Peligrosa planta de amoníaco en territorio indígena de Sinaloa desata alerta internacional
La Bahía de Ohuira, uno de los humedales más importantes del noroeste mexicano y sostén de miles de familias pescadoras, está en riesgo de convertirse en escenario de una crisis socioambiental sin precedentes. En este ecosistema, lo que antes era una lucha local contra la construcción de una planta de amoníaco hoy escaló a una alerta internacional: once relatores de Naciones Unidas denunciaron graves violaciones a derechos humanos y amenazas críticas para la vida y el medio ambiente en Topolobampo, Sinaloa.
Los expertos de la ONU acusaron violencia sistemática contra quienes se oponen al proyecto, violaciones a los derechos del pueblo indígena Mayo–Yoreme y riesgos severos para la salud pública y el equilibrio ecológico de la bahía. Los señalamientos no se basan en hipótesis: provienen de visitas al territorio, testimonios de defensores amenazados y de los propios estudios de riesgo de la empresa responsable.
La propia empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en su Estudio de Riesgo Ambiental, reconoce que ante una fuga de amoníaco de tan solo 5 minutos, toda la bahía de Ohuira se convertiría en una zona de alto riesgo con “peligro inmediato a la salud o a la vida”. Resulta evidente que incluso a partir de información de la propia empresa, este proyecto está jugando con la vida de miles de personas.
El pasado 19 de noviembre, las y los relatores especiales de las Naciones Unidas hicieron públicas las cartas que enviaron al gobierno mexicano, a las empresas Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), al banco alemán KFW-IPEX y a los gobiernos de Alemania y Suiza. Cabe señalar que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) es la mexicana subsidiaria de la Holding suizo – alemana Proman, líder a nivel mundial en la producción de metanol y amoniaco, que se utiliza en fertilizantes químicos.
En una región donde la pesca ribereña es sustento, identidad y herencia, la operación de la planta podría borrar en minutos lo que la naturaleza tardó miles de años en construir, advierten más de 40 organizaciones ambientales y de derechos humanos y exigen detener inmediatamente el proyecto, además de que Presidencia, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) “se pronuncien y clarifiquen las observaciones realizadas por los relatores para frenar inmediatamente las violaciones sistemáticas de derechos”.
Cabe señalar que a pesar de las críticas, el Secretario de Economía en Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, reveló el 16 de noviembre que la Planta de GPO registró un avance del 70 por ciento en Topolobampo. Además, otra planta de Gas Natural Licuado, de Sempra Energy, está concesionada en la misma bahía, y otra vez sin consulta ni consentimiento de la población indígena.
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