Congreso registro de maquinaria pesada minería ilegal – Rumbo Minero
La norma busca garantizar la trazabilidad y legalidad de equipos utilizados en minería, construcción, agricultura y transporte, contribuyendo en la lucha contra la delincuencia organizada.
El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de los proyectos de ley 6470 y 7067, que establece la obligatoriedad de registrar toda maquinaria pesada en los Registros Públicos. La norma aplicará tanto a equipos de propiedad privada como estatal, siempre que operen o estén destinados a operar en el territorio nacional.
El objetivo central es asegurar la identificación de procedencia, características y propietario, así como garantizar la legalidad y trazabilidad en las operaciones de compraventa. De esta manera, se busca cerrar el paso al uso de maquinaria en actividades ilícitas, particularmente en minería ilegal e informal.
¿Cómo impactará en la lucha contra la minería ilegal?
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Mamani (PL), subrayó que el registro permitirá identificar a quienes proveen maquinaria pesada, “casi siempre destinada a actividades de minería ilegal”.
“Estando a la problemática planteada, urge la necesidad de aprobar una norma que obligue tener un registro de todas las maquinarias pesadas utilizadas en todos los ámbitos productivos, laborales y económicos realizados a nivel nacional”, enfatizó.
Tarjeta de propiedad como requisito obligatorio
El congresista Héctor Acuña Peralta (HD), coautor de la iniciativa, explicó que cada maquinaria pesada deberá contar con una tarjeta de propiedad. Este documento incluirá información detallada sobre la marca, año de fabricación, características técnicas y propietario, además de otros elementos que se definirán en el reglamento de inscripción en los Registros Públicos.
Aprobación unánime en el Pleno
La propuesta obtuvo un respaldo unánime, con 105 votos a favor en primera instancia, y 107 en la exoneración de segunda votación. Con ello, el Congreso respalda un mecanismo legal que se perfila como herramienta clave en la lucha contra la informalidad y la delincuencia organizada vinculada a la minería ilegal y a otros sectores productivos.
