Tras un éxodo masivo, el limbo: los refugiados rohingya ponen a prueba la voluntad internacional
Hace ocho años ya que más de 750.000 musulmanes rohingya huyeron de Myanmar y se instalaron en campamentos precarios y “provisionales” en Bangladés; la crisis, no solo sigue sin resolverse, si no que el flujo de personas que huyen no ha disminuido.
Los rohingya, una minoría musulmana que durante mucho tiempo ha sido privada de la ciudadanía y de derechos básicos en Myanmar, huyeron de varias oleadas de violencia que culminaron en 2017 con lo que Zeid Ra’ad al-Hussein, entonces Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, describió como un “ejemplo de manual de limpieza étnica”.
Al cruzar hacia Bangladés, encontraron refugio de emergencia en lo que hoy es, posiblemente, el asentamiento de refugiados más grande del mundo: Cox’s Bazar.
Pero lo que comenzó como una respuesta temporal se ha convertido en una crisis prolongada. Pocos rohingyas ven un camino seguro para regresar a Myanmar, donde la junta militar que gobierna continúa persiguiendo a las minorías y enfrenta su propia rebelión armada.
En Bangladés, las oportunidades de educación y empleo siguen siendo limitadas, mientras los incidentes de seguridad, la trata de personas y las tensiones con las comunidades locales agravan la situación.
La presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock (en pantalla), se dirige a la conferencia de alto nivel de la Asamblea General sobre la situación de los musulmanes rohingya y otras minorías en Myanmar. .
Una desesperación prevenible
Este martes, líderes mundiales, funcionarios de la ONU y grupos de la sociedad civil se reunieron en Nueva York para abordar no solo la emergencia humanitaria, sino también el estancamiento geopolítico que la perpetúa.
La primera en intervenir fue la presidenta de la Asamblea General, quien destacó la grave situación de los más de cinco millones de rohingyas desplazados. Se refirió al sufrimiento de hombres, mujeres y niños que viven en campamentos donde la falta de alimentos, agua, salud y educación es crítica.
Annalena Baerbock alertó sobre el impacto devastador de los recortes presupuestarios, que han dejado a más de 800.000 niños sin escuela y han incrementado los riesgos de explotación, matrimonios infantiles y violencia basada en género.
Subrayó que esta desesperación es prevenible y pidió a los Estados miembros actuar con urgencia. Propuso cuatro prioridades:
- acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria
- apoyo internacional sostenido
- financiamiento adecuado
- creación de condiciones para el retorno seguro y digno de los rohingyas.
Concluyó instando a pasar de las palabras a la acción para igualar la resiliencia del pueblo rohingya.
En un mensaje leído por el jefe de Gabinete Courtney Rattray, el Secretario General de la ONU denunció décadas de exclusión, violencia y despojo de derechos que han dejado a más de un millón de rohingyas desplazados, muchos en Bangladés, donde visitó recientemente el campamento de Cox’s Bazar.
António Guterres hizo un llamado a la acción inmediata en tres áreas:
- respeto al derecho internacional
- acceso humanitario sin restricciones dentro de Myanmar
- mayor inversión para cubrir necesidades básicas y fomentar la autosuficiencia
Insistió en que la solución definitiva debe incluir justicia, ciudadanía plena para los rohingyas y una transición democrática en Myanmar. Recalcó que, sin inclusión y paz real, no puede haber solución duradera.
La impunidad ha permitido décadas de atrocidades
Wai Wai Nu, fundadora de Women’s Peace Network, denunció la impunidad que ha permitido décadas de atrocidades contra los rohingyas y otras minorías en Myanmar. Afirmó que “el genocidio no terminó en 2017, sino que se ha intensificado”, con crímenes de guerra por parte del Ejército y del Ejército Arakan.
Exigió el fin de la violencia, justicia efectiva y el regreso seguro de los rohingyas con plenos derechos. Urgió a establecer un corredor humanitario, imponer sanciones a los perpetradores y rechazar las elecciones falsas del régimen militar.
Concluyó que la paz duradera solo es posible con justicia, inclusión, y una democracia federal que garantice igualdad para todos.
Una vista general muestra un campamento de desplazados internos cerca de la ciudad de Dimawhso, en el estado de Kayah (Karenni), al este de Myanmar.
La crisis política creciente en Myanmar
En Myanmar, la población está sumida en la violencia y la inestabilidad tras un golpe militar el 1 de febrero de 2021.
Miles de civiles han sido asesinados, millones desplazados y más de la mitad de la población necesita asistencia humanitaria. Los desastres naturales, como inundaciones y terremotos, han agravado aún más la presión sobre una infraestructura ya frágil.
Las minorías étnicas, incluidos los rohingya, kachin, shan y chin, han sido desproporcionadamente afectadas.
Se acusa al Ejército de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, muchas de las cuales probablemente constituyan crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Escuelas, hospitales y lugares de culto también han sido blanco de ataques indiscriminados.
