Congresistas de Perú, Colombia y Ecuador, junto a pueblos indígenas, demandan una Amazonía libre de petróleo
En una intensa jornada de trabajo celebrada este martes 5 de julio en el Congreso de la República del Perú, legisladores de Perú, Colombia y Ecuador, líderes indígenas y organizaciones de la sociedad civil se reunieron para discutir alternativas legislativas frente a la expansión petrolera en la Amazonía. El evento, convocado bajo el lema “Amazonía sin petróleo”, fue organizado por la congresista peruana Ruth Luque Ibarra, en conjunto con la Red de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, AIDESEP y el Grupo de Trabajo sobre Impacto de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
La jornada se desarrolló en un contexto de creciente alarma por los impactos sociales, ambientales y culturales del extractivismo petrolero en la región amazónica. Según datos oficiales, entre 1997 y 2023 se registraron 1,460 derrames de petróleo en Perú, de los cuales 831 ocurrieron en territorios atravesados por el Oleoducto Norperuano. Solo en lo que va de 2025, el Lote 192 (antes Lote 1AB) ha reportado 15 nuevos derrames, sin que se haya concretado el plan de abandono pendiente desde 2015.
La agenda inició con un desayuno informativo con periodistas, seguido de una declaración pública en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso. Allí, la congresista Luque denunció el abandono del Estado en la Amazonía y exigió la remediación urgente de los pasivos ambientales acumulados en lotes como el 192 y el 8. “La expansión petrolera ha traído enfermedades, criminalización de defensores y una ausencia total del Estado en los territorios indígenas”, sostuvo.
Por la tarde, se realizó el foro público “Amazonía sin petróleo: Caminos para una transición justa” en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión. El espacio permitió escuchar tanto propuestas legislativas como testimonios de líderes indígenas que viven los impactos del modelo extractivo.
Desde Ecuador, la asambleísta Rosa Cecilia Baltazar (Pachakutik) anunció la presentación de un proyecto de ley para prohibir nuevas actividades petroleras, con respaldo de organizaciones indígenas. A su vez, subrayó la necesidad de garantizar procesos de consulta prelegislativa conforme a los derechos colectivos.
El congresista colombiano Juan Carlos Losada (Partido Liberal) reiteró su llamado a construir una postura regional sólida ante la crisis climática y ambiental. Recordó que los países amazónicos deben llegar con una propuesta común tanto a la próxima cumbre de la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica), que se celebrará el 22 de agosto en Bogotá, como a la COP30 en Brasil. “Este puede ser un momento histórico para que la voz latinoamericana resuene fuerte en la agenda climática global”, subrayó.
Los testimonios de líderes indígenas marcaron el corazón del foro. Robinson Sandi, presidente de OPIKAFPE, denunció que la actividad petrolera no ha traído desarrollo a sus comunidades, sino contaminación, enfermedades y criminalización. Recordó que estudios realizados en 2016 revelaron la presencia de metales pesados en la sangre de los habitantes, sin que hasta hoy haya respuesta estatal.
Elmer Kunchim, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), reafirmó el rechazo de los pueblos Achuar, Chapra y Wampis a la reactivación de pozos petroleros. Como alternativa, presentó la Cooperativa Shakaim, una iniciativa de desarrollo económico sostenible impulsada desde las comunidades.
Por su parte, Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP, exigió una reparación integral para los pueblos afectados y cuestionó los reiterados incumplimientos del Estado en procesos de consulta previa. Felipe Tapia, asesor de la misma organización, enfatizó la importancia de respetar la libre determinación de los pueblos indígenas por encima de los intereses extractivos.
La jornada concluyó con una declaración conjunta en la que los legisladores afirmaron: “Proteger la Amazonía es una cuestión de justicia climática y responsabilidad histórica. Nuestras iniciativas buscan que esta región siga siendo territorio de vida, culturas y biodiversidad, y no una zona de sacrificio para intereses extractivos de corto plazo”.
Las y los participantes reafirmaron su compromiso de llevar estas propuestas a foros internacionales clave, y destacaron la importancia de implementar instrumentos como el Acuerdo de Escazú y el Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos. El desafío ahora es que los Estados den el giro necesario hacia una transición energética justa y respetuosa de los derechos de los pueblos amazónicos.
