Guatemala se convierte en el país más peligroso para los defensores ambientales
Al menos 146 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados o desaparecieron en todo el mundo el año pasado, según un nuevo informe de la ONG británica Global Witness. Alrededor del 82% de estos casos tuvo lugar en América Latina, donde la situación sigue siendo especialmente preocupante.
Aunque la cifra total es inferior a los 196 casos registrados en 2023, esto no significa necesariamente que la violencia haya disminuido, según explica Laura Furones, autora principal del informe, a Dialogue Earth: “Puede que haya menos asesinatos, pero la criminalización y otros tipos de ataques no letales están aumentando. La cifra más baja no debe ser motivo de celebración”.
Global Witness comenzó a recopilar estos informes en 2012. Tras 12 años, ha registrado el asesinato o la desaparición de un total de 2.253 defensores del medioambiente. La cifra real podría ser aún mayor, añade Furones: muchos casos no se denuncian porque se producen en zonas de conflicto o en lugares con restricciones o con monitoreos ineficaces.
El informe de 2024 sitúa a Colombia como el país con más asesinatos por tercer año consecutivo, con 48. Esta cifra supone un descenso con respecto a los 79 de 2023, pero, según el informe, las disputas por el uso de la tierra, el tráfico de drogas y la minería ilegal mantienen alto el nivel de violencia en todo el país. Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores (PSD) de Colombia, intervino en la presentación del informe a la prensa. Cuestionó por qué continúa la violencia contra estos defensores en un país que cuenta con programas estatales diseñados para protegerlos: “La violencia letal solo puede detenerse con mecanismos de protección preventivos, no reactivos”.
Historias nacionales
El número de asesinatos documentados aumentó considerablemente en Guatemala: pasó de cuatro en 2023 a 20 en 2024, la cifra más alta per cápita del mundo. Desde 2012, Global Witness ha registrado 106 asesinatos y desapariciones en este país. La ONG cita la corrupción, la distribución desigual de los derechos sobre la tierra, el crimen organizado y las industrias extractivas como factores que impulsan esta violencia.
Neydi Juracán, directora del Comité Campesino del Altiplano de Guatemala (CCDA), también intervino en la presentación del informe a la prensa. Ha observado un aumento de los asesinatos y la persecución de los defensores en el país: “Está relacionado con un modelo de desarrollo basado en el extractivismo que nos despoja de nuestros territorios. Nosotros llevamos a cabo una resistencia pacífica, pero nos persiguen”.
Las elecciones de 2023 en Guatemala, marcadas por los intentos de bloquear la victoria de Bernardo Arévalo y suspender su partido, dejaron tras de sí un escenario de turbulencias institucionales que se prolongó hasta 2024. En julio del año pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que la democracia en el país seguía “en peligro” en medio de la polarización y el debilitamiento de las instituciones. A lo largo del año, las organizaciones indígenas también denunciaron desalojos violentos y la incapacidad del Estado para resolver los conflictos territoriales.
Entre las víctimas se encontraba el abogado José Domingo, que defendía a los agricultores y a los pueblos indígenas en un proceso de titulación de tierras, un problema recurrente en Guatemala, donde las comunidades rurales luchan por obtener la propiedad legal de sus tierras y son frecuentemente objeto de desalojos.
En México, el año pasado fue el segundo más peligroso de la última década para los defensores del medioambiente, con 18 asesinatos y una desaparición registrados. Nueve asesinatos se produjeron en la región de Chiapas como resultado de disputas territoriales entre grupos criminales que luchan por el control de los recursos naturales. Una familia de siete miembros fue asesinada en Chiapas por negarse a apoyar a uno de estos grupos, según las autoridades.
Global Witness registró 12 asesinatos en Brasil durante 2024, frente a los 25 de 2023. La mitad de los casos de 2024 fueron pequeños agricultores. Mientras tanto, los ataques no letales continúan en todo el país.
También se registraron seis casos en Honduras, frente a los 18 registrados el año anterior. Entre los casos de 2024 se encuentra el asesinato del ecologista Juan López, que coordinaba el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) en Tocoa, en el norte hondureño.
El Acuerdo de Escazú
Según el informe, casi mil defensores ambientales han sido asesinados o han desaparecido en América Latina desde la adopción del Acuerdo de Escazú. Este tratado tiene por objeto mejorar el acceso a la información relacionada con cuestiones medioambientales, abordar la impunidad de los delitos cometidos contra los defensores y reforzar la participación pública en las consultas sobre el desarrollo territorial. El acuerdo entró en vigor en 2021 y hasta ahora ha sido ratificado por 18 países.
Colombia se adhirió a Escazú a finales de 2024 y actualmente se encuentra en proceso de crear una comisión intersectorial para aplicar el acuerdo. Sin embargo, Guatemala, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Perú, Jamaica, República Dominicana y Haití aún no han ratificado el acuerdo, a pesar de que todos lo firmaron hace años.
Global Witness afirma que el Acuerdo de Escazú, así como su homólogo europeo, el Convenio de Aarhus, y otros instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos siguen siendo insuficiente. Según el informe, los países carecen de la voluntad política para aplicar estas iniciativas de manera eficaz, y el valor y la existencia de estos acuerdos son en gran medida desconocidos para las comunidades.
“Escazú es un instrumento vinculante que puede tener mucho poder sobre el papel para cambiar la realidad en América Latina”, afirma Furones a Dialogue Earth. “Lo apoyamos y lo celebramos, pero el tiempo pasa y hay países que no lo han ratificado, y los que lo han hecho no están avanzando mucho. Incluso la mejor ley sigue siendo ineficaz si no se aplica”.
El informe sostiene que para abordar estos retos es necesario que los países signatarios de Escazú se comprometan a prestar apoyo financiero, con recursos asignados al acuerdo en los presupuestos nacionales, y que se elaboren y apliquen planes para proteger a los defensores.
Próximos pasos
Global Witness también pide a los Estados que garanticen los derechos de las comunidades rurales e indígenas mediante reformas agrarias que promuevan una propiedad más justa. Además, la ONG afirma que los países deben aplicar una legislación sólida que responsabilice a las empresas por los abusos contra los derechos humanos y los daños medioambientales a lo largo de sus cadenas de valor.
Se insta a los Estados a que se comprometan a respetar las normas internacionales para el reconocimiento y la protección de los defensores, y a que deroguen o revisen cualquier ley que permita su criminalización. Mientras tanto, llama a las empresas a aplicar una política estricta de tolerancia cero hacia los ataques contra los defensores.
Jani Silva, destacada líder social y figura central del movimiento campesino de Colombia, compartió sus opiniones con Global Witness con motivo de la publicación del informe de este año. Silva, que contribuyó a la creación de la zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica, una de las primeras reservas protegidas de este tipo en Colombia, expresó su indignación por la violencia que sigue imperando en América Latina y pidió una respuesta urgente.
“La gran mayoría de los defensores no lo son por elección, yo incluida. Somos defensores porque nuestros hogares, nuestras tierras, nuestras comunidades y nuestras vidas están bajo amenaza. Queda mucho por hacer para garantizar que las comunidades tengan derechos y que quienes los defienden estén protegidos”.
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