Investigación alerta de la expansión de la minería ilegal y sus efectos – Correo del Sur
La minería ilegal ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza estructural que compromete la economía, el ecosistema y la seguridad nacional, según advierte el estudio “Presencia e incidencia de la minería ilegal en Bolivia”, de Alfredo Zaconeta.
En la última década, La Paz, Beni y Pando se han consolidado como el epicentro de la minería aurífera ilegal. Bajo la fachada de cooperativas, cientos de dragas y balsas operan sin control ambiental en ríos como el Madre de Dios y dentro de áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi, de acuerdo con Sumando Voces.
El uso indiscriminado de mercurio para la amalgamación del oro está contaminando las fuentes de agua, afectando la salud de las comunidades indígenas ribereñas con niveles de toxicidad que superan los límites sanitarios. Según el documento, esta actividad es alimentada por capitales extranjeros —de origen chino, colombiano y peruano— que suministran tecnología y financiamiento, evadiendo los marcos regulatorios.
“JUKEO” EN EL OCCIDENTE
En los distritos mineros tradicionales de Oruro y Potosí la ilegalidad tiene el rostro del estaño y el zinc. El “jukeo”, es decir, el robo de mineral, golpea a empresas estatales como Huanuni y Colquiri, generando pérdidas que solo en Huanuni se estiman en 20 millones de dólares anuales.
El informe también documenta la persistencia del trabajo infantil y adolescente en las cooperativas. En 2018, la gigante tecnológica Apple excluyó a la Metalúrgica Vinto de su lista de proveedores ante la sospecha de uso de mano de obra infantil.
A pesar de que el sector minero representó el 52,4% de las exportaciones del país en 2024, su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) ha caído del 7,6% en 2009 al 5,1% en 2023. Esta paradoja se explica, en parte, por la evasión masiva de regalías y tributos a raíz del mercado ilegal.
La investigación apunta a la debilidad institucional de entidades como la AJAM y el Senarecom como un factor clave. La falta de capacidad logística, la corrupción y el peso político de los sectores cooperativistas han frenado intentos legislativos para endurecer la lucha contra la minería ilegal.
El autor concluye que el combate a la ilegalidad requiere una voluntad política real que trascienda la represión. El informe sugiere que la minería ilegal es, en gran medida, un síntoma de la incapacidad del Estado para generar empleo digno en las zonas mineras, convirtiendo al “jukeo” en una estrategia de supervivencia ante la pobreza.
Propone la implementación urgente de un sistema robusto de trazabilidad del mineral, la simplificación de la formalización para pequeños mineros y una reforma normativa que devuelva el Estado de Derecho a los territorios afectados.
