Gobierno se deslinda de responsabilidad sobre minería ilegal tras enfrentamiento en Pataz
El primer ministro, Ernesto Álvarez, señaló que el conflicto se originó entre grupos de mineros ilegales armados que intentaban apropiarse de oro dentro de un socavón. “Lo que ha sucedido en Pataz es que un grupo armado ha querido robarle oro a otro grupo de mineros ilegales. Se han defendido, porque existen bandas armadas en diferentes grupos de mineros ilegales y eso no ha sido controlado por los gobiernos regionales. No es necesariamente obligación del Estado el control de la pequeña minería y minería artesanal, mucho menos de la minería ilegal”, declaró en entrevista con RPP.
Álvarez responsabilizó a los gobiernos regionales por no ejercer de manera eficiente las facultades y presupuesto asignado para supervisar estas actividades. “Los gobiernos regionales implicados en la minería ilegal, ¿acaso no tienen responsabilidad alguna en este problema? Este Gobierno, que tiene apenas dos meses, no es responsable de la minería ilegal ni de las consecuencias humanas y criminales que esta representa”, añadió.
Estas declaraciones se produjeron luego de que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), representada por 25 gobernadores, solicitara al Ejecutivo una estrategia eficaz para abordar la minería ilegal. En respuesta, el presidente de la ANGR y gobernador de Áncash, Koki Noriega Brito, insistió en exigir la salida del primer ministro. “Debe haber costos políticos. Son responsables directos el ministro del Interior y el premier. Para mí, debe haber alguien que pague los costos políticos”, sostuvo.
Noriega Brito también precisó que los recursos generados por la minería van directamente al Tesoro Público y no se transfieren de manera directa a los gobiernos regionales. Señaló que las regiones no han tenido autonomía real ni capacidad de fiscalización sancionadora, ya que entidades como el OEFA y la ANA dependen del Gobierno central. “A las regiones solo se nos dieron competencias administrativas limitadas, sin presupuesto ni recursos”, explicó.
Finalmente, el gobernador enfatizó que no busca confrontación entre Ejecutivo y regiones, sino control territorial en Pataz. “Control territorial significa presencia permanente de las Fuerzas Armadas y la Policía, erradicación de actividades ilegales y protección de la población. No hay excusas políticas ni gobiernos de transición que justifiquen la inacción”, concluyó.
