Seguridad a cambio de libertades: Bukele sacrifica democracia para mantenerse en el poder
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a ocupar los titulares del mundo. Esta vez, no por su guerra contra las pandillas ni por su gigantesco centro de detención de máxima seguridad, sino por una polémica reforma constitucional que allana el camino para su reelección indefinida.
La medida fue impulsada por su partido, Nuevas Ideas (NI), y aprobada, por una abrumadora mayoría, por la Asamblea Legislativa en un trámite exprés, sin consulta ni debate. 57 de los 60 diputados votaron a favor de modificar cinco artículos clave de la Constitución: se elimina la prohibición a la reelección inmediata, se amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, se elimina la segunda vuelta electoral y se sincronizan las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Además, se recorta el periodo presidencial actual, haciendo que finalice en 2027, no en 2029, para que coincida con el nuevo calendario electoral.
Bukele, fue reelegido en febrero de 2024 con más del 82% de los votos pese que a la Constitución lo prohibía. Sin embargo, una interpretación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo permitió. Cabe destacar que los jueces de la corte son designados por el legislativo, uno que lleva años en manos del partido de Bukele. Con esta reforma entonces, Bukele queda habilitado para buscar un tercer mandato. Y aunque en el pasado dijo que no buscaría otra reelección, los hechos parecen indicar lo contrario.
Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Foto: X @nayibbukele
Declaraciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición
Desde el oficialismo, se afirma que estas reformas fortalecen la democracia porque devuelven la decisión al pueblo. “Solo el pueblo puede decidir hasta cuándo apoyar a su presidente”, sostuvo la diputada Ana Figueroa, quien presentó el proyecto. El presidente del Congreso y diputado por Nuevas Ideas, Ernesto Castro, fue más enfático: “El poder reside en el pueblo y solo el pueblo tiene el derecho a decidir”, dijo en la red social X.
Otro de los argumentos expuestos por los diputados de NI es “evitar las permanentes campañas electorales y sus elevados costos asociados” al reducir la frecuencia de las elecciones.
Pero la oposición y múltiples organizaciones internacionales tienen una lectura muy distinta. “Hoy ha muerto la democracia en El Salvador”, denunció la diputada Marcela Villatoro, de la Alianza Republicana Nacionalista. A su juicio, con estas reformas los diputados están respaldando la consolidación de lo que considera “una dictadura”.
En declaraciones a la prensa, la legisladora aseguró que la reforma “fue aprobada sin consulta, de forma burda y cínica”.
Marcela Villatoro, Diputada opositora a Bukele denuncia el proyecto que permite la reelección indefinida. Vía Asamblea Legislativa de El Salvador.
Por otro lado, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, fue aún más directa. “Esto no es para devolver el poder al pueblo, es para quedarse el poder ustedes”, acusó durante la sesión plenaria.
Manuel Flores, secretario general del izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, señaló al partido de Bukele que al impulsar estas reformas, “saben que el repudio del pueblo va en aumento”, declaró Flores en una publicación en redes sociales .
ONGs internacionales alertan un “retroceso democrático”
Previo a la aprobación del proyecto, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW), afirmó con la reelección presidencial indefinida que El Salvador recorre “el mismo camino que Venezuela”.
“Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”, escribió en la red social X.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también encendió las alarmas. En su informe más reciente, del 2024, la CIDH pidió al gobierno de Bukele derogar el régimen de excepción vigente desde 2022. Si bien reconoce la mejora inédita en los índices de seguridad, sostiene que ya no existe una situación de emergencia que justifique la suspensión de derechos fundamentales.
Según la CIDH, hay un patrón de ilegalidades en las detenciones, incluyendo arrestos sin flagrancia ni orden judicial, falta de información a los detenidos sobre los motivos de su arresto y condiciones inhumanas en los centros penitenciarios. También denuncia la práctica de imponer penas de adultos a menores y la existencia de jueces con identidad secreta que presiden juicios masivos sin garantías mínimas.
Seguridad, pero ¿a qué costo?
El Salvador, que alguna vez fue sinónimo de violencia y olas de emigración, experimentó una caída dramática en la criminalidad. Para muchos ciudadanos, este cambio ofreció algo más que seguridad: ofreció esperanza. El mundo también se dio cuenta. De repente, la pequeña nación centroamericana parecía estar reinventándose bajo el gobierno de Bukele y su creciente control del poder le ha permitido llevar la paz a las calles, aunque con un costo. Algunos derechos constitucionales, como el debido proceso, han sido suspendidos bajo medidas de emergencia, lo que ha provocado un aumento masivo del encarcelamiento y la protesta de los grupos de derechos humanos.
“CECOT”, la mega cárcel en la que el gobierno de Bukele encierra a los supuestos pandilleros.
Desde que comenzó el régimen de excepción en marzo de 2022 —que mes a mes se renueva—, se estima que más de 85 mil personas han sido arrestadas. El Salvador tiene ahora la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con un 2% de su población tras las rejas. La mayoría no ha recibido una sentencia y muchos enfrentan procesos masivos, con cientos de acusados en un solo juicio.
Y es que el sistema penal salvadoreño está funcionando bajo normas de excepción. Se han aprobado leyes que permiten a los fiscales solicitar condenas de hasta 40 años sin pruebas individualizadas, en audiencias con jueces anónimos. Según testimonios recogidos por la ONG Cristosal, algunos detenidos fueron golpeados al llegar a prisión y otros fueron advertidos de que “no saldrían caminando”.
Los periodistas extranjeros que informan sobre el régimen de excepción y se centran en CECOT probablemente están enfocando su atención en los prisioneros equivocados y en la cárcel equivocada. Los rostros de mediana edad y los tatuajes de cuerpo entero que aparecen en las imágenes de la megacárcel sugieren que son pandilleros que probablemente han estado en prisión desde antes de que comenzara el régimen de excepción (la mayoría de las pandillas salvadoreñas dejaron de tatuarse la cara hace años), según afirma un informe del medio “El Faro”.
En una muestra de mil 177 personas encarceladas bajo el estado de excepción, los investigadores de Cristosal encontraron que solo 54 tenían tatuajes y solo nueve de ellos estaban vinculados a pandillas. De los cientos de familiares de personas detenidas bajo el estado de excepción que ha entrevistado Cristosal, casi todos han sido informados por las autoridades penitenciarias de que sus parientes no están siendo retenidos en CECOT. Se les instruyó llevar paquetes mensuales de alimentos, medicinas y ropa a cárceles más antiguas en otras partes del país.
Deportado desde Estados Unidos llegando a El Salvador y siendo trasladado por policías al Centro de de Confinamiento de Terrorismo (CECOT).
A pesar de estas denuncias, el gobierno de Bukele sigue contando con un alto nivel de aprobación. Las imágenes de calles pacificadas, negocios reabiertos y barrios sin presencia de pandillas han calado hondo en la población. “Ahora uno se siente seguro, la libertad se siente en nuestro país”, decía recientemente Blanca, una artesana de San Salvador.
Pero la seguridad ha tenido un precio. Amnistía Internacional afirma que el Estado ha sustituido la violencia de las pandillas por la violencia estatal. La ONG Cristosal, que trabajó durante 25 años en el país, anunció hace solo unas semanas que suspende sus operaciones tras la detención de su directora de justicia y anticorrupción, Ruth López, a quien acusan de corrupción en un proceso considerado como represalia política.
“Expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel”, denunció Cristosal. La revista brítanica, The Economist, calificó a López como la primera presa política del país.
En un comunicado, también atribuyó su marcha a “la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) y la débil independencia institucional” en el país presidido por Nayib Bukele.
Dicha ley, impulsada por el propio presidente y vigente desde junio, exige a personas u organizaciones que reciban financiamiento extranjero pagar un impuesto del 30 % por esas transacciones y les prohíbe llevar a cabo actividades políticas.
Acusaciones de pactar con pandillas para llegar al poder
El panorama se vuelve aún más complejo cuando se suman las denuncias sobre supuestos pactos con las pandillas. Según una investigación del medio “El Faro”, el ascenso político de Bukele no habría sido ajeno a negociaciones con las maras.
Entrevistas con exlíderes de la MS-13 y del Barrio 18 revelan que durante su etapa como candidato a la alcaldía de San Salvador, Bukele habría solicitado apoyo en territorios controlados por las pandillas a cambio de beneficios carcelarios. Incluso, se habla de pagos monetarios para influir en el voto de familias completas. Uno de los testigos, un exlíder de las maras, conocido como “Charli”, aseguró que el apoyo fue pactado directamente con representantes del FMLN, el partido al que Bukele pertenecía entonces. Otros testimonios, más duros, relatan amenazas directas: “Le vas a decir a tu mamá, a tu abuela, a tu familia, que tienen que votar por Nayib. Si no lo hacés, los vamos a matar”, dijo uno de los entrevistados.
Presos salvadoreños en el CECOT, acusados de pertenecer a las “maras” salvadoreñas.
La supuesta ruptura de ese pacto, según estos relatos, habría desatado la ola de asesinatos de 2022 que sirvió como justificación para instaurar el estado de excepción.
Bukele, un amigo inesperado para Trump
Por si fuera poco, El Salvador ha comenzado a desempeñar un papel inesperado en la política migratoria de Estados Unidos. En un acuerdo poco transparente, el presidente Bukele ofreció a Donald Trump encarcelar migrantes deportados, incluidos ciudadanos estadounidenses. Washington transfirió a El Salvador cientos de venezolanos —algunos vinculados al Tren de Aragua y otros tantos por “error”— utilizando una vieja ley del siglo XVIII, y pagó seis millones de dólares para que fuesen encarcelados en el CECOT.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el presidente de Estados Unidos Donald Trump
Así, mientras Bukele presume de haber pacificado el país, consolidado el control territorial y restituido la seguridad, su gobierno avanza sobre instituciones democráticas, criminaliza la disidencia, concentra el poder y fortalece un régimen que, para muchos, ya dejó de ser una democracia.
El Salvador se debate hoy entre la esperanza de seguridad recuperada y el temor de que el precio pagado —en libertades, justicia y transparencia— sea demasiado alto.
