El Supremo avala la norma de Barcelona de obligar a destinar el 30% de obra nueva a vivienda protegida – Idealista
El Tribunal Supremo ha dado un espaldarazo a la normativa del Ayuntamiento de Barcelona que obliga a reservar el 30% de promociones de obra nueva o de grandes rehabilitaciones para vivienda protegida. El alto tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la empresa Josel SLU, perteneciente al grupo Núñez i Navarro, contra esta norma que fue impulsada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau en 2018. En concreto, la sentencia señala que se puede obligar a los promotores a que reserven un 30% de pisos sociales en la ciudad ya construida y también sostiene que no hay derecho a indemnizarles.
Tanto la Generalitat de Cataluña como el Ayuntamiento de Barcelona presentaron alegaciones contra el recurso de casación interpuesto por Núñez i Navarro, y la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Supremo les ha dado la razón.
El fallo, que consolida una sentencia previa del Tribunal Constitucional avalando también esta normativa, señala que “a través de los correspondientes instrumentos de planeamiento pueden establecerse reservas de techo para vivienda de protección pública (VPP) en suelo urbano consolidado”. Es decir, es posible destinar el 30% de suelo tanto en actuaciones de transformación urbanística, como en actuaciones edificatorias (nuevas promociones de obra nueva o grandes rehabilitaciones).
Además, sobre la posibilidad de indemnizar a los promotores afectados por esta normativa, el Supremo señala que no se puede reconocer con carácter general el derecho a ser indemnizado por la restricción del uso que genera la norma urbanística de Barcelona. Por ello, exige “circunstancias concretas” para poder atender una posible indemnización. Es decir, no se genera indemnización automática, sino que para que eixta deben concurrir una restricción del aprovechamiento, una limitación singular y una imposibilidad de equidistribución.
El actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), estudia reformar esta normativa junto con Junts, aunque ahora mismo esta negociación está suspendida. Al iniciar su mandato en 2023, Collboni intentó junto con Junts flexibilizar esta normativa, pero en julio de 2025 no se llegó a ningún acuerdo y el regidor señaló que aplazaba la modificación al próximo mandato (2027-2031). El punto de inflexión llegó con el “no” de Junts, que exigía cambios adicionales, como una rebaja del IBI del 4%, antes de sumar su voto.
