El Gobierno de Perú dará prioridad al combate contra la minería ilegal y el crimen organizado
Lima, 26 ago (EFE).- El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) acordó que el Ejecutivo peruano priorice el combate contra la minería ilegal y el crimen organizado, flagelos que han forzado al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte a declarar el estado de emergencia en varias regiones del país para contar con el apoyo de las fuerzas armadas, según se anunció este martes.
En una comparecencia pública, la jefa de Estado dijo que el trabajo articulado entre las instituciones y los poderes del Estado, junto a la sociedad civil, muestra que están actuando «de manera firme y sin descanso» para dar paz y tranquilidad a la ciudadanía.
Los principales acuerdos en la reunión del Conasec fueron que el poder Ejecutivo priorizará el combate contra la minería ilegal en todas sus modalidades y que se asignará el presupuesto necesario.
Igualmente, los ministerios de Defensa y del Interior continuarán con la ejecución de acciones de interdicción en todo el país.
La provincia de Pataz, en la sierra andina de la región de La Libertad (norte), concentra desde hace varios años la lucha contra la minería ilegal en Perú, especialmente desde la declaración del estado de emergencia en esa localidad, por los ataques de las mafias asentadas en la zona que han provocado decenas de trabajadores muertos en medio de la incursión de sicarios y extorsionistas.
Así mismo, el Conasec acordó que el Ministerio del Interior impulse iniciativas normativas y administrativas para el fortalecimiento de la investigación criminal y del control de armas, municiones y explosivos.
Además, la Policía Nacional del Perú solicitará al Poder Judicial y al Ministerio Público (Fiscalía) la priorización de los casos para intervenir y detener a bandas organizadas con la identificación de criminales.
La Superintendencia Nacional de Migraciones ejecutará acciones para el fortalecimiento de los procesos de verificación migratoria y así obtener información que permita la identificación de los extranjeros y su situación real en el país.
De la misma forma, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior firmarán un convenio para la defensa gratuita de los integrantes de las juntas vecinales de seguridad ciudadana cuando sean denunciados en el cumplimiento de su labor de lucha contra la delincuencia.
«Lo que sí debe saber la población es que la seguridad ciudadana nos preocupa y es nuestra responsabilidad. (…) Esta lucha la tenemos que vencer en unidad», remarcó Boluarte.
La reunión del Conasec convocó, en el Palacio de Gobierno, a los titulares del Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ministros de Estado, representantes de gobiernos regionales y locales, así como otras entidades vinculadas a la seguridad ciudadana.
(c) Agencia EFE
