Cuidar el medio ambiente o progresar: ¿qué proyecto de país queremos? – – CIPER Chile
El autor de esta columna sostiene que «hay que revisar y reflexionar sobre qué ‘proyecto de país’ queremos todos y no limitarse a aceptar, ni ser meros observadores de lo que piensan unos pocos, cuyas casas difícilmente se verán perjudicadas por incendios, marejadas o inundaciones. Tal vez se vean afectadas sus inversiones, pero nunca conocerán —ni podrán ser empáticos— con los costos familiares y emocionales de estas tragedias».
Imagen de portada: Diego Martín / Agencia Uno
Semanas atrás se realizó el seminario “En tiempos de resiliencia y reconstrucción: desafíos del desarrollo urbano y rural para el Chile del 2050”, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), en dependencias de la Universidad del Bío-Bío, instancia que fue escenario de una contienda a raíz de unas palabras del Ministro de la Vivienda, próximo a asumir su cargo, que para muchos fueron desafortunadas. Declaraciones que desconcertaron a la ciudadanía y provocaron que alrededor de 240 académicos, científicos y representantes de organizaciones sociales del país manifestaran su profunda preocupación, tomándolo “como una falta de respeto”, y motivándolos a firmar una carta abierta denunciando “desprecio hacia la vida”.
A esto se suman en los días posteriores los dichos del presidente electo José Antonio Kast en Bruselas, donde asistió e intervino ante líderes internacionales en la VII Cumbre Transatlántica, con duras críticas a lo que definió como “ismos extremos”: ambientalismo, animalismo, feminismo e indigenismo. En la misma línea, se agregan las declaraciones del senador Rojo Edwards, quien interpela sobre el “fanatismo o radicalismo ambiental” como una fuerza que se ha tomado el Estado de Chile y que, según afirma, está provocando mayor pobreza y sufrimiento.
De cierto modo, se puede hacer la lectura de un llamado a la “eficiencia” y al “progreso”, expresado en frases como: “Ustedes que le dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario”. Pero, ¿qué significa progreso y qué es ser eficiente?.
Ahora bien, desde una mirada crítica, lo verbalizado por el ministro Poduje, el presidente electo José Antonio Kast y otras personalidades supone desconocer el frágil equilibrio de la naturaleza, el funcionamiento de las interacciones ecológicas y, en términos básicos, el concepto de ecosistema. También implica no comprender los impactos de la acción humana en el medio ambiente ni comprender conceptos clave como servicios ecosistémicos y desarrollo sostenible, lo que vuelve la situación especialmente grave dada la relevancia de los cargos que están ejerciendo o van a ejercer. Las declaraciones resultan tan trascendentes porque provienen de autoridades que debieran conocer estas materias o, al menos, hacernos sentir que saben y que consideran otras opiniones. No se trata de elegir entre cuidar y progresar, sino de comprender que sin cuidado no hay progreso sostenible.
Este tipo de planteamientos induce a confusión y evoca una visión moral anclada en concepciones heredadas de fines de la Edad Media, donde predominaba una perspectiva antropocéntrica: un orden centrado en el ser humano que evalúa a los demás seres vivos tomando al propio hombre como referencia. Desde ese enfoque, se los considera apropiables y se los emplea únicamente como medios o recursos al servicio de sus propios fines.
¿Se puede ser insensible y tan tajante con el medio ambiente? En plena década en la que casi todo el planeta lucha por combatir el cambio climático y sus consecuencias, estos dichos dejan un sabor amargo. Porque, si hablamos de “activismo ambiental” o “fanatismo ambiental”, ya pronto a volver a clases en ese mismo saco entrarían también la mayoría de profesoras y profesores que día a día se esfuerzan por inculcar el cuidado y el respeto por el medio ambiente, así como el propio currículum educativo chileno, cuyo marco normativo —la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, establece la educación ambiental como deber del Estado, y la Ley 20.370, o Ley General de Educación, que incorpora entre sus fines la valoración del entorno natural— fijan, entre otros marcos de acción, los lineamientos para promover estos hábitos, conductas y conciencia.
Imaginen la disonancia que se genera en la mente de los jóvenes ciudadanos en formación y el impacto que esto tiene en la credibilidad de quienes educan. ¿Cómo se le explica a una niña o a un niño que debe cuidar el medio ambiente, si luego ve en redes sociales e informativas, a una autoridad afirmar que la naturaleza es la culpable de que su padre no tenga trabajo o de que su casa no haya sido reconstruida? Es necesario tomar conciencia de esta contradicción, porque —como bien ha señalado Humberto Maturana— “el lenguaje construye realidades”.
Realidades, donde las personas que fueron elegidas parecen desconocer, minimizar o simple y llanamente no importarles sus efectos, teniendo el foco principalmente en satisfacer sus propias necesidades y prioridades. Sin embargo, lo que no quieren ver es que el conjunto de estas acciones y decisiones están contribuyendo de forma acelerada —según muestra la evidencia científica— a que no se detenga el proceso descrito como la “sexta extinción masiva de la biodiversidad”, o también llamada “extinción del Antropoceno”.
De acuerdo con diversos informes basados en la Lista Roja de la UICN, en 2025, 44 especies animales, vegetales y fúngicas fueron declaradas oficialmente extintas tras evaluaciones científicas de expertos de todo el mundo. Esta misma fuente indica que actualmente más de 48.600 especies —equivalente a cerca del 28 % de todas las especies evaluadas por la UICN— están clasificadas como en peligro de extinción, cifra que refleja únicamente a las especies evaluadas hasta la fecha de los millones de seres vivos que no han sido investigados, por lo que el número real de especies en riesgo podría ser considerablemente mayor.
Nuestro país, en este sentido, es altamente vulnerable, dadas sus condiciones de insularidad —desierto por el norte, mar por el oeste y cordillera por el este—, lo que ha favorecido una biodiversidad con altos niveles de endemismo: cerca del 25 % de sus especies sólo existen en este territorio. Esta singularidad implica un riesgo elevado de pérdida irreversible y, en los últimos años, se ha reportado que cerca de 800 especies se encuentran al borde de la extinción, afectadas principalmente por el impacto humano y el cambio climático. Si en el pasado un meteorito fue responsable de una gran extinción, hoy el principal agente es el ser humano.
Hay que revisar y reflexionar sobre qué “proyecto de país” queremos todos y no limitarse a aceptar, ni ser meros observadores de lo que piensan unos pocos, cuyas casas difícilmente se verán perjudicadas por incendios, marejadas o inundaciones. Tal vez se vean afectadas sus inversiones, pero nunca conocerán —ni podrán ser empáticos— con los costos familiares y emocionales de estas tragedias.
Afortunadamente, la ciudadanía está cada vez más empoderada: son más quienes se informan en medios de prensa independientes, quienes investigan y quienes, de forma colaborativa, intercambian experiencias y se transforman día a día en una voz firme y activa. En ese escenario, al gobierno entrante le corresponde actuar con mayor cautela, cuidar el mensaje y ejercer la diplomacia, especialmente cuando en las campañas presidenciales pasadas quedó el precedente de que, en un “diálogo”, hay que tener un tono confrontacional y de crítica incesante.
Lo positivo es que el medio ambiente aún tiene una oportunidad. Los avances científicos y el mayor conocimiento sobre biodiversidad y cambio climático están impulsando nuevas estrategias de conservación y, junto con la revalorización de las culturas ancestrales y su cosmovisión —basada en el respeto por las personas, el entorno y la naturaleza—, están trazando una nueva ruta de claridad, colaboración, sentido de comunidad y esperanza. Pero la duda persiste ¿Qué país queremos todos?
