Previo a la protesta contra la minería, el gobierno apuró una inspección a la canadiense Kobrea
En días marcados por el contraste entre la operatividad técnica y la efervescencia social, el Gobierno de Mendoza concretó este lunes una exhaustiva inspección técnica en el proyecto de exploración El Perdido, ubicado en el departamento de Malargüe.
La acción oficial se produce en un momento político sensible: este martes, las asambleas populares por el agua y diversas organizaciones ambientalistas han convocado a una movilización masiva frente a la Casa de Gobierno para manifestar su rechazo a la actividad extractiva.
Mientras los grupos sociales ultiman los detalles de la protesta en la capital, en el Distrito Minero Occidental I, una comitiva multidisciplinaria auditó el estado de avance de las obras de apertura de caminos que lleva adelante la operadora canadiense Kobrea. Según el informe oficial, la traza ya alcanzó el sector denominado «Los Caracoles», cumpliendo con los parámetros técnicos y compromisos ambientales asumidos.
Minería con blindaje de multisectorial
Ante el cuestionamiento de los sectores movilizados, el Ejecutivo provincial apuesta por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) como garante de transparencia. Este organismo, que integra a técnicos de la Dirección de Minería, la Policía Ambiental Minera y la Municipalidad de Malargüe, funcionó durante la inspección como un ojo supervisor que trasciende la estructura jerárquica del Estado.
Kobrea en malargüe 1
“La UGA es un organismo creado para coordinar y supervisar las inspecciones, asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales y sociales”, señaló Juan Pablo Conil, coordinador de la Unidad. Conil destacó además que el espacio es «abierto y participativo», invitando a los sectores de la sociedad civil a sumarse al control.
La auditoría en el terreno no solo se limitó a la geografía del camino. Los técnicos revisaron el manejo de residuos, el control de procesos erosivos y la protección de áreas sensibles. Un punto crítico en la agenda de los manifestantes es el impacto sobre el patrimonio hídrico y arqueológico; sobre esto último, la inspección verificó el cumplimiento de la actualización del Informe de Impacto Ambiental en la zona de intervención.
El proyecto en la mira
El Perdido es una de las apuestas fuertes del departamento sureño. En noviembre, la empresa anunció la construcción del camino de acceso, paso previo y fundamental para la instalación del campamento base. El objetivo final es la exploración de un yacimiento de pórfido de cobre mediante perforación diamantina, un mineral considerado estratégico para la transición energética global.
Sin embargo, para las asambleas que marcharán a la Casa de Gobierno, el avance de las máquinas representa una amenaza a la Ley 7722 y a la integridad de las cuencas. Los manifestantes sostienen que los controles oficiales no son suficientes para garantizar la seguridad del recurso hídrico, punto que será el eje del reclamo frente a la explanada de la Casa de Gobierno.
Transparencia bajo estándares internacionales
Para contrarrestar la desconfianza, el Gobierno recordó que este esquema de trabajo se enmarca en la adhesión a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), impulsada por el Banco Mundial. La participación de organismos como el IANIGLA, el IADIZA, el Departamento General de Irrigación y hasta el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) busca dotar de legitimidad científica y social a los reportes de campo.
La jornada de este martes será una prueba de fuego para el consenso minero que intenta construir la gestión provincial. Mientras en la cordillera malargüina las máquinas continúan abriendo paso hacia el cobre, en las calles de la ciudad la voz de la resistencia ambiental volverá a medir fuerzas con la política oficial.
