¿Quién gana con la inversión en infraestructura de Sheinbaum? Esto dicen expertos
La iniciativa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para impulsar la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar es para los especialistas, la apertura de un nuevo escenario en la forma en que el Estado se relaciona con la Iniciativa Privada y el sector social, con implicaciones directas en la generación de empleo, el dinamismo económico y la distribución de los beneficios de la obra pública en el país.
Gobierno impulsa economía con infraestructura, no empleo directo: Harold Dutton
Para el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Harold Dutton Treviño, la propuesta parte de un elemento central: el papel del Gobierno como detonador económico a través de la infraestructura, más que como generador directo de empleo.
En ese sentido, el especialista consideró positivo que se busque retomar un esquema que permita activar proyectos y atraer inversión, en comparación al estancamiento que se tuvo en el sexenio pasado, aunque advirtió que el alcance real dependerá de su implementación.
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«Siempre se ha dicho que el Gobierno ya sea federal estatal municipal no crea empleos, ¿Verdad? No porque no debe ser el entre productores o digamos, normalmente nuestra concepción debe ser los privados. Sin embargo, el Gobierno en estos tres niveles juega un papel fundamental en el impulso, digamos económico y generación de empleos. Justo a través, principalmente de las obras de infraestructura», señaló.
Ley de infraestructura: riesgo de favorecer a grandes empresas, advierte
El académico de la UdeG explicó también que este tipo de iniciativas suelen beneficiar, en primera instancia, a las grandes empresas que ya cuentan con capacidad instalada para participar en proyectos de gran escala, lo que podría reproducir esquemas previos si no se ajustan los mecanismos de operación, y ante lo cual, será necesario mantener la vigilancia desde la academia, los organismos civiles y los medios de comunicación.
«Es muy probable que esta ley vaya a estar beneficiando al mismo grupo de personas, si no lo queremos personalizar tanto al mismo grupo de personas morales que se ha venido beneficiando desde que yo tengo memoria.
«Te doy un ejemplo, grupo ICA, Entonces, yo considero que estas obras estratégicas seguramente van a estar muy enfocadas en áreas grandes, que ya tienen toda la infraestructura para apostar por la inversión, dado que el Estado no tiene la capacidad para hacerlo por sí mismo», señaló.
Sin embargo, Dutton Treviño también señaló que la iniciativa abre la posibilidad de incorporar criterios de inclusión si así se define en las reglas secundarias, por ejemplo, al permitir la participación de nuevas empresas o sectores tradicionalmente excluidos.
Ley reconoce límites del Estado y abre paso a inversión privada, señala Nicolás García de León
Por su parte, el abogado constitucionalista de la Universidad Panamericana (UP), Nicolás García de León Castro, consideró que la iniciativa representa un punto intermedio entre modelos económicos recientes, reconociendo los límites del Estado para financiar y ejecutar por sí solo los proyectos estratégicos.
«Esta ley es un punto medio no donde ya el gobierno de Sheinbaum reconoce que el Estado no es omnipotente que el contrario, lo que a veces pensamos que tiene como el recurso ilimitado, pues no es así, o sea, no le alcanza el dinero para sacar adelante todos los recursos, y por ello es necesario sumar a la Iniciativa Privada», refirió el especialista.
Así, consideró, los principales beneficiarios se ubican en sectores clave para el desarrollo económico y la transición energética, así como en la estructura financiera que respalda los proyectos: «Dentro del sector privado, ahora sí quiénes se benefician, están en primer lugar, el sector energético, como Pemex, además de que va a apoyar mucho a las empresas de energías renovables y proveedores de cualquier tipo de tecnología», señaló de manera positiva.
Además, destacó que la construcción e infraestructura serán áreas directamente favorecidas, al requerir la participación de empresas especializadas para ejecutar obras que el gobierno no puede realizar por sí mismo.
Además, dijo, será clave el analizar el dicho de la presidenta sobre que la iniciativa incorpora, al menos en su planteamiento, criterios orientados al beneficio social y la inclusión de comunidades marginadas como parte de los indicadores de éxito de los proyectos, pero lo importante será observar exactamente cómo o desde donde se plantean los beneficios, por ejemplo, si es a través de generación de empleos, o construcción de nuevos caminos a comunidades aisladas.
Infraestructura abre nuevas rutas de inversión, pero exige reglas claras para evitar concentración
Por último, el especialista de la UP advirtió que el sistema financiero, incluyendo fondos de inversión y Afores, podría jugar un papel relevante al participar en el financiamiento de los proyectos, lo que abre nuevas rutas de inversión ligadas a obra pública.
Así, ambos especialistas coincidieron en que, más allá del diseño de la ley, el impacto real dependerá de las reglas de operación, los mecanismos de selección de proyectos y los controles que se establezcan para evitar concentración de beneficios, en un contexto donde la infraestructura vuelve a colocarse como eje del desarrollo económico.
Avanza en comisiones la Ley de Inversión en Infraestructura
La Ley de Inversión en Infraestructura, presentada esta semana ante la Cámara de Diputados ya avanza en las comisiones de Infraestructura y de Hacienda y Crédito Público. En la votación, llevada a cabo este mismo miércoles, se emitieron 25 votos a favor, tres en contra y una abstención por parte de la Comisión de Hacienda y 24 a favor, cuatro en contra y cero abstenciones de la Comisión de Infraestructura para un total de 49 votos a favor, siete en contra y una abstención.
Según la primera versión del documento, puesto a disposición de las y los diputados federales, la iniciativa de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar busca transformar el modelo de inversión en México, estableciendo un marco jurídico para la colaboración entre los sectores público, privado y social.
La reforma aborda de manera integral puntos clave que apuestan no solo por modernizar la infraestructura nacional, sino también utilizar el ajuste en las reglas presupuestarias para otorgar a Pemex y a los proyectos estratégicos una ruta de inversión protegida.
Uno de estos puntos es el de Esquemas de Inversión Mixta. El corazón de la propuesta es la creación de mecanismos donde el Estado mantiene la rectoría, pero permite la participación privada para acelerar proyectos en sectores como energía, transporte, salud y agua, donde se proyecta una inversión de 5.6 billones de pesos para 2030, distribuida en un 54% de capital público y 46% privado.
Otro de los puntos a considerar es la posibilidad de que se logre la autonomía financiera para Pemex, considerando que un cambio fundamental incluido en las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es la desvinculación de la inversión de Pemex de las metas de equilibrio presupuestario del Gobierno federal.
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Lo anterior, según el documento, permitiría que la petrolera ejecute sus proyectos de inversión sin que estos se vean limitados por las restricciones fiscales globales del Estado, fortaleciendo su capacidad operativa.
¿Quién gana con la nueva apuesta de inversión en infraestructura?
Conforme a lo señalado por los especialistas, la propuesta estaría contemplando como una prioridad el Sector Energético, al considerar que la reforma asigna el 54% de la inversión estratégica al sector energía. Los objetivos específicos incluyen la generación de 30,000 megawatts adicionales y la reducción de la dependencia de gas natural importado, bajándola del 75% al 50%.
Por otra parte, la propuesta contempla también nuevas figuras de gobernanza, dado que se introducen los «Vehículos de Propósito Específico (como fideicomisos o SAPIs) para captar recursos en los mercados financieros», y asimismo se crea el Consejo de Planeación Estratégica, un órgano consultivo que definirá los criterios técnicos y emitirá recomendaciones sobre los proyectos prioritarios.
Sin embargo, en este punto, refirió Nicolás García de León Castro, existe el riesgo de que ese mismo consejo sea integrado por agentes cercanos al Gobierno en el poder, como ha ocurrido en otros casos en áreas diversas, llevando a que se privilegien obras a prioridad del oficialismo, y se dejen de lado las obras más necesarias para la población, tal como ocurrió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, o que privilegie obras en Entidades gobernadas por el Partido en el mandato, y donde el Consejo se convertiría solo en una simulación.
Por otra parte, por lo menos en el espíritu de la propuesta, se prevén conceptos de flexibilidad y blindaje presupuestario, pues la reforma permitiría iniciar contrataciones estratégicas incluso antes de contar con la suficiencia presupuestaria definitiva. Además, establece un blindaje para los proyectos de «desarrollo con bienestar», de modo que no se vean afectados por recortes o ajustes fiscales en caso de una caída en los ingresos públicos.
Un último punto propuesto en la iniciativa, es el de la seguridad jurídica y la apuesta por contratos a largo plazo, donde se regulen los contratos de inversión estratégica con una duración de entre cuatro y 40 años, otorgando certidumbre a los inversionistas sobre los niveles de desempeño y la distribución de riesgos.
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