Trabajadores del sector marítimo y fluvial iniciaron este miércoles una huelga de 48 horas en los puertos de Argentina, que afectará a infraestructuras, pesca y comercio exterior, en protesta contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei que está previsto sea debatida y votada esta semana en la Cámara de Diputados.

«Esta medida de fuerza tiene como objetivo defender nuestros derechos laborales, la estabilidad de nuestros puestos de trabajo y la dignidad de la familia marítima frente a iniciativas que buscan precarizar nuestra actividad», afirmó en un comunicado la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fesimaf).

El paro afectará la operatoria habitual en 17 terminales portuarias del país, ya que estos gremios intervienen en tareas clave para el funcionamiento de los buques como el amarre y desamarre de naves, que impacta de forma directa y genera demoras y atraso en la carga de granos y productos.

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«La Marina Mercante no puede quedar excluida del marco legal que protege a los trabajadores argentinos. Este paro no es contra el país ni contra la producción, es en defensa del trabajo nacional, de nuestras condiciones laborales y de la seguridad en la navegación», añadió el sindicato.

El secretario general de Fesimaf, Mariano Moreno, dijo que la actividad naval podría pasar de ser una actividad regulada y formal «a ser un sector regido por acuerdos individuales y monotributo, lo que llevaría al desmembramiento de la profesión».

Fesimaf está integrada por gremios como el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, el Sindicato de Conductores Navales (Siconara) y otras organizaciones que representan a trabajadores embarcados y personal de la navegación marítima y fluvial.

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En paralelo, la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) anunció su adhesión a la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para la jornada en la que se debatirá en la Cámara de Diputados la reforma laboral, y que se prevé va a ser este jueves, después de que hace una semana fuera aprobada por el Senado.

Según la FEPA, la reforma «pone en riesgo convenios colectivos, condiciones laborales y estabilidad en la actividad”. La Prefectura Naval Argentina recordó a las empresas armadoras la obligación de garantizar servicios esenciales vinculados a la seguridad de la navegación, como el uso de remolcadores, y advirtió que podrían aplicarse sanciones en caso de incumplimiento.