Sobrevivientes de tortura inician huelga de hambre
Tres mujeres sobrevivientes de tortura por parte de elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano iniciaron una huelga de hambre frente a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para exigir el cumplimiento de la Recomendación 173VG/2024 emitida hace un año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Las manifestantes son Kassandra Treviño, Jennifer Campillo y Jessica Ortega, quienes denunciaron haber sido torturadas el 5 de septiembre de 2019 en un domicilio del fraccionamiento Valles de Anáhuac, durante un operativo en el que otras ocho personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. En esa acción participaron agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas (CAIET), de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano.
Las víctimas de esa masacre fueron identificadas como Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández y Jennifer Hazel Romero López, originarios de Tamaulipas, Estado de México, Oaxaca y Coahuila.
La tarde de aquel 5 de septiembre de 2019, el Gobierno de Tamaulipas emitió un comunicado en el que informó que “ocho integrantes de una célula criminal fueron abatidos durante un enfrentamiento con autoridades estatales y federales”.
Sin embargo, esa versión fue desmentida por una investigación independiente respaldada por testimonios de las tres sobrevivientes y cuatro videograbaciones obtenidas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. El material reveló que las víctimas fueron capturadas con vida y posteriormente ejecutadas, lo que contradice el supuesto enfrentamiento.
De acuerdo con el Comité, la respuesta oficial del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del fiscal general Irving Barrios Mojica y del vocero de prensa Francisco Juárez García fue emprender una campaña de criminalización contra las víctimas y sus familiares en redes sociales, con el propósito de desacreditar sus denuncias.
Familiares de las personas ejecutadas solicitaron recientemente una audiencia con el actual Gobierno estatal para exigir que se retome el caso y se garantice justicia, atención y reparación integral.
Durante el inicio de la huelga de hambre, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, recordó que el Estado de Tamaulipas mantiene pendientes de cumplimiento al menos tres recomendaciones en materia de derechos humanos, dos de ellas emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET).
Una de ellas es la Recomendación 06/2023, fechada el 28 de junio de 2023, dirigida al secretario de Seguridad Pública estatal por la tortura de Christian Navarro, Pedro Martínez, Carlos León, Misael Peña y Lázaro Moreno (+), ocurrida en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.
La otra es la Recomendación 04/2022, del 1 de agosto de 2022, por la detención arbitraria y violaciones a los derechos humanos de los periodistas Juan Jesús González Zúñiga, Luis Ignacio Valtierra Hernández y Gabriel Garza Flores (+), a manos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
Ramos Vázquez advirtió que el Gobierno del Estado ha mostrado “falta de voluntad política” para atender los casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, pese a los compromisos públicos en materia de derechos humanos.
Las tres mujeres anunciaron que mantendrán la huelga de hambre de manera indefinida hasta que el Gobierno estatal y la Secretaría de Seguridad Pública cumplan con las recomendaciones de la CNDH y garanticen la reparación integral a las víctimas.
CT
