Afloran presuntos manejos ilícitos en pagos hechos por escuelas del Inbal
▲ Las presuntas irregularidades detectadas en esta instancia cultural ocurren en un momento político significativo.Foto tomada de las redes sociales de la EIA1
▲ Aspectos de las instalaciones de la EIA1, del Inbal.Foto tomada de las redes sociales de esa institución educativa
Ángel Vargas
Periódico La Jornada
Lunes 16 de marzo de 2026, p. 2
En abril de 2025, el muralista y docente Leopoldo Hernández Castellanos recibió una llamada de su contadora, quien le informó que tenía una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La razón: el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) había emitido comprobantes fiscales a su nombre durante todo 2024 por un salario que él nunca recibió.
Es sólo la punta de un iceberg que abarca presuntos manejos administrativos irregulares en esa dependencia. Se trata de un “fraude”, considera el artista, “que posiblemente proviene desde la anterior administración cultural federal, encabezada por Alejandra Frausto”.
Polo Castellanos, como se le conoce en el medio artístico, asegura que jamás ha tenido relación laboral con el Inbal. En entrevista con La Jornada, narra que su contadora le informó que ese adeudo ante el SAT significaba que “yo estaba en una nómina en Bellas Artes cuando nunca he trabajado ahí”.
El autor cuenta que en 2023 lo invitaron a dar clases en la Escuela de Iniciación Artística número 1 (EIA1). Para presentar su candidatura a la plaza vacante, le pidieron –como a todo personal de nuevo ingreso– iniciar trámites y entregar documentos personales, aun cuando no fuera segura su contratación.
“Pero nunca se estableció la relación laboral. Tiempo después descubrimos que yo estaba ‘cobrando’ en Bellas Artes desde hacía un año y pico, todo 2024. En la nómina venían ingresos, ISR y hasta cuotas sindicales”, reitera.
Al acudir a las oficinas centrales del instituto, le informaron que los pagos no se habían realizado mediante depósitos bancarios, sino con cheques. “Mi primer temor era que hubiera una cuenta bancaria fantasma a mi nombre, pero no, los pagos fueron con cheques, lo cual lo hace más grave, porque alguien los cobró, firmando a mi nombre”, refirió Castellanos.
No sólo eso: también se le indicó que su nombre aparecía con dos plazas en el Inbal, y que a los seis meses de firmado un primer contrato éste se renovó.
Es decir, “firmé un contrato que nunca surtió efectos legales porque no fui contratado, pero además de meterlo en la nómina, alguien renovó ese documento a mi nombre”.
Los comprobantes fiscales que el Inbal envió al SAT en nombre de Polo Castellanos incluían descuentos por concepto de cuotas sindicales. Sin embargo, los recibos no especifican a cuál de los varios sindicatos que hay en el instituto corresponden esos pagos. “Había, entonces, un sindicato involucrado cobrando en tiempo y forma estas cuotas”, dijo el artista.
Un error y una renuncia falsificada
El 24 de abril de 2025, Castellanos envió una carta a la directora general del Inbal, Alejandra de la Paz, solicitando su intervención para cancelar la emisión de los comprobantes fiscales, además de pedirle explicaciones de los pormenores de la situación.
“Me resulta inconcebible que en estos tiempos de cero tolerancia contra la corrupción esté pasando esto en la administración de la Cuarta Transformación, y que no se actúe de manera inmediata”, escribió el artista en la misiva, en la cual añade: “tengo conocimiento de que no soy el único caso y que hay más con el mismo modus operandi, incluso declaraciones fiscales infladas en perjuicio de los trabajadores que sí tienen relación laboral con el Inbal”.
La respuesta llegó hasta junio, mediante un oficio de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (DSE/437/2025), firmado por la Dirección de Servicios Educativos, documento del cual tiene copia este diario.
Ahí, el Inbal reconoce que el pintor “no ha formado parte de la planta docente de la escuela de referencia” y que, sin embargo, desde 2024 el instituto “ha estado emitiendo recibos de nómina al SAT en su nombre”. La dependencia también admite que “se han emitido cheques que aparentemente se han cobrado” de 2024 a esa fecha.
El oficio señala al administrador de la EIA1, José Heriberto Cortés Escobedo, como responsable de haber tramitado un nombramiento indebido. Además, indica que la Coordinación de Pagos recibió un “Aviso de suspensión de pago, por motivo de renuncia, con fecha para surtir efectos a partir del 16 de abril del 2025”, tramitado por la EIA1, anexando un escrito de la supuesta renuncia de Polo Castellanos.
Éste negó haber presentado tal renuncia: “si nunca trabajé ahí nunca fui a renunciar, alguien falsificó mi firma para ‘renunciarme’, igual que para cobrar los cheques”.
El Inbal, mediante ese oficio, también instruyó iniciar un acta administrativa en contra de Cortés Escobedo y de la entonces directora de la EIA1, quien ya en abril de 2025 había recibido la llamada de Polo Castellanos y, al investigar, descubrió “ciertas irregularidades administrativas relacionadas con la nómina de su escuela”, dijeron a este diario sus abogados.
Pero resulta que mientras el administrador sigue laborando en la EIA1, se despidió a la directora que denunció a sus superiores las irregularidades (se omite su nombre por encontrarse vigente un proceso legal).
En entrevista con La Jornada, los abogados de la maestra cuentan que la Dirección de Asuntos Laborales del Inbal determinó que “presumiblemente” ambos servidores públicos fueron quienes registraron a Castellanos en la nómina de docentes de la EIA1.
No obstante, afirman que la entonces directora informó a sus superiores y al Órgano Interno de Control del Inbal y que ella “esperaba tener respaldo institucional para continuar con la investigación, pero enfrentó muchísimos obstáculos”.
Su separación del cargo ocurrió en noviembre de 2025, meses después de que denunciara las irregularidades. El argumento de su despido fue, “supuestamente, por pérdida de confianza”. Hasta la fecha no ha habido cambios en la administración de la EIA1 ni se ha realizado una auditoría al plantel.
La defensa de la directora presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Inbal y reitera que, además del caso de Castellanos, se han detectado “otros con características similares”, incluyendo registros de ingresos de personas vinculadas con otras escuelas del Inbal que nunca trabajaron en la institución o que lo hicieron en fechas distintas a las que aparecían en los comprobantes fiscales.
Otro caso, más firmas apócrifas
En Semana Santa de 2025, una profesora de artes visuales que ingresó a la EIA1 en agosto de 2024 descubrió, al ordenar sus recibos de pago, que le faltaban varias quincenas. También su contador le informó que el Inbal había emitido comprobantes fiscales en su nombre desde febrero de 2024; es decir, seis meses antes de que comenzara a trabajar formalmente.
El 2 de julio de 2025, la docente –quien pidió reservar su identidad– presentó una denuncia administrativa ante el Órgano Interno de Control del Inbal, con fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el documento denominado “Posicionamiento de cero tolerancia a los actos de corrupción”, suscrito el 15 de marzo de 2023 por la entonces directora general del instituto, Lucina Jiménez.
En el escrito –del que este diario posee copia– detalló un proceso de “contratación irregular” que se extendió por más de un año y que derivó en la falsificación de su firma y el probable desvío de recursos públicos.
La denunciante explicó que en junio de 2023 fue considerada para ocupar una plaza en la EIA1. En ese contexto, el administrador Cortés Escobedo le solicitó documentos personales y fiscales, los cuales entregó el 30 de junio de 2023 en las instalaciones de la escuela. Sin embargo, le informaron que el proceso se suspendió debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impedía nuevas contrataciones en ese momento.
En febrero de 2024, el administrador le solicitó de nuevo su documentación y la citó para firmar formatos de ingreso y declaración patrimonial, seis meses antes de que formalmente comenzara a laborar.
La artista comenzó sus labores docentes el 19 de agosto de 2024, pero aseguró que recibió su primer pago hasta el 25 de septiembre, mediante dos cheques que le fueron entregados por la subdirectora de la escuela. A partir de entonces, refirió, los pagos “fueron siempre irregulares”: en ocasiones los recibía a través del administrador, otras veces por personal de vigilancia o por la prefecta, sin que le solicitaran firmar ningún comprobante de recepción.
A lo largo del ciclo escolar, la docente sufrió omisión de pago de varias quincenas. Al reclamar al administrador, éste le respondía que “no se preocupara, que le iban a pagar todo, que él haría los reclamos”, relató la docente en entrevista con este diario.
En ese mismo abril de 2025, al preparar su declaración anual, la profesora descubrió que el Inbal había emitido comprobantes fiscales en su nombre desde marzo hasta julio de 2024, cuando ella aún no laboraba para la institución.
Los comprobantes, dijo, presentaban irregularidades como la ausencia de número de empleado, la asignación de un puesto distinto al que realmente ocupaba y su aparición como trabajadora sindicalizada.
Al consultar la Plataforma Nacional de Transparencia, la docente encontró que aparecía con registros laborales desde el primero de enero de 2024, “lo que también era falso”.
El 11 de junio de 2025 acudió a las oficinas centrales del Inbal para verificar la recepción de unos formatos de reclamación de pagos que había entregado al administrador de dicha escuela semanas atrás. Al revisar su expediente, pudo constatar la existencia de dos constancias de nombramiento emitidas para los meses de marzo a agosto de 2024, supuestamente con su firma.
“En ningún momento suscribí dichos documentos, por lo que la firma que aparece en ellos fue evidentemente falsificada”, señala en la denuncia.
Además, el personal de esas oficinas del instituto le informó dos cuestiones adicionales: primera, que los formatos de reclamación que ella había entregado al administrador nunca llegaron a esa área, y segunda, que las quincenas de agosto, octubre y noviembre de 2024 aparecían en el sistema como “ya pagadas”, a pesar de que ella nunca las recibió.
Depósitos de un particular
Poco después de comenzar a presionar por sus pagos, la profesora recibió un depósito bancario de 16 mil 685 pesos y 90 centavos correspondiente a una parte del salario que le debían.
Al revisar el origen del pago, descubrió que no provenía del Inbal, sino de una cuenta a nombre de una persona física: Jaime Fernando (La Jornada posee copia de esa transacción). Un funcionario le informó que tal persona era cercana al administrador Cortés Escobedo.
En su denuncia ante el Órgano Interno de Control, la docente asentó que las conductas del administrador podrían constituir faltas administrativas como desvío de recursos públicos, uso de información falsa, abuso de funciones y falsificación de documentos oficiales. También solicitó que se investigara a otros servidores públicos que hubieran participado en la elaboración, validación y gestión de la documentación laboral.
La denuncia fue recibida por ese órgano el 2 de julio de 2025. En octubre de ese año, la profesora fue notificada de que se le había asignado un número de expediente y que sería acumulada “con otra”, posiblemente la de Polo Castellanos.
“Yo lo hice también por el SAT”, explicó la maestra. “Si me reclaman impuestos por facturas que no me pagaron, al menos ya avisé. Mi contador dijo: ‘con esa denuncia, si el SAT te requiere, tú ya cumpliste’. Fue para dejar constancia de que hubo un error del gobierno federal”.
Limbo judicial
El 5 de junio de 2025, Polo Castellanos presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Inbal y quien resulte responsable por el posible delito de fraude y otros ilícitos que pudieran derivarse de la investigación, documento del que obra una copia en poder de este diario con el acuse de recibo.
En la querella, señaló que los hechos podrían configurar “falsificación de documentos, suplantación de identidad, abuso de confianza, delitos fiscales, probablemente desvío de recursos”, así como violaciones a derechos humanos.
Entre ellos, asentó, “derecho a la identidad y protección de datos personales, derecho al trabajo y a no ser sometido a un trabajo falso, derecho a la propiedad y al patrimonio, derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, derecho a la integridad personal”.
A los 15 días, recibió un oficio de una agente del Ministerio Público Federal en el que se le informaba que la FGR se declaraba incompetente y remitía el expediente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).
El expediente inició entonces un recorrido por distintas fiscalías capitalinas: de la FGJ pasó a la Coordinación General de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, y de ahí a la misma coordinación en Peralvillo. En cada ocasión, el expediente llegaba, pero nadie lo abría, denunció el artista.
Cuando finalmente fue abierto en Peralvillo, relató, los agentes determinaron que se trataba de un asunto federal, pues el Inbal es una institución federal y los presuntos delitos señalados –incluyendo ahora falsificación de documentos– son de esa competencia. El expediente fue devuelto a la FGR, pero ésta se negó a recibirlo.
Durante meses, el expediente permaneció en la Fiscalía de Peralvillo, sin que se abriera una investigación sustancial. Polo Castellanos y sus abogados presionaron para que el caso fuera trasladado a la FGR.
El martes pasado, el denunciante recibió una llamada telefónica de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. Fue citado para comparecer como testigo la semana próxima y para ampliar su declaración dentro de una carpeta de investigación.
Eje prioritario
José Heriberto Cortés Escobedo, administrador de la EIA1, fue señalado por el propio Inbal, en el oficio DSE/437/2025, como responsable de haber tramitado un nombramiento indebido en favor de Polo Castellanos y de haber permitido el cobro de cheques. A pesar de ello, continúa en su cargo.
Situación diferente es la de la ex directora de ese plantel, quien, como ya se describió, fue destituida de ese cargo en noviembre pasado luego de que se empeñó en que sus superiores investigaran las irregularidades. Ante los ojos de su defensoría y de los artistas implicados en estos hechos, ella es sólo “un chivo expiatorio”.
De acuerdo con investigaciones de La Jornada, un personaje más aparece en este tinglado. Se trata de Christian Michel Cortés Escobedo, hermano del actual administrador de la EIA1, quien ha ocupado carteras en el Sindicato Nacional de Cultura, sección D-III-22.
De acuerdo con Polo Castellanos y otras fuentes consultadas, tal situación podría explicar los descuentos sindicales que aparecen en los comprobantes fiscales de personas que nunca trabajaron en el Inbal o que lo hicieron en periodos distintos.
Las presuntas irregularidades detectadas en esta instancia cultural ocurren en un momento político significativo. Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la educación artística ha sido colocada como eje prioritario del gobierno de México, enfocado en el bienestar social y el acceso democrático a la cultura.
La promesa de “cero tolerancia a la corrupción”, esgrimida desde el inicio de la llamada Cuarta Transformación, es un estandarte recurrente en el discurso oficial.
