El punto que frena la ley de proveedores mineros en San Juan: premios y sanciones
El Gobierno de San Juan continúa trabajando este 2026 en la redacción final de la Ley de Desarrollo Local -conocida como ley de proveedores mineros-, una norma considerada estratégica para acompañar el avance de los grandes proyectos de cobre en la provincia. Pese a que se esperaba su tratamiento durante el último período legislativo, la iniciativa sigue demorada.
Según un sondeo realizado por Tiempo de San Juan entre fuentes oficiales, del sector minero y de los proveedores locales, el motivo del retraso está concentrado en un solo artículo: el que define el sistema de premios y sanciones y, especialmente, cómo se mide el cumplimiento de las empresas mineras.
El proyecto sanjuanino: objetivos, no cupos
La propuesta actual del proyecto de ley cuenta con 23 artículos y apunta a diferenciarse de esquemas rígidos aplicados en otras provincias, que no lograron los resultados esperados. En lugar de imponer cupos fijos de contratación de proveedores, el modelo sanjuanino se basa en el consenso y en planes de desarrollo con objetivos presentados por las propias operadoras mineras.
En ese marco, la norma establece objetivos de máxima: alcanzar hasta un 80% de empleo local y un 60% de contratación de proveedores sanjuaninos, siempre calculados sobre la oferta real de bienes y servicios disponible en la provincia.
Para avanzar hacia esas metas, las empresas mineras deberán presentar dos instrumentos clave: un Plan de Desarrollo de Empleo y un Plan de Desarrollo de Proveedores, donde explicarán de qué manera y en qué plazos prevén cumplir esos objetivos de forma progresiva.
El artículo en discusión
El punto más sensible aparece al momento de evaluar esos compromisos. El Gobierno analiza un esquema de incentivos o “premios”, que podría traducirse “posiblemente” en beneficios fiscales para aquellas empresas que cumplan simultáneamente con sus metas de empleo y de proveedores.
En paralelo, el texto evita hablar de “castigos” y pone el acento en la responsabilidad de cumplir con los objetivos que la propia empresa fijó en su plan. Pero, ¿qué pasa si no se cumplen los objetivos presentados en los planes?
Las sanciones (de las que poco se sabe aún), según lo planteado hasta ahora, se aplicarían únicamente cuando una operadora no cumpla con los compromisos que ella misma asumió, aunque se prevén instancias para justificar retrasos ante la autoridad de aplicación.
Justamente, ahí se concentra el debate que mantiene frenada la ley: definir si existirá un piso mínimo obligatorio de contratación o si el único parámetro para medir un incumplimiento será el porcentaje del plan presentado por cada empresa, según indicaron las fuentes.
Una norma superadora
El resto de los artículos está ampliamente consensuado, tal como explicó Tiempo de San Juan en julio pasado. Para los proveedores sanjuaninos, el corazón de la norma está en la creación de un Registro de Proveedores, cuya inscripción será obligatoria para participar en licitaciones mineras. Estar registrado otorgará prioridad en la contratación.
Además, las mineras o los grandes proveedores cumplidores podrán acceder a líneas de crédito oficiales y subsidios específicos destinados al fomento del sector.
Desde el Gobierno, la Cámara Minera, las compañías y los grupos de proveedores coinciden en un punto: evitar una “ley cerrojo” o de “alambrado” que termine ahuyentando inversiones. Por eso se ha evitado establecer porcentajes o cupos de contratación, cambiándolos por planes y objetivos.
Lo que se busca es alcanzar una normativa superadora, que brinde seguridad jurídica a los proyectos mineros y, al mismo tiempo, maximice el impacto positivo en la economía local, sin que existan cuestionamientos. Pero claro, en puntos tan sensibles, es lógico que no todos estén de acuerdo. Por eso el gobierno apunta a alcanzar el mayor consenso posible.
No es un dato menor que la ley de proveedores sea considerada uno de los casilleros clave que San Juan busca completar -junto con el RIGI y el marco legal de glaciares- para que los proyectos de cobre puedan avanzar hacia su etapa productiva. Por eso, mientras continúan las negociaciones, el artículo de premios y sanciones sigue siendo la pieza que define cuándo la ley podrá finalmente llegar al recinto.
