos.
Según Carl Kojo Fiati, director de recursos naturales de la Agencia de Protección Ambiental de Ghana, el país podría necesitar importar agua para 2030. La razón es que sus ríos estarán demasiado contaminados por la escorrentía de las operaciones de galamsey.
El galamsey también ha provocado deforestación masiva en entornos protegidos como la Reserva Forestal de Atewa y el Parque Nacional de Kakum. Esto ha impulsado la movilización de organizaciones medioambientales tanto a nivel nacional como internacional.
Por ello, uno de los pilares de la nueva medida adoptada por el ejecutivo es la restauración ecológica. El gobierno ha anunciado un plan que incluye la reforestación de zonas degradadas, programas de educación ambiental para comunidades mineras y la introducción de tecnologías limpias en la minería artesanal regulada, entre otras acciones.
¿Una tendencia en África Occidental?
La decisión del gobierno de Ghana de limitar la explotación de oro por parte de extranjeros no es un hecho aislado. Forma parte de un movimiento más amplio en África Occidental que busca la reapropiación soberana de los recursos naturales. En varios países de la región se están adoptando medidas similares. Estas buscan reducir la dependencia del capital extranjero, combatir la minería ilegal y proteger el medio ambiente.
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Un caso significativo es el de Malí, que posee una de las mayores reservas de oro del continente. El gobierno actual está revisando los contratos firmados con multinacionales extranjeras para garantizar que los beneficios de la minería lleguen directamente a la población.
Esta decisión ha generado opiniones divididas. Por un lado, amplios sectores de la población —especialmente en zonas rurales afectadas por la minería— la celebran como un acto de justicia económica y protección ambiental.
Por otro lado, algunos analistas temen que la medida afecte la inversión extranjera directa en el país, al generar incertidumbre jurídica. Sin embargo, pese a estas preocupaciones, el cedi de Ghana ha subido más de un 40 % frente al dólar este año. Esto lo posiciona por encima de sus pares africanos y de mercados emergentes, reduciendo el costo de la deuda externa y ampliando el espacio fiscal del país.
Este giro marca una señal positiva para los inversores en Ghana, una nación que ha enfrentado crisis económicas prolongadas. Desde una perspectiva política, la medida refuerza la imagen del gobierno como defensor de los recursos nacionales. Llega en un momento de creciente presión ciudadana contra la minería ilegal.
La medida también marca una nueva fase en la gobernanza de los recursos, más centrada en los intereses nacionales y comunitarios. El reto ahora es acompañar esta transición con marcos legales sólidos, instituciones transparentes y alternativas económicas para las comunidades más dependientes de la minería informal.
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