Cisjordania: Israel comete crímenes de lesa humanidad al vaciar campos de refugiados
- El desplazamiento forzoso de la población de tres campos de personas refugiadas en Cisjordania, llevado a cabo por el gobierno israelí entre enero y febrero de 2025, constituye crímenes de guerra y de lesa humanidad.
- Los Convenios de Ginebra prohíben el desplazamiento de civiles desde territorios ocupados, salvo de forma temporal y únicamente por razones militares imperiosas o por la seguridad de la población. Las personas desplazadas tienen derecho a protección, alojamiento y a regresar tan pronto cesen las hostilidades en la zona.
- Altos funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz, deben ser investigados por las operaciones en los campos de refugiados y procesados por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los gobiernos deberían imponer sanciones selectivas y adoptar medidas urgentes para presionar a las autoridades israelíes a poner fin a sus políticas represivas.
(Jerusalén) – El desplazamiento forzoso de la población de tres campos de personas refugiadas en Cisjordania, llevado a cabo por el gobierno israelí entre enero y febrero de 2025, constituye crímenes de guerra y de lesa humanidad, señaló hoy Human Rights Watch en un nuevo informe. Las 32.000 personas expulsadas no han podido regresar a sus hogares, muchos de los cuales fueron deliberadamente demolidos por las fuerzas israelíes.
El informe, de 105 páginas y titulado “‘All My Dreams Have Been Erased’: Israel’s Forced Displacement of Palestinians in the West Bank’ (“Han borrado todos mis sueños: el desplazamiento forzado de palestinos en Cisjordania por parte de Israel”), documenta la “Operación Muro de Hierro”, una ofensiva militar israelí en los campos de personas refugiadas de Yenín, Tulkarem y Nur Shams, iniciada el 21 de enero de 2025, pocos días después de anunciarse un alto el fuego temporal en Gaza. Las fuerzas israelíes ordenaron a la población civil abandonar sus viviendas de forma repentina, incluso mediante altavoces montados en drones. Según testigos, los soldados avanzaron sistemáticamente por los campamentos, irrumpieron en los hogares, saquearon propiedades, interrogaron a residentes y, finalmente, obligaron a todas las familias a marcharse.
“Las autoridades israelíes expulsaron por la fuerza a 32.000 palestinos de sus hogares en campos de refugiados de Cisjordania a comienzos de 2025, sin respetar las protecciones establecidas por el derecho internacional, y no les han permitido regresar”, afirmó Nadia Hardman, investigadora sénior sobre los derechos de las personas refugiadas y migrantes en Human Rights Watch. “Mientras la atención mundial se centra en Gaza, las fuerzas israelíes han cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de limpieza étnica en Cisjordania que deben ser investigados y enjuiciados”.
Human Rights Watch entrevistó a 31 personas palestinas desplazadas de los tres campos y analizó imágenes satelitales, así como órdenes de demolición del ejército israelí, que confirman la magnitud de la destrucción. El equipo investigador también examinó y verificó videos y fotografías de las operaciones militares israelíes.
El 21 de enero, las fuerzas israelíes irrumpieron en el campo de refugiados de Yenín, desplegando helicópteros Apache, drones, bulldozers y vehículos blindados para apoyar a cientos de tropas terrestres que obligaron a la población a abandonar sus hogares. Residentes contaron a Human Rights Watch que vieron cómo los bulldozers demolían edificios mientras eran expulsados. Operaciones similares se llevaron a cabo en el campo de refugiados de Tulkarem el 27 de enero y en el cercano campo de Nur Shams el 9 de febrero.
El ejército israelí no proporcionó refugio ni asistencia humanitaria a las personas desplazadas. Muchas buscaron cobijo en las viviendas, ya saturadas, de familiares o amistades, mientras que otras acudieron a mezquitas, escuelas o entidades benéficas.
Una mujer de 54 años relató que los soldados israelíes “gritaban y lanzaban cosas por todas partes… Era como una escena de película: algunos llevaban máscaras y portaban todo tipo de armas. Uno de ellos me dijo: ‘Ya no tienes casa aquí. Tienes que irte’”.
Desde las redadas, las autoridades israelíes han negado a los residentes el derecho a regresar a los campos, incluso cuando ya no hay operaciones militares activas en la zona. Soldados israelíes han disparado contra quienes intentaban volver a sus hogares, y solo unas pocas personas han podido recuperar sus pertenencias. El ejército ha arrasado y despejado grandes zonas, aparentemente para abrir vías de acceso más amplias dentro de los campos, y ha bloqueado todas las entradas.
El análisis de imágenes satelitales realizado por Human Rights Watch revela que, seis meses después, más de 850 viviendas y otras edificaciones habían sido destruidas o gravemente dañadas en los tres campos. La evaluación se centró en áreas de destrucción masiva, donde las edificaciones fueron demolidas o resultaron severamente dañadas, a menudo debido al ensanchamiento de calles y callejones en estos asentamientos densamente poblados.
Una evaluación preliminar del Centro Satelital de las Naciones Unidas (UNOSAT), publicada en octubre de 2025, determinó que 1.460 edificios resultaron dañados en los tres campos, incluidos 652 con signos de daños moderados.
La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) estableció estos tres campos a comienzos de la década de 1950 para acoger a los palestinos expulsados de sus hogares o forzados a huir tras la creación de Israel en 1948. Desde entonces, las personas refugiadas —las desplazadas y sus descendientes— habían residido allí de forma permanente.
El artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, aplicable a los territorios ocupados, prohíbe el desplazamiento de la población civil, salvo de manera temporal y únicamente por razones militares imperiosas o por motivos de seguridad de la propia población. Las personas desplazadas tienen derecho a protección y a un alojamiento adecuado, y la potencia ocupante está obligada a garantizar su retorno tan pronto como cesen las hostilidades en la zona.
En una carta enviada a Human Rights Watch, las autoridades israelíes afirmaron que la “Operación Muro de Hierro” se lanzó “ante las amenazas a la seguridad que representan estos campos y la creciente presencia de elementos terroristas en su interior”. Sin embargo, Human Rights Watch constató que las autoridades israelíes no han presentado ninguna prueba que demuestre que la expulsión total de la población civil era la única opción viable para alcanzar sus objetivos militares, ni han explicado por qué continúan impidiendo el regreso de las personas residentes a sus hogares.
Tampoco han respondido a las consultas de Human Rights Watch sobre si, y cuándo, permitirán el retorno de la población palestina desplazada. En febrero, el ministro de Finanzas y ministro adjunto de Defensa, Bezalel Smotrich, declaró que si los residentes de los campos “continúan con sus actos de ‘terrorismo’”, estos “se convertirán en ruinas inhabitables” y que “sus residentes se verán obligados a emigrar y buscar una nueva vida en otros países”.
La expulsión forzosa de la población palestina de estos campos constituye también un acto de limpieza étnica, un término no jurídico que se utiliza para describir la expulsión ilegal de un grupo étnico o religioso de un territorio por parte de otro grupo.
Las redadas se produjeron mientras la atención internacional se centraba en Gaza, donde las autoridades israelíes han cometido crímenes de guerra, actos de limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad —incluidos el desplazamiento forzoso y el exterminio—, así como actos de genocidio.
Desde los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, las fuerzas israelíes han matado a casi 1.000 personas palestinas en Cisjordania. Las autoridades israelíes han intensificado el uso de la detención administrativa —sin cargos ni juicio—, las demoliciones de viviendas palestinas y la expansión de asentamientos ilegales, mientras aumentan la violencia de colonos respaldada por el Estado y la tortura de personas palestinas detenidas. El desplazamiento forzoso y otras formas de represión contra la población palestina en Cisjordania forman parte de los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución perpetrados por las autoridades israelíes.
Los altos cargos israelíes responsables de las operaciones en los campos de personas refugiadas deben ser investigados y, cuando corresponda, procesados por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluida la responsabilidad de mando. Entre quienes deberían ser investigados figuran el general de división Avi Bluth, comandante del Mando Central y responsable de las operaciones militares en Cisjordania, incluidas las redadas y las órdenes de demolición; los tenientes generales Herzi Halevi y Eyal Zamir, ambos jefes del Estado Mayor del ejército israelí en distintos periodos; el ministro adjunto de Defensa Bezalel Smotrich, miembro del gabinete de seguridad y también ministro de Finanzas; el ministro de Defensa Israel Katz; y el primer ministro Benjamín Netanyahu.
La Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y las autoridades judiciales nacionales que actúan bajo el principio de jurisdicción universal deben investigar a los funcionarios israelíes presuntamente implicados, incluidas las responsabilidades de mando, por los crímenes de atrocidad cometidos en Cisjordania.
Los gobiernos deberían imponer sanciones selectivas contra Bluth, Zamir, Smotrich, Katz, Netanyahu y otras autoridades israelíes implicadas en graves violaciones en curso en el Territorio Palestino Ocupado. También deberían instar a las autoridades israelíes a poner fin a sus políticas represivas, imponer un embargo de armas, suspender los acuerdos comerciales preferenciales con Israel, prohibir el comercio con los asentamientos ilegales y hacer cumplir las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional.
“Los abusos cada vez más graves de Israel en Cisjordania demuestran por qué los gobiernos, pese al frágil alto el fuego en Gaza, deben actuar con urgencia para evitar que las autoridades israelíes profundicen su represión contra la población palestina”, afirmó Hardman. “Deberían imponer sanciones específicas al primer ministro Netanyahu, al ministro de Defensa Katz y a otros altos cargos responsables de crímenes graves contra el pueblo palestino, y hacer cumplir todas las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional”.
