CAR y Fuerza Pública logran 73 capturas en ofensiva contra la minería ilegal
La gestión ambiental en el centro de Colombia ha alcanzado un hito institucional bajo el liderazgo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). En su más reciente balance del año 2025, la entidad reveló un resultado contundente: en colaboración estrecha con la Fuerza Pública, se asestaron 73 golpes judiciales contra la explotación ilegal de recursos naturales, marcando un récord en decomisos y capturas que desarticulan redes criminales que depredan el ecosistema.
La UIGA: un modelo de unidad estratégica contra la ilegalidad ambiental
El brazo operativo que ha hecho posible estos resultados es la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA). Esta unidad especial, creada como un piloto de éxito, ha logrado articular de manera eficiente el conocimiento técnico y jurídico de la CAR con la capacidad operativa, logística y de inteligencia del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial (FAC).
Según el director de la corporación, Alfred Ignacio Ballesteros, este modelo de «unión de esfuerzos» ha permitido ejecutar misiones de inteligencia planificadas meticulosamente, utilizando tecnología de punta como drones, imágenes satelitales y aeronaves de vigilancia para monitorear el territorio y actuar con precisión. La sinergia ha permitido pasar de la denuncia a la acción judicial efectiva en tiempo récord.
Los recursos naturales bajo ataque: un balance que preocupa
El balance detallado de la CAR muestra una tendencia clara y preocupante hacia el ataque contra el recurso suelo, que constituye el 49% de los casos intervenidos. La minería ilegal de materiales como arena, grava y carbón es la actividad predominante en esta categoría, causando daños paisajísticos y contaminación irreversibles.
En segundo lugar, se encuentran los delitos contra el aire (23%), relacionados principalmente con emisiones contaminantes de quemas y maquinaria pesada sin control. Les siguen la afectación al agua (17%), por vertimientos y desviación de cauces, y el tráfico de fauna silvestre (4%). Estas cifras reflejan una presión constante y multifacética sobre el ecosistema, con focos críticos especialmente en las provincias de Ubaté, Almeidas y la zona de la laguna de Guatavita, donde la extracción ilícita ha avanzado significativamente.
Tecnología, comunidad y fortalecimiento institucional: la fórmula del éxito
Uno de los pilares fundamentales del éxito operativo fue la integración activa de la ciudadanía en la red de vigilancia ambiental. La CAR enfatizó que las denuncias reportadas a través de sus canales de atención, como líneas telefónicas y aplicaciones móviles, fueron el detonante de múltiples operativos exitosos.
Este respaldo social, sumado al uso de tecnología forense y conocimiento jurídico especializado para consolidar la flagrancia y asegurar las pruebas, ha sido fundamental para lograr condenas. Ante la persistencia y adaptación de los delitos ambientales, la corporación anunció el fortalecimiento de sus equipos técnicos y jurídicos regionales en las zonas más afectadas, con mayor presupuesto y personal.
El objetivo es claro: reducir el impacto de la ilegalidad ambiental mediante un ejercicio de autoridad oportuno, permanente y disuasivo. La CAR reafirma así su compromiso con el cuidado del ambiente como objetivo primordial de su gestión en los 98 municipios de Cundinamarca, 6 de Boyacá y la ruralidad de Bogotá, proyectando replicar el modelo UIGA en otras regiones del país.
